Ensayo de México

México, Siglo XXI
México, Siglo XXI 1
1.- Antecedentes históricos 1
Demografía 9
Recursos Naturales 9
EXPLOTACION 10
México en la Explotación 11
SEMARNAT 12
Moneda de México 12
Moneda oficial: 12
Cambio de moneda extranjera: 12
Régimen de gobierno 12
Tratados comerciales firmados por México 13
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 14
Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica. 14
Tratado de Libre Comercio de México-Bolivia 15
Tratado de Libre Comercio de Grupo de los Tres (G-3) 15
Tratado de Libre Comercio de México-Nicaragua 17
Tratado de Libre Comercio de México-Chile 18
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) 18
Tratado de Libre Comercio de México-Israel 19
Tratado de Libre Comercio de México-Triángulo del Norte 20
Tratado de Libre Comercio de México-Asociación Europea de Libre Comercio. 20
Tratado de Libre Comercio de México-Uruguay 21
Acuerdo de Asociación Económica México-Japón 22
PROBLEMAS POLITICOS 29
Problemas Sociales 31
Problemas culturales 32
PROBLEMAS ECONÓMICOS 32
Falta de infraestructura de transporte y comunicaciones 33
Problemas educativos 33
1.- Antecedentes históricos
Durante la etapa prehispánica, el comercio fue una institución fundamental en Mesoamérica. Ante todo, sirvió para que zonas ecológicamente diversas complementaran sus productos por medio del intercambio. La posesión de bienes escasos o foráneos obtenidos a través del comercio fué un factor importante en la constitución de las clases sociales superiores .El antecedente de comercio formal más antiguo lo encontraremos en la cultura olmeca.
Posteriormente en Mesoamérica existieron dos modalidades distintas en el intercambio.
La primera modalidad, el intercambio de mercado, se caracterizó por la circulación de bienes de consumo y porque los productores actuaban a la vez como vendedores. El mercado prehispánico era semejante a los actuales mercados indígenas, por lo común estaba cuidadosamente organizado y tenía un lugar fijo en cada localidad. Se designaban autoridades en cada mercado, que debían vigilar el orden, regular los precios de acuerdo con lo aceptado comúnmente y constituir tribunales especiales en caso de que se infringieran las reglas internas.
La otra modalidad de intercambio fue la de larga distancia. Fue practicada principalmente por mercaderes profesionales en el Altiplano Central y el área maya y en menor escala en otras zonas menos estudiadas. Se caracterizó porque en ella predominaron los bienes suntuarios. Debido a que los cargadores o tamemes eran el medio de transporte principal, sólo podían acarrear entre 25 y 35 kilogramos de carga diariamente. Sólo en las zonas costeras o con extensas redes fluviales fue posible emplear el eficiente transporte por canoas.
Rutas Comerciales.
Los mercaderes siguieron rutas bien establecidas en sus viajes. Debían pasar por territorios propios o neutrales para no ser atacados y fue común que los estados poderosos extendieran sus dominios, protegiendo así a sus comerciantes.

Nos transportaremos de la época prehispánica hasta la década de los 60´s cuando El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. En 1967, se firmó en la capital de la República, bajo su auspicio, el denominado Tratado de Tlatelolco, del que habría de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina (OPANAL). Fue iniciativa suya la construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas en las Truchas y puso especial interés en la ampliación de la infraestructura hidráulica llegando a construir 107 presas. Díaz Ordaz emprendió la obra del metro en la ciudad de México. Gustavo Díaz Ordaz otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó una nueva Ley del Trabajo teniente a mejorar la situación laboral de los obreros. Su obra gubernamental fue opacada por su intervención contra el Movimiento Estudiantil 1968, que culminó con la sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el dos de octubre. Durante su gestión se organizó en México la Olimpiada de 1968.
En sucesión de Díaz Ordaz, Luis Echeverría tomo el cargo el 1º. de diciembre de 1970.Durante su mandato, Luis Echeverría intentó desarrollar una política progresista, planteó las bases de una apertura democrática y alentó la crítica informativa y de prensa. Aumentó el ritmo de la investigación pública, creó la producción de petróleo, energía y la electricidad
.Fue construida la red de carreteras, aeropuertos y se crearon los puertos de navegación de altura: Puerto Madero en Chíapas y Lázaro Cárdenas en Michoacán.
Así también creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) e instituyó, en 1975, las secretarías de Turismo y de Reforma Agraria, asi como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió 16 millones de tierras a los campesinos, lo que provocó animadversión de los grupos conservadores mexicanos y extranjeros.

Llevó a la práctica una activa política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. En 1974, a propuesta de México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Carta de los derechos y deberes económicos de los estados, complementaria de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en 1975 participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), organismo regional destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países de la región.

Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba el país y provocada por la escasez de petróleo. Ante ello disminuyó la inversión privada, el gasto público aumentó de forma considerable, emitiendo papel moneda sin valor y la deuda externa aumentó de 6,000 millones de dólares que había heredado Díaz Ordaz a más de 20,000 millones.

Compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de $ 12.50 por dólar, al final de su sexenio llegó a los 20 por dólar.
Continuando con los sexenios, el siguiente presidente fue José López Portillo (1976-1982) el cual recibió al país en una situación difícil ya que apenas unos días antes el presidente Echeverría había realizado una de las devaluaciones monetarias más severas que el país hubiese vivido hasta esas fechas.

El PIB per cápita cayó 2.5 %: el déficit de las finanzas públicas alcanzaba un impresionante 9.1 del PIB y, por consiguiente la inflación se situaba en un nunca visto 27.2 %.La deuda externa total al 30 de junio de 1977 era de 20,948 millones de dólares, o sea más de cuatro veces la que existía al fin del período de Díaz Ordaz.

Cuando López Portillo tomó posesión y ante un México decaído, pronunció un discurso que se ganó el apoyo del país entero:" Hagamos una tregua inteligente para recuperar nuestra serenidad y no perder el rumbo... podemos hacer de nuestra patria un infierno, o un país donde la vida sea buena.

Anunció además que los dos primeros años de su gobierno se dedicarían a superar la crisis, los dos intermedios a consolidar la economía y los dos últimos serían de expansión acelerada.

Dentro de su gobierno hubo logros y aciertos, aunados a situaciones que fueron determinantes para el desarrollo del país, como por ejemplo cuando los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo brindado a Israel. Esto provocó que México se convirtiera en el 1er exportador de crudo, lo que logro que el PIB se elevara a 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. "Quiero administrar la abundancia", fue el lema que Portillo adoptó.

Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche, lo que permitió a López Portillo la reactivación de la economía nacional. Promovió la denominada Alianza para la Producción, promulgó una ley de amnistía política, y en el campo internacional, restableció las relaciones diplomáticas con España.
Recibe al presidente norteamericano Carter, pero rompe relaciones con Somoza y apoya a los rebeldes sandinistas para enfrentar indirectamente a los Estados Unidos en la región.
Convocó una importante reunión Norte-Sur y propuso en la Organización de Naciones Unidas un Plan Mundial de Recursos Energéticos.
Buena porción del crecimiento durante el periodo de López Portillo fue ficticio porque la mayoría de las industrias paraestatales produjeron a costos desmesuradamente altos, que las obligaba a operar en números rojos y a no ser competitivas ni siquiera en el mercado interno, a no ser porque el erario público cubría sus pérdidas a través de generosos subsidios.

La abundancia es buena pero cuando se sabe administrar, López Portillo nunca reconoció la liga causa-efecto entre el gasto deficitario y la inflación. Tomó decisiones arbitrarias y financieramente inadecuadas, que detonaron la crisis más severa en la historia de México desde la Revolución.

La sobreoferta de los países productores y el ahorro de energía de los países consumidores provocaron, a partir de junio de 1981, el desplome de los precios del petróleo que arrastró en su caída a la economía nacional petrolizada.

Los préstamos poco responsables, que sumados a la falta de visión y a una corrupción galopante en el gobierno federal, terminaron no sólo por reducir a cero los beneficios del petróleo sino a multiplicar la deuda externa y a devaluar en más de un 400 % el valor de nuestra moneda.

Todavía está presente en la mente de muchos mexicanos aquella frase pronunciada un 17 de agosto de 1981 por el ex mandatario: "Defenderé el peso como un perro" pero de nada sirvió ese entusiasmo ya que a las pocas semanas, el 17 de febrero de 1982, se retiró el Banco de México del mercado de cambios, el gobierno se vio forzado a declararse en moratoria de pagos y tuvo que devaluar de 22 a 70 pesos por dólar.

Para minimizar un poco los efectos de la devaluación, el gobierno emprendió una disminución del gasto público, impuso más controles a la importación, subió los precios y tarifas públicas y elevó las tasas de interés; decretó un alza general de sueldos y salarios del 10, 20 y 30 % que elevó los costos de producción, se compraron dólares y los acreedores del gobierno dejaron de renovar sus créditos.
Desesperadamente el gobierno pagó en pesos los depósitos en dólares hechos por mexicanos en la banca nacional, para no enviar sus ahorros al extranjero; se cerró la venta de dólares por cuatro días y, finalmente decidió la estatización de la banca y el establecimiento del control de cambios. El Banco de México fue convertido en un organismo público descentralizado.
Tristemente el 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, López Portillo tuvo que encarar a la nación para anunciar al país la crisis por la que estaba pasando. Consecuentemente dejó la presidencia el 1 de diciembre de 1982, eligiendo como sucesor a Miguel de la Madrid Hurtado.
De la Madrid llega al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca tres meses antes de salir del poder tras dos sexenios de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió a un promedio de 100% cada año, el empleo informal creció a 20% entre 1983 y 1985 y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales, el crecimiento del PIB fue erróneo con altibajas y disminuyó el poder adquisitivo.

Ante tal situación De la Madrid, reorganizó el Plan Global de Desarrollo, bajo el cual se desarrolló el gobierno de López Portillo; estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática y más importante, inició con la apertura económica, la desregulación y descentralización así como la privatización de empresas estatales; algo que seguiría bajo su sucesor.

Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1155 a 413. Ante la severa crisis económica (donde se alcanzó el 3,100 por ciento de devaluación del peso) se establecieron los Pactos de Crecimiento Económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores/distribuidores se comprometían a no aumentarlos.

En Enero de 1986, tras aproximadamente 3 años de negociaciones, México logra ser admitido al GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración.

Se renegoció la deuda externa aplicando un plan de austeridad en el gasto, conjuntamente emprendió la renovación moral de la sociedad y realizó la campaña anticorrupción en los cargos públicos.

Tras ganar las elecciones presidenciales, Salinas tuvo que enfrentarse con enormes problemas, pero gracias a un ambicioso programa de Modernización, logró revitalizar la economía de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica.

Durante 1991 y 1992, a través de una seria de discursos, Salinas puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría más como un instrumento de control social que como una solución efectiva a los problemas del agro mexicano.

Tomó la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. Luego de intensos debates que cimbraron la estructura del PRI, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 1991 y por el Senado el 12 de diciembre del mismo año. La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día siguiente.

Otro legado del gobierno salinista fue la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica. Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II en su condición de jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, durante la visita que el pontífice hizo al estado de Yucatán en 1993.

Uno de sus primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Este programa fue encabezado por Carlos Rojas Gutiérrez, entonces subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, siendo titular Patricio Chirinos Calero y fue en gran medida administrado por el secretario de Programación y Presupuesto Ernesto Zedillo. Posteriormente en enero de 1992, pasó a formar parte de la recién creada Secretaría de Desarrollo Social, con Luis Donaldo Colosio, como titular.

Con algunas importantes modificaciones y con el nombre de Progresa durante el sexenio de Zedillo y Oportunidades, durante el sexenio de Fox, estos programas han seguido constituyendo el tronco principal de la política social del gobierno federal en México.

Otros eventos destacable durante el mandato de Salinas de Gortari, fue la venta de Telmex, la privatización de la banca y la firma del TLC.
La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública, en el que participaron varios grupos extranjeros ofreciendo cantidades mayores para la compra, sin embargo uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador. Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México.
La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios, que permitieron que hasta un 33 por ciento del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas.

En este proceso 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital por que se promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros.

El TLC (Tratado de Libre Comercio)se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC) fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y por el Primer Ministro canadiense, Brian Mulroney. Este acuerdo entró en vigor en enero de 1994, tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los tres países firmantes.

Luego de tomar el cargo como presidente de la República, Zedillo se enfrentó al legado se Salinas, una crisis financiera inmediata, la más severa de la década con repercusiones internacionales. Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas, la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas, además por si fuera poco; un nuevo movimiento revolucionario, el de los zapatistas, surgido en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994 y que durante los meses finales de la presidencia de Salinas de Gortari, comienza a desequilibrar la paz social.
Para salir a flote de la situación, el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna.
Mientras culminaban las operaciones para que el Fobaproa absorbiera la cartera vencida a los bancos, el gobierno federal recurrió a la creación del Procapte, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Además la administración de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión (Udis).
Según la propia reglamentación del Fobaproa, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos.
El panorama cambió durante el resto del sexenio de Zedillo, se dio una sorprendente recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana.
Llegan las elecciones en el año 2000 y ante un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fox es elegido como Presidente de le República con casi el 42,5% de los votos, lo cual es suficiente en la legislación electoral mexicana para declarar a un candidato ganador.
Sin embargo no todo era regocijo, ya que Vicente Fox también se convirtió en el primer presidente de la historia moderna de México en no contar con la mayoría absoluta de las cámaras de diputados ni de senadores, razón que le impidió impulsar la aprobación las tres reformas más importantes que había planteado para su mandato: la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma laboral. Esto por no obtener apoyo de la mayoría de los diputados en el congreso.

Promovió una reforma fiscal que contemplaba gravar con el impuesto al valor agregado el consumo de alimentos, medicinas, colegiaturas de escuelas privadas, libros y revistas, (entre otros) pero la reforma fue rechazada.
En cuanto a su desempeño en política exterior, se crítica muy poco efectivo, primero porque las relaciones con EEUU llegaron a un momento de tensión debido a que el Gobierno de Vicente Fox manifestó su rechazo de manera oficial en el consejo de seguridad en la ONU a la guerra de Irak , precisamente en los momentos cuando se buscaba el apoyo del presidente Bush para la aprobación de un acuerdo migratorio.

Luego hubo serias confrontaciones con países latinoamericanos particularmente con Cuba, Venezuela y miembros del Mercosur, que en lugar de consolidar ese liderazgo, aislaron y debilitaron a México en su política exterior, llegando al punto de que Fox fue considerado personero del presidente estadounidense George W. Bush.

En noviembre de 2005, Fox criticó junto con Alejandro Toledo de Perú a miembros del Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay), que junto con Venezuela no estaban de acuerdo en crear el ALCA, debido a que había aspectos que no les beneficiaban (particularmente los subsidios agrícolas en Estados Unidos). Esto nuevamente ocasionó un enfrentamiento.

El alejamiento pues de México con América Latina también se ha puesto en evidencia tras diversos desencuentros con otros países de la región, como es el caso de Brasil, con quién se tenía firmado un acuerdo de amistad y cooperación que incluía la dispensa reciproca de visas. El acuerdo finalmente fue roto unilateralmente, por el gobierno de Vicente Fox en el 2005 y se pasó a exigir visas a ciudadanos de este país y de Ecuador.

Recién inició su mandato, Vicente Fox tuvo pláticas con EEUU para lograr una reforma migratoria, sin embargo los ataques terroristas del 11 de Septiembre congelaron toda posibilidad de llegar a un acuerdo. Perseverando a lo largo de su sexenio, Vicente Fox siguió en la busqueda de una reforma migratoria de los EU, la cual nunca llegó, debido a la oposición de diversos grupos en el congreso y senado norteamericano. Posteriormente no solo el gobierno americano se oponía a dicha medida, sin que además planeo construir y reforzar el muro fronterizo con México a lo cual Vicente Fox mostró su rechazo inmediatamente de manera personal y por la vía diplomática.

A pasar de todo, Fox logró ciertos derechos y apoyos para los mexicanos en los Estados Unidos como la expedición de la Matricula Consular, la cual es aceptada por diversos bancos y gobiernos estatales como identificación válida, logró también una disminución en las tarifas telefónicas desde EEUU hacia México, la disminución del costo del envío de remesas por los migrantes y apoyó a una reforma en el IFE para lograr el voto de los mexicanos en el extranjero, que fue puesta en marcha en las pasadas elecciones del 2 de Julio del 2006.

En el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas.

Vale la pena destacar también, las acciones tomadas a finales del 2005, cuando el presidente Fox declaró y puso en marcha un plan de ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos que se implementará en marzo de 2006, así como la de aumentar la capacidad de asistencia en los servicios de salud a personas sin seguridad social, introduciendo el llamado Seguro Popular. Una medida que sin duda ha beneficiado a millones de mexicanos.

Por otro lado no hay que olvidar que durante el sexenio foxista, miles de mexicanos se beneficiaron al tener la posibilidad de contar con una vivienda y que por otro lado hubo una apertura mayor al derecho de expresión.
Producto Interno Bruto (PIB): $1.353 billones (2007 est.)
Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado.
El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen en los Estados Unidos.
Esta es la medida que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países.
La medida es difícil de calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país, independientemente de si estos bienes y servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos (por ejemplo, el valor de un buey de carreta o equipo militar no existente en los Estados Unidos).
Como resultado, estimaciones PPA para algunos países se basan en una canasta pequeña de bienes y servicios. Además, muchos países no participan formalmente en el proyecto PPA del Banco Mundial que calcula estas medidas, por lo que el resultado de las estimaciones del PIB de estos países puede carecer de precisión.
Para muchos países en desarrollo, las estimaciones del PIB basados en PPA son múltiples del PIB al tipo de cambio oficial (PIB TCO). La diferencia entre los valores del PIB TCO y los valores del PIB PPA es mucho más pequeña para la mayoría de los países ricos industrializados.

Demografía
La población mexicana pasó de 13,6 a 97,5 millones de habitantes al crecer a tasas en torno al 3% anual entre 1940 y 1980.
Este ritmo de crecimiento, generalizado en los países en desarrollo en ese periodo, fue calificado de explosión demográfica y motivó la adopción de una política de control de la natalidad a partir de los años setenta.
Aunque esta tendencia se ha reducido y la tasa promedio de crecimiento anual de los últimos años ha sido menor al 1,50%, la transición demográfica aún está en progreso, y México cuenta con una gran cohorte de jóvenes.
La ciudad más poblada del país es la capital, la Ciudad de México, con una población de 8,7 millones de habitantes (2005), y el área metropolitana de la ciudad es la más poblada del país con 19,9 millones de habitantes (2005). Aproximadamente el 50% de la población vive en una de las 55 áreas metropolitanas de México.



Recursos Naturales
Los recursos naturales de México son excepcionalmente ricos, tanto en flora como en fauna; México es catalogado como un país entre los de más alta diversidad biológica. Sin embargo, las exploraciones intensivas de los recursos naturales cubriendo todo el territorio nacional aún están en proceso. A pesar de que recientemente se ha intensificado el interés por completar el inventario biológico nacional, existen aún regiones de nuestro país cuyo conocimiento de los recursos naturales es aún muy pobre. En el caso de los mamíferos y las aves, la tasa de vertebrados tal vez mejor estudiados en el país, los años recientes han visto la aparición de listados comentados de regiones naturales o geopolíticas, que contribuyen de diversa manera en la detección de sitios o tasa prioritarios para conservación, y en el uso sustentable de dichos recursos.
En el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias (UNAM), se ha desarrollado desde 1982 trabajo de campo con el objeto de complementar la información existente sobre los vertebrados del estado.
EXPLOTACION
Artículo 27.-
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularan la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas.
El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas.
Las declaratorias correspondientes se harán por el ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevara a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la nación aprovechara los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Prácticamente, todas las actividades económicas productivas están basadas en el uso de algún recurso natural. De manera directa o indirecta, los recursos naturales del suelo, agua y aire, especies animales y vegetales, tanto acuáticas como terrestres, son así utilizados y consumidos.
La forma en que se consumen en relación a las existencias y la generación de los mismos, ha hecho que estos recursos se dividan en recursos naturales renovables y no renovables.
Recursos naturales renovables son aquellos que pueden generarse por sí mismos.
Los recursos naturales renovables están vinculados con la agricultura, ganadería, selvicultura, pesca y, prácticamente, con toda la producción industrial, ya que ésta consume, por ejemplo, grandes cantidades de agua como materia prima o como elemento importante para el enfriamiento de motores u otros usos mecánicos e hidráulicos. Lo mismo sucede con el aire, pues la industria consume fuertes cantidades de combustible fósil su operación y con ello lo expulsa considerables cantidades de substancias tóxicas.
Los recursos naturales no renovables son aquellas que no tiene posibilidades de auto generarse, por lo que su aprovechamiento es en sí una forma de consumo que tienden a agotarlos.
De la continuidad e intensidad de que se de en su explotación, estos recursos pueden agotarse en plazos cortos o largos. El petróleo, el gas, el carbón y los minerales en general constituyen los principales recursos no renovables y son, a su vez, una importante materia prima para las actividades económicas.

México en la Explotación
De las actividades primarias, la agricultura ocupa un lugar principal en el país, la extraordinaria diversidad de climas, zonas y recursos naturales favorecen la explotación agrícola.
Entre los granos básicos cultivados con mayor éxito en México durante la década de 1990 destacaban el maíz, el trigo y sorgo, extendiéndose por toda la República, con mayores índices productivos en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Puebla; el frijol había perdido terreno y el cultivo de arroz era mínimo, en cambio el algodón y el cártamo destacaban en la producción, incluso por encima de la soya.
En cuanto a la producción ganadera, hacia 1995 existían 2 millones de cabezas de ganado porcino, 1.4 millones de ganado bovino, 500,000 de caprino y 420,000 de ovino. El país produjo 3, 685,344 toneladas de carne y 1, 241,987 toneladas de huevo. Sobresalen Jalisco, Guanajuato y el Estado de México.
Además de las actividades agropecuarias, el sector primario incluye las relacionadas con la silvicultura (explotación forestal de productos maderables y de recolección) y la pesca.
El sector industrial es el motor económico del país, lo conforman las actividades extractivas: minería y extracción de petróleo y gas, de la construcción, la industria eléctrica y las actividades de transformación o manufactureras.
La minería mexicana comprende la explotación de metales preciosos, metales industriales, minerales metálicos y no metálicos, y metales obtenidos como subproductos. La producción minera estaba tradicionalmente dedicada a la plata y el oro, pero ha ido cambiando, desarrollándose la de metales industriales, hasta convertir al país en un importante productor de plomo y zinc.
La industria petrolera comprende las actividades de exploración, explotación, extracción, refinación, transporte, almacenamiento y distribución y venta de petróleo. Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa paraestatal que realiza estas tareas en México. La economía mexicana depende de los ingresos, cada vez menores del petróleo.
Séptimo lugar mundial en la captación de turistas internacionales, México tiene en la llamada “industria sin chimeneas” el tercer generador de divisas para el país, después de la exportación de petróleo y de manufacturas.

SEMARNAT
Luchar por incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), es un órgano desconcentrado de cobertura nacional. Para el cumplimiento de sus atribuciones, retoma las líneas de la nueva política ambiental planteada por la Semarnat, a la que se integran en forma conjunta las interrelaciones existentes entre agua, aire, suelo, recursos forestales y componentes de la diversidad biológica, con los aspectos sociales y económicos de las poblaciones presentes en las regiones prioritarias para la conservación.

Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN)
Indicadores básicos del desempeño ambiental en México
México, al igual que muchos países del mundo, enfrenta el deterioro y la pérdida de su valioso capital natural. Su población cada vez más numerosa ha impuesto, en las últimas décadas, un mayor ritmo e intensidad a la explotación de los recursos naturales, lo que ha llevado, inevitablemente, a la degradación de los ecosistemas naturales y al crecimiento de los volúmenes de residuos que se emiten al aire y se depositan en la tierra y las aguas nacionales. Ante esta situación, para el gobierno federal resulta impostergable la necesidad de tomar acciones encaminadas a detener y revertir la degradación de los ecosistemas y explotar racionalmente los recursos naturales.

Moneda de México
Moneda oficial:
El peso mexicano (M$):1 peso=100 centavos.
En todas las ciudades con afluencia de turistas se acepta sin problemas el dólar estadounidense, la divisa extranjera preferida. Otras como el euro se admiten en ciertos lugares como aeropuertos, bancos o "casas de cambio".
Cambio de moneda extranjera:
En las ciudades puede cambiarse dinero en las "Casas de Cambio" (rápidas, eficaces, y abiertas casi todo el día).

Régimen de gobierno
Los Estados Unidos Mexicanos son una república representativa, democrática y federal cuyo gobierno está basado en un sistema presidencial o congresual en el que el presidente de México es tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno, en un sistema pluripartidista. El gobierno federal representa a los Estados Unidos Mexicanos y está dividido en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 1917. Los estados constituyentes de la federación también deben tener una forma republicana de gobierno basada en un sistema congresual de acuerdo a lo establecido por sus respectivas constituciones.
El poder ejecutivo es independiente del legislativo y es dirigido por el Presidente, aconsejado por el gabinete de ministros, a los cuales se les llama oficialmente secretarios de Estado. El poder legislativo recae en el Congreso de la Unión, un cuerpo legislativo bicameral compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El poder judicial recae sobre la judicatura, conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, y los tribunales colegiales, unitarios y de distrito.
Claramente en el código electoral de México, establece que solo los partidos políticos pueden presentar el registro de las candidaturas a nivel municipal, estatal y federal; excluyendo por completo las candidaturas ciudadanas independientes; aunado a que no existen representantes de distritos o barrios municipales electos por votación.
En la política de México tres han sido los partidos políticos dominantes: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), El primero, el más antiguo de los 3 ya que fue fundado en el año de 1939. El último que fue fundado en 1946 y que fue derivado del Partido de la Revolución Mexicana es el que estuvo en el poder durante la mayor parte del siglo XX.
México juega un papel importante en el comercio internacional. En 2009 se ubicó como el 10º país exportador e importador a nivel mundial, con el 2.4% y el 2.5% del total de exportaciones e importaciones mundiales, respectivamente.

Tratados comerciales firmados por México
México juega un papel importante en el comercio internacional. En 2009 se ubicó como el 10º país exportador e importador a nivel mundial, con el 2.4% y el 2.5% del total de exportaciones e importaciones mundiales, respectivamente.
México tiene firmado 12 tratados comerciales y un Acuerdo de Asociación Económica con Japón.
Dentro de la política de apertura comercial que ha venido implementando el gobierno mexicano, se le da gran importancia a promover la suscripción de acuerdos comerciales con otros países colocando a nuestro país como uno de los países con mas acuerdos con otros países del mundo.
Las negociaciones comerciales internacionales de México, se han convertido en la base de todas las importaciones y exportaciones del país.
En general todos los acuerdos y tratados suscritos por México, tienen como objetivo intensificar las relaciones económicas y comerciales; aumentar y diversificar el comercio; coordinar y complementar actividades económicas, en especial en las áreas productivas de bienes y servicios; estimular las inversiones, facilitar la creación y funcionamiento de empresas bilaterales e intensificar la integración entre los países.
Hasta la fecha, y en su deseo por diversificar sus mercados, México ha negociado diversos Tratados y Acuerdos Comerciales con otros países como son ejemplos de ellos : Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica. Bolivia, Colombia, Venezuela y Nicaragua. Asimismo, las negociaciones para firmar un Tratado con la Unión Europea.
Además, se está tratando de ampliar y diversificar los mercados de exportación, mediante las negociaciones y tratados de libre comercio con países de Centro y Sudamérica (como con Belice y el Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras), al tiempo que busca negociar un nuevo acuerdo con los países miembros del Mercosur. (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Con estos últimos se está negociando un acuerdo transitorio que sustituya los acuerdos comerciales bilaterales vigentes, suscritos al amparo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y que en el futuro servirá para una negociación más amplia.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Países que lo conforman: México, Estados Unidos y Canadá
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 20 de Diciembre de 1995
Entrada en Vigor: 1 de Enero de 1995.
El TLCAN es un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los tres países, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar a otro país; el establecimiento de normas que deben de ser respetadas por los productores de los tres países y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir.
El TLCAN tiene los siguientes objetivos:
Integrar una región en donde el comercio de bienes y servicios y las corrientes de inversión sea más intenso, expedito y ordenado para beneficio de los consumidores e inversionistas de la región.
Eliminar barreras al comercio de bienes y servicios y auspiciar condiciones para una competencia justa.
Incrementar las oportunidades de inversión.
Proteger la propiedad intelectual.
Establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias.
Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral

Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica.
Países: México y Costa Rica
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 10 de Enero de 1995.
Entrada en Vigor: 1 de Enero de 1995.
El tratado con Costa Rica establece normas transparentes, promueve el comercio de bienes y servicios, facilita el desarrollo de inversiones y atiende las relaciones con una región estratégica para México, reconociendo los sectores sensibles de cada país.
El calendario de desgravación pactado en este tratado establece que el 70% de las exportaciones mexicanas no agropecuarias a Costa Rica quedaron exentas de aranceles a partir de su entrada en vigor; 20% concluirá su desgravación el 1 de enero de 1999; y el 10% restante el 1 de enero del año 2004.
En los primeros ocho años de operación del tratado de libre comercio México - Costa Rica, de acuerdo a cifras del Banco de México menciona que el intercambio de bienes se ha multiplicado por cinco al sumar 760 millones de dólares en 2002, registrando una tasa promedio anual de crecimiento de 25 por ciento, el más alto entre nuestros socios comerciales con los que en ese periodo teníamos tratados de libre comercio.
Las exportaciones de México a Costa Rica sumaron 344 millones de dólares, 2 por ciento más que en 2001.
Las importaciones mexicanas de ese país sumaron 416 millones de dólares, 126 por ciento superior a las registradas en el 2001.
El 4 de julio de 2001 se llevó a cabo la IV. Reunión de la Comisión Administradora del Tratado, en dicha reunión se destacó el crecimiento del comercio y la inversión, en materia de inversiones se resaltó que Costa Rica es el principal inversionista centroamericano en México con 9.2 millones de dólares en el periodo 1994-2000. Adicionalmente, se revisaron asuntos de implementación e interés comercial entre las Partes. Con el fin de facilitar el aprovechamiento de las oportunidades del Tratado e impulsar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los países integrantes del TLC, los representantes de la Comisión Administradora acordaron un plan de trabajo que arrancó el 21 de septiembre de 2001, con la realización de un seminario sobre Oportunidades Comerciales del TLC, al cual asistieron alrededor de 300 empresarios de ambos países.

Tratado de Libre Comercio de México-Bolivia
Países: México y Bolivia
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 11 de Enero de 1995.
Entrada en Vigor: 1 de Enero de 1995.
Este tratado establece una rápida apertura en el comercio de bienes. A partir de su entrada en vigor, quedaron exentas de arancel el 97% de las exportaciones mexicanas a ese país y el 99% de las exportaciones bolivianas a México.
Desde que entró en vigor del TLC México – Bolivia, en 1995, el comercio bilateral ha aumentado 35 por ciento en sus primeros ocho años de operación según el Banco de México. En el 2002, el intercambio comercial alcanzó 44 millones de dólares, 14 por ciento superior al comparado con el 2001. Esta cifra es modesta, pero representa una gran área de oportunidad para los empresarios mexicanos que deseen incursionar en este mercado sudamericano.

Tratado de Libre Comercio de Grupo de los Tres (G-3)
Países: Colombia, Venezuela, México
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 11 de Junio de 1995.
Entrada en Vigor: 1 de Enero de 1995.
El tratado busca un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a través de la eliminación gradual de aranceles, reconociendo los sectores sensibles de cada país. Establece disciplinas para asegurar que la aplicación de las medidas internas de protección a la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del consumidor, no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. Igualmente fija disciplinas para evitar las prácticas desleales de comercio y contiene un mecanismo ágil para la solución de las controversias que puedan suscitarse en la relación comercial entre los países.
Intercambio comercial México – Venezuela (cifras Banco de México)
En 2002, el comercio México-Venezuela sumó 1,119 millones de dólares, 7 por ciento menos que en 2001 y 137 por ciento más que en 1994, año previo a la entrada en vigor del tratado de libre comercio.
Las exportaciones de productos mexicanos a Venezuela sumaron 586 millones de dólares, 16 por ciento menos que en el mismo periodo de 2001.
Nuestras compras de productos venezolanos superaron 532 millones de dólares, 6 por ciento más que en el mismo periodo de 2001.
Intercambio comercial México – Colombia (cifras Banco de México)
En 2002, el comercio con Colombia sumó más de 908 millones de dólares, 7 por ciento más que en 2001 y 113 por ciento más que en 1994.
Las exportaciones de México a Colombia sumaron 556 millones de dólares, 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
Las importaciones mexicanas de bienes colombianos sumaron 352 millones de dólares, 2 por ciento más que en el mismo periodo de 2001.
El día 28 de septiembre del 2001, se llevó a cabo en la ciudad de México, la IV Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (TLC-G3), dicha reunión fue presidida, por la Ministra de Comercio Exterior de Colombia, Marta Lucía Ramírez de Rincón, la Ministra de la Producción y el Comercio de Venezuela, Luisa Romero Bermúdez, y el Secretario de Economía de México, Luis Ernesto Derbez.
Los Ministros, destacaron los beneficios que representan los encuentros empresariales como los llevados a cabo los días 27 y 28 de septiembre de 2001 en México, en los cuales participaron alrededor de 250 empresas de los tres países, ya que estos eventos promueven las exportaciones, y con ello la generación de empleos en cada uno de los países, así mismo, se pronunciaron por la continuación de este tipo de eventos.
Los tres Ministros realizaron un recuento de los acuerdos de los presidentes en la reunión cumbre del mes de abril de 2001 y reiteraron su compromiso de continuar realizando las acciones necesarias para darles cumplimiento a corto y largo plazo. En este sentido, resaltaron el ofrecimiento de México para que las PYMES de Colombia y Venezuela hagan uso de unas bodegas, con la finalidad de facilitar la distribución y comercialización de sus productos de exportación en las distintas regiones del país, lo anterior como la finalidad de promover en cada país centros de acopio que sirvan para propiciar una mayor participación de las PYMES en la complementación económica trilateral, ya que este sector es el que mayor difusión de los beneficios de los tratados realiza y también es el mayor generador de empleos.
Cabe destacar algunos de los acuerdos de los Ministros durante la reunión, referentes a la puesta en marcha de la 2ª aceleración en la desgravación entre México y Venezuela, la adhesión de Venezuela al protocolo de servicios financieros entre México y Colombia, el retiro de la reserva de Colombia en materia de expropiación a la inversión, así como los acuerdos a los que llegaron México y Colombia para llevar a cabo la 1ª aceleración en la desgravación arancelaria.
Tratado de Libre Comercio de México-Nicaragua
Países: México y Nicaragua
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 1 de Julio de 1998
Entrada en Vigor: 1 de Julio de 1998.
Es segundo tratado de libre comercio de México con un país de Centroamérica. A partir de esa fecha, el 45% de las exportaciones de México a Nicaragua quedaron libres de aranceles y el 77% de las exportaciones nicaragüenses a México fueron liberadas de inmediato.
El Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua representa un paso más en el fortalecimiento de la integración entre México y Centroamérica. Es un instrumento moderno que otorga transparencia y certidumbre a los agentes económicos de ambos países, toda vez que contiene no sólo compromisos de desgravación arancelaria y reglas para el desarrollo del comercio y el fomento de los flujos de la inversión, sino también disciplinas en materia de propiedad intelectual, servicios y compras gubernamentales, así como un mecanismo de solución de controversias.
Desde que entró en vigor del TLC México – Nicaragua, en 1998, el comercio bilateral ha aumentado 66 por ciento en sus primeros cuatro años de operación según Banco de México.
Las exportaciones de México a Nicaragua sumaron 91 millones de dólares, 1 por ciento menos que en el 2001.
Las importaciones mexicanas de ese país sumaron 27 millones de dólares, 14 por ciento menos que en 2001.
El día 5 de julio en la ciudad de Managua, se llevó acabo la I Reunión de la Comisión administradora del TLC, en dicha reunión se destacó la creación del Comité de Compras del Sector Público, el cual facilitará los trabajos tendientes a la implementación de este capítulo del TLC, adicionalmente se informó sobre la superación de algunos asuntos delicados cómo: el comercio de carne y ganado en pie y la realización de las reuniones de los Comité de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Comité de Bienes Agropecuarios realizadas el 2 y 3 de abril, respectivamente en la que se destacó el libre acceso del frijol nicaragüense a México y otros temas de interés de ambos países. Con el fin de facilitar el aprovechamiento de las oportunidades del Tratado e impulsar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los países integrantes del TLC, los representantes de la Comisión Administradora acordaron un plan de trabajo que arrancó el 20 de septiembre del 2001, con la organización de un seminario sobre Oportunidades Comerciales para exportadores de Nicaragua en el mercado de México, al cual asistieron alrededor de 100 empresarios de ambos Países.
Tratado de Libre Comercio de México-Chile
Países: México y Chile
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 28 de Julio de 1999
Entrada en Vigor: 1 de Agosto de 1999.
Dicho Tratado sustituye el Acuerdo Complementación Económica México-Chile Nº 17 firmado en el marco de la ALADI, el cual estimuló el comercio entre ambos países y que cubría el 98% del universo arancelario, propiciando una zona de libre comercio con la liberalización total de aranceles y medidas para-arancelarias.
El capítulo de acceso a mercados establece la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias entre las partes. Se establecieron plazos de desgravación que permiten a los sectores productivos de Chile y de México ajustarse a la apertura comercial, cuidando la sensibilidad de los diferentes sectores productivos de los países. Reconociendo la asimetría en las economías, México se abrirá más rápido que Chile, tanto en tasas base como en plazos de desgravación.
Los acuerdos de alcance parcial en gran medida se integran y se consolidan dentro del tratado, lo cual da una mayor certidumbre y permite avanzar en la relación comercial entre los países firmantes.
Las reglas de origen son los requisitos mínimos de fabricación, contenido o elaboración en la región que debe cumplir un producto para poder ser considerado como originario de la región compuesta por Chile y México; es decir, para que el producto tenga derecho a los beneficios del tratado en materia de aranceles aduaneros.
Las reglas de origen negociadas en este acuerdo siguen la misma metodología que los demás tratados negociados en el continente y su propósito es fomentar la utilización de insumos de la región.
El tratado establecerá mecanismos en materia aduanera para que los bienes originarios puedan gozar del trato arancelario preferencial establecido en el tratado, y para verificar el cumplimiento de las reglas de origen.
Como en todos los tratados firmados por México las autoridades aduaneras seguirán las mismas normativas para verificar el país de origen de los productos.

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM)
Países: Alemania Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia.
El primero de Mayo de 2004 se incorporaron diez nuevos miembros a la Unión Europea: Chipre, Eslovenia, Malta, República Checa, Hungría, Polonía, Estonia, Eslovaquia, Letonia y Lituania.
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 2 de junio de 2000.
Entrada en Vigor: 1 de Julio de 2000.
Los Estados de la AELC y México establecen un Área de Libre Comercio de conformidad con las disposiciones de este Tratado.
Los objetivos de este Tratado son:
(a) la liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes, de conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en lo sucesivo “GATT de 1994”);
(b) establecer condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes;
(c) la apertura de los mercados de contratación pública de las Partes;
(d) la liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC ( en adelante “AGCS”);
(e) la liberalización progresiva de la inversión;
(f) asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las normas internacionales más exigentes; y
(g) contribuir de esta manera, mediante la eliminación de barreras al comercio, al desarrollo armónico y a la expansión del comercio mundial.

Tratado de Libre Comercio de México-Israel
Países: México e Israel
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 28 de Junio de 2000
Entrada en Vigor: 1 de julio de 2000.
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, decididos a fortalecer sus relaciones económicas y promover su desarrollo económico; crear un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos en sus territorios; establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial; crear un marco para la promoción de la inversión y cooperación; alentar el desarrollo de su comercio tomando en cuenta las condiciones Favorables de competencia; reafirmar el interés mutuo del Gobierno de Israel y el del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en el cumplimiento del sistema comercial multilateral
Reflejado en la OMC; Establecer una zona de libre comercio entre los dos países a través de la Eliminación de barreras comerciales; crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar los niveles de vida en sus Respectivos territorios; declaran estar preparados para explorar otras posibilidades para ampliar sus relaciones Económicas.

Tratado de Libre Comercio de México-Triángulo del Norte
Países: México , Salvador, Guatemala y Honduras
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 14 de Febrero de 2001.
Entrada en Vigor: 1 de Marzo de 2001 con El Salvador y Guatemala y 1 de Junio de 2001 con Honduras.
El comercio total de México con los países del Triángulo del Norte durante los últimos 8 años mostró un crecimiento importante de 123%, alcanzando en el 2002 más de 1,166 millones de dólares.
El 6 de julio de 2001 se llevó a cabo la I Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte, en dicha reunión se destacó la adopción del Reglamento de Operación del Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), segundo instrumento de estas características que se encuentra en operación con Países de América Latina, el cual facilitará los flujos de comercio entre las Partes, Adicionalmente se adoptaron decisiones mediante las cuales se fijan los montos para los cupos otorgados por México a Guatemala y El Salvador en materia textil y del vestido. Con el fin de facilitar el aprovechamiento de las oportunidades del Tratado e impulsar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los países integrantes del TLC, los representantes de la Comisión Administradora acordaron un plan de trabajo que arrancó los días 17, 18 y 19 de septiembre del 2001, en Guatemala, El Salvador y Honduras, respectivamente con la realización de seminarios sobre Oportunidades Comerciales del TLC a los cuales asistieron alrededor de 300 empresarios en cada seminario.
El Memorándum de Cooperación de Entendimiento sobre Cooperación Técnica en Materia Comercial entre México y el Triángulo del Norte se suscribió el 29 de junio del 2000 e incluyó un Plan de Actividades, que arrancó en el mes de septiembre del mismo año. Mediante este instrumento:
México prestó asistencia técnica para ampliar y fortalecer las capacidades institucionales relacionadas con el comercio exterior, a fin de aplicar y aprovechar plenamente el TLC.
México, Guatemala Honduras y El Salvador promovieron las ventajas que ofrece el TLC, a fin de reforzar las relaciones comerciales y de inversión entre sus integrantes.
México y Guatemala negociaron un nuevo Memorándum de Cooperación Técnica en materia comercial el cual fue firmado por el Ministro de Economía de Guatemala, El Secretario de Economía de México y el Director General de Bancomext, en el marco de la Visita de Estado del Presidente de Guatemala a México en el mes de febrero del 2002.

Tratado de Libre Comercio de México-Asociación Europea de Libre Comercio.

Países: México, Republica de Islandia, el Reino de Noruega, el Principado de Liechtenstein y la Confederación Suiza.
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 29 de Junio de 2001.
Entrada en Vigor: 1 de Julio de 2001.
Considerando los importantes lazos existentes entre México y los Estados de la AELC, y reconociendo el deseo común de fortalecerlos, para establecer, de esta forma, relaciones cercanas y duraderas; deseosos de contribuir al desarrollo armónico y la expansión del comercio mundial, así como de proveer un catalizador para una cooperación internacional y transatlántica más amplia; decididos a crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios en sus territorios; resueltos a asegurar un ambiente seguro y estable para la inversión; con la intención de fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales; con el objetivo de crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios; decididos a que las ventajas del libre comercio no se vean neutralizadas por el establecimiento de barreras privadas, anticompetitivas; deseosos de establecer un área de libre comercio a través de la eliminación de barreras comerciales; convencidos de que este Tratado creará condiciones que alentarán las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ellas; desarrollando sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo “la OMC”) y otros instrumentos multilaterales y bilaterales de cooperación; resueltos a fomentar la protección y conservación del ambiente, y a promover el desarrollo sustentable; han acordado , en búsqueda de lo mencionado anteriormente, concluir este Tratado de Libre Comercio.

Tratado de Libre Comercio de México-Uruguay

Países: México y Uruguay
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 14 de Julio de 2004.
Entrada en Vigor: 15 de julio de 2004.
El Tratado en análisis implica para Uruguay varios logros significativos:
•Permite estar preparado metodológicamente para futuras negociaciones (bilaterales o multilaterales) que mantengan la misma estructura planteada en este caso.
•Habilita un acceso sustancial al mercado en todos los sectores de servicios, con excepción de aquellos considerados “sensibles” que quedarán exceptuados del régimen general. Para ello ambos países acordaron establecer 4 anexos (comunes con el capítulo de Inversiones), que recogen entre otros temas reservas y excepciones, exenciones a la cláusula de la Nación Más Favorecida y actividades reservadas al Estado.
•En cuanto a la entrada temporal de personas de negocios, constituye uno de los sectores de mayor interés exportador para nuestro país, por lo que tendrá resultados concretos para facilitar el desempeño de los nacionales en diversas actividades de negocios. Un logro particular es la inclusión en este tema de los servicios de consultoría, ya que este sector, en continuo crecimiento, podrá ingresar en mejores condiciones al mercado mexicano. Lo mismo cabe mencionar del acuerdo amplio alcanzado en el área de los servicios profesionales.
Un caso particular está constituido por los Servicios Financieros, los que al igual que el capítulo de Compras Gubernamentales no están incluidos en el presente Tratado. Las Partes han acordado, sin embargo, que ambas áreas serán negociadas en un lapso de dos años luego de la entrada en vigor del mismo.
Se establece un régimen actualizado y funcional para resolver las diferencias que eventualmente se planteen entre las Partes sobre la aplicación del Tratado, coherente tanto con las últimas tendencias jurídicas a nivel internacional, como con la experiencia recogida por ambos países en la materia y el alcance e importancia del Tratado en sí.
Se crea una Comisión Administradora encargada entre otras funciones de velar por el correcto cumplimiento del mismo, así como su eventual perfeccionamiento y su adecuada aplicación. En diversos capítulos, además, se establecen comités específicos por materia tendientes a facilitar el desarrollo en la práctica de dicho instrumento internacional.
Las Partes se comprometen además a revisar determinadas áreas del Tratado en un lapso de dos años, a efectos de continuar avanzando en la integración y desarrollo conjunto de sus economías.
Finalmente, corresponde llamar la atención sobre las características inéditas para nuestro país de este Tratado Uruguay-México, tanto en relación al conjunto de materias reguladas (que abarcan todas las que hacen a la negociación comercial internacional en diversos foros) como a la profundidad de sus disposiciones, que lo tornan un instrumento clave en la formalización de nuestra voluntad de integración, piedra angular de nuestra política exterior.

Acuerdo de Asociación Económica México-Japón

Países: México y Japón
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 31 de Marzo de 2005.
Entrada en Vigor: 1 de Abril de 2005.

El 5 y 6 de junio de 2001 el Presidente Vicente Fox visitó Japón. En esa ocasión se reunió con el Primer Ministro Koizumi, acordando instalar un comité conjunto de alto nivel de ambos países con el fin de fortalecer las relaciones económicas entre Japón y México, así como un posible Tratado de Libre Comercio, el cual presentó su reporte en julio de 2002
En ocasión de la Cumbre APEC realizada en México en octubre de 2002, el Primer Ministro de Japón Koizumi y el Presidente de México Vicente Fox anunciaron el inicio formal de las negociaciones para un AAE (Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y México)
El Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón además de incluir los temas comunes a otros acuerdos, tiene la particularidad de considerar un capítulo de Cooperación Bilateral.
Los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, conscientes de su amistad duradera y de los fuertes lazos económicos y políticos que han desarrollado a través del creciente comercio e inversión y de la cooperación mutuamente beneficiosa entre las Partes; percatándose de que un entorno global dinámico y rápidamente cambiante, producto de la globalización e integración económica del mundo, presenta abundantes nuevos retos y oportunidades económicos para las Partes (…) Reconocen la creación de un marco de comercio e inversión claramente establecido y seguro mediante reglas mutuamente favorables para regular el comercio y la inversión.”
Las economías de México y Japón poseen características que las hacen complementarias entre sí. Japón es la segunda economía más importante del mundo con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 34, 510 dólares, esta posición es por su volumen de exportaciones que realiza y es el cuarto importador a nivel mundial. Por su parte México se ubica como la novena economía mundial y gracias a su estabilidad financiera, pues no está propenso a los choques externos, se ha considerado como un lugar ideal para la inversión extranjera directa.

















Secretaría de Economía
Subsecretaría de Comercio Exterior
Principales productos importados por México procedentes del mundo
Valores en dólares
Fracción Descripción 2007
julio-diciembre 2008
enero-diciembre 2009
enero-diciembre 2010
enero-diciembre
. . Total 150,298,874,370 310,132,328,155 234,384,971,128 301,481,817,412
2710.11.04 Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.11.03. 5,311,137,818 14,600,135,052 8,326,970,328 11,991,770,810
8529.90.10 Ensambles de pantalla plana, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en las fracciones 8528.59.01, 8528.59.02, 8528.69.01 y 85 1,780,900,212 4,646,511,930 6,576,852,532 7,874,489,657
8542.31.99 Los demás. 2,323,582,456 4,124,624,567 3,903,839,934 5,448,645,474
8517.12.01 Aparatos emisores con dispositivo receptor incorporado, móviles, con frecuencias de operación de 824 a 849 MHz pareado con 869 a 894 MHz, de 1,850 a 1 1,786,280,061 3,648,677,880 3,269,439,899 3,741,950,800
8703.23.01 De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.23.02. 2,739,644,815 4,325,924,889 2,442,464,464 3,251,723,315
3926.90.99 Las demás. 1,202,277,334 2,143,905,621 1,610,032,234 3,146,264,128
8473.30.02 Circuitos modulares. 998,464,174 1,807,385,032 1,978,789,927 3,059,947,943
2710.19.99 Los demás. 22,633,992 65,652,945 1,631,061,756 2,834,863,074
8542.39.99 Los demás. 1,304,658,135 2,837,260,030 2,294,365,451 2,700,822,013
9013.80.99 Los demás. 3,044,246,172 4,726,932,162 1,838,922,450 2,588,712,150
8471.70.01 Unidades de memoria. 935,142,248 1,817,324,549 1,877,025,035 2,225,080,357
8471.30.01 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por un 863,520,760 1,815,894,190 1,708,870,041 2,188,219,078
8536.90.99 Los demás. 1,247,172,179 2,266,423,451 1,538,620,738 2,035,295,533
3004.90.99 Los demás. 775,452,151 1,742,859,829 1,716,463,350 1,881,289,403
8703.24.01 De cilindrada superior a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.24.02. 1,911,150,275 3,325,904,802 1,206,644,355 1,849,432,660
7326.90.99 Las demás 1,071,424,098 2,031,437,146 1,592,296,762 1,796,624,930
8708.40. 346,435,888 938,892,021 850,135,365 1,792,897,616
8529.90.99 Las demás. 1,594,816,415 2,522,262,145 1,956,243,151 1,668,321,486
8517.70.01 Reconocibles como concebidas exclusivamente para aparatos telefónicos (excepto de alcancía), telegráficos y de conmutación, excepto circuitos modulare 347,229,143 895,196,351 1,306,075,704 1,538,960,796
8517.70.99 Los demás. 735,342,249 1,653,401,228 1,085,267,714 1,522,232,450
8408.20. 216,081,356 983,632,719 657,153,403 1,465,973,969
8708.99.99 Los demás 656,709,412 1,405,146,272 900,269,171 1,422,921,326
1005.90.03 Maíz amarillo. 784,597,902 2,204,049,789 1,345,110,306 1,408,930,686
2711.21.01 Gas natural. 1,037,996,204 2,739,093,983 1,165,856,396 1,363,689,259
8473.30.99 Los demás. 33,996,926 67,238,591 226,064,273 1,240,048,252
8538.90.99 Las demás 566,877,453 1,058,738,786 780,705,617 1,209,082,740
8517.70.12 Circuitos modulares. 870,702,365 1,492,751,057 795,250,154 1,205,421,691
8529.90.06 Circuitos modulares reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en las partidas 85.25 a 85.28. 711,568,681 1,290,232,007 895,641,527 1,200,523,565
8544.49.04 De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 8544.49.01 y 8544.49.03. 656,642,504 1,195,438,983 758,124,754 1,183,216,291
8542.32.99 Los demás. 409,821,368 885,344,599 865,376,847 1,144,992,941
8407.34. 244,710,658 865,355,784 699,622,325 1,120,979,531
2710.19.04 Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas. 1,689,339,807 3,749,410,526 31,115,591 1,113,016,907
8708.29. 492,766,576 980,958,825 922,467,123 1,101,653,768
1201.00.02 Excepto para siembra, cuando la importación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 30 de septiembre. 286,362,943 1,390,659,459 1,015,363,043 1,078,925,447
8473.30.01 Reconocibles como concebidas exclusivamente para máquinas y aparatos de la Partida 84.71, excepto circuitos modulares constituidos por componentes elé 505,044,051 897,758,125 1,126,171,137 1,078,147,458
8708.29.99 Los demás 641,575,635 1,221,362,336 1,249,710,140 1,058,098,246
8443.99.01 Partes especificadas en la Nota Aclaratoria 3 del Capítulo 84, reconocibles como concebidas exclusivamente para las impresoras de las subpartidas 8443 401,367,285 1,116,653,673 908,745,270 1,052,545,261
2902.43.01 p-Xileno. 485,256,849 906,498,482 945,413,786 1,043,222,020
8534.00.99 Los demás. 562,304,475 896,578,660 731,251,008 1,022,428,690
2701.12.01 Hulla bituminosa. 186,129,768 855,625,142 635,996,465 969,455,984
2710.11.02 Nafta precursora de aromáticos. 100,477,495 236,898,947 133,758,828 958,591,525
2711.11.01 Gas natural. 478,323,331 1,505,521,333 568,162,586 949,747,636
8411.99.99 Las demás. 344,805,910 726,088,200 720,883,793 933,251,684
8517.12.99 Los demás. 325,977,718 1,060,653,894 750,465,000 910,048,426
9802.00.13 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica, cuando se trate de productores directos y las empresas cuenten con la 435,314,782 1,071,912,311 559,163,260 903,977,301
8528.71.02 Receptor de microondas o de señales de vía satélite, cuya frecuencia de operación sea hasta de 4.2 GHz y máximo 999 canales de televisión. 187,051,151 526,170,626 709,022,460 893,204,995
8517.62.99 Los demás. 214,585,653 514,983,228 646,040,147 885,300,592
8541.40.01 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz 238,512,897 489,599,509 541,165,480 875,813,047
7601.20.99 Las demás. 420,337,679 829,983,180 458,820,744 866,519,325
9018.90.99 Los demás. 343,673,850 759,543,083 728,512,733 848,204,323
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: La información se presenta a partir de julio de 2007 debido a cambios en la Tarifa
Secretaría de Economía
Subsecretaría de Comercio Exterior
Principales productos exportados por México a el mundo
Valores en dólares
Fracción Descripción 2007
julio-diciembre 2008
enero-diciembre 2009
enero-diciembre 2010
enero-diciembre
Total 144,117,575,077 292,636,503,808 229,620,212,837 298,138,095,298
2709.00.01 Aceites crudos de petróleo. 21,501,455,612 43,600,392,456 25,491,277,898 35,804,647,462
8703.23.01 De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.23.02. 7,946,683,759 16,126,399,336 11,348,905,813 17,989,189,669
8528.72.06 Con pantalla plana, incluso las reconocibles como concebidas para vehículos automóviles. 10,070,441,253 18,141,190,743 15,657,324,111 17,407,827,445
8517.12.01 Aparatos emisores con dispositivo receptor incorporado, móviles, con frecuencias de operación de 824 a 849 MHz pareado con 869 a 894 MHz, de 1,850 a 1 3,703,978,723 8,570,557,896 9,350,256,580 9,211,660,432
8704.31.03 De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.31.05. 1,635,157,454 3,327,338,471 3,484,838,582 5,496,335,352
8471.49.01 Las demás presentadas en forma de sistemas. 324,972,806 1,340,267,722 2,254,290,885 5,278,339,798
7108.12.01 Las demás formas en bruto. 873,437,361 2,539,306,879 3,599,741,401 5,250,504,326
8544.30.02 Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz 2,378,751,829 4,252,089,121 2,678,945,045 3,596,780,587
8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques, excepto lo comprendido en la fracción 8701.20.02. 572,487,876 1,334,620,648 2,268,911,488 3,389,757,209
8471.50.01 Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unid 1,531,780,892 2,558,427,886 2,387,127,938 3,223,062,222
8517.70.11 Las demás partes que incorporen al menos un circuito modular. 835,866,222 2,150,327,898 1,940,530,252 2,943,881,656
9401.90.01 Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 9401.20.01. 1,510,859,837 2,634,044,829 1,941,733,805 2,865,885,471
2710.19.05 Fueloil (combustóleo). 291,612,561 1,463,396,616 2,170,639,749 2,827,725,614
8703.32.01 De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.32.02. 1,185,985,842 2,818,835,669 2,069,818,300 2,705,302,309
7106.91.01 En bruto. 680,937,883 1,721,354,475 1,371,117,464 2,499,541,508
8517.62.02 Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.62.01. 1,250,545,113 2,756,123,119 2,051,521,924 2,397,261,151
8418.10.01 Con peso unitario inferior o igual a 200 kg. 424,692,303 1,311,143,062 1,544,200,266 2,108,499,591
8703.24.01 De cilindrada superior a 3,000 cm3, excepto lo comprendido en la fracción 8703.24.02. 1,389,130,644 2,393,177,238 1,488,004,268 2,029,903,054
8471.80.99 Los demás. 16,612,893 10,736,263 54,137,027 1,982,077,794
9018.90.99 Los demás. 688,737,869 1,555,395,141 1,608,660,829 1,762,450,185
8708.99.99 Los demás 663,035,375 1,175,903,884 1,001,842,058 1,716,688,567
2203.00.01 Cerveza de malta. 851,734,770 1,790,937,941 724,342,093 1,614,008,874
0702.00.99 Los demás. 474,812,897 1,203,724,142 1,098,406,036 1,545,750,947
8409.91.99 Los demás. 646,470,380 1,154,255,654 921,395,492 1,491,486,176
8537.10.99 Los demás. 790,955,796 1,446,879,187 1,153,113,895 1,445,049,311
8528.71.02 Receptor de microondas o de señales de vía satélite, cuya frecuencia de operación sea hasta de 4.2 GHz y máximo 999 canales de televisión. 994,212,428 1,859,987,590 1,192,120,322 1,369,343,285
8704.31.99 Los demás 462,423,469 1,091,655,229 1,080,055,956 1,361,734,092
8708.29.99 Los demás 615,234,905 1,061,867,861 814,383,483 1,341,338,168
2710.11.01 Aceites minerales puros del petróleo, en carro-tanque, buque-tanque o auto-tanque. 834,523,801 1,921,903,813 941,655,865 1,284,775,499
8407.34.99 Los demás. 721,420,093 1,419,755,984 978,447,937 1,284,187,346
9018.39.99 Los demás 618,559,619 1,115,344,833 1,094,268,322 1,242,202,545
6203.42.99 Los demás. 668,809,223 1,308,603,786 1,145,491,344 1,189,285,274
8471.70.01 Unidades de memoria. 446,897,302 911,158,520 958,710,329 1,168,388,653
9032.89.99 Los demás 639,389,297 1,079,590,726 829,422,843 1,081,250,504
8536.90.99 Los demás. 477,135,021 1,064,427,867 720,561,264 1,050,108,798
8408.20.01 Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87. 70,557,310 197,700,292 131,069,228 1,036,906,182
8517.70.12 Circuitos modulares. 813,357,281 1,608,103,367 1,085,112,750 962,325,659
3004.90.99 Los demás. 369,995,082 753,526,660 742,050,706 915,675,160
8411.99.99 Las demás. 374,934,719 872,494,591 809,199,209 899,136,458
8708.95.01 Bolsa de aire para dispositivos de seguridad. 247,793,548 485,406,000 505,976,427 891,626,335
8471.30.01 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por un 369,682,792 657,609,704 593,790,516 885,914,921
8542.31.99 Los demás. 345,381,477 652,033,660 667,176,627 883,110,169
8528.72.99 Los demás 577,326,722 1,725,661,178 754,590,333 872,699,977
8543.70.99 Los demás. 293,221,016 764,520,823 569,691,673 799,681,810
8704.21.03 De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.21.04. 943,505,166 853,983,965 473,035,961 767,514,556
2208.90.03 Tequila. 387,571,369 698,723,148 618,470,016 748,006,602
3926.90.99 Las demás. 307,598,953 576,643,428 561,257,187 738,991,028
8541.40.01 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz 108,871,670 399,223,067 566,070,129 713,212,728
8415.90.99 Los demás. 359,016,688 605,198,619 574,874,525 697,465,050
8708.50.06 Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial con o sin flecha (semieje), y sus partes componentes, excepto lo comprendi 973,694 24,225,038 444,718,850 688,374,811
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino
Nota 3: La información se presenta a partir de julio de 2007 debido a cambios en la Tarifa

PROBLEMAS POLITICOS

Cada que se acercan periodos electorales en nuestro País México, es la misma cosa, los políticos se acuerdan de que hay votantes en las calles y los buscan afanosamente llenos de promesas, sonrisas y demagogia.
Los partidos que los apoyan o promueven se movilizan organizando reuniones, mítines, declaraciones, desayunos, visitas o lo que sea con tal de que los candidatos sean bañados de exposición pública.
Esto ha venido ocurriendo desde el siglo pasado.
Y es considerado necesario, porque fuera de estos periodos previos a las elecciones nadie conoce a los candidatos ni nadie quiere conocerlos y a nadie le importa la política excepto, claro está a los que viven de ella.
Y es más, a los candidatos no le gusta ni les conviene que los conozcan, fuera de estos ratos esporádicos de luz publica prefieren permanecer en el más absoluto anonimato.
Sobre todo a los candidatos a puestos legislativos o representativos populares, porque en los que aspiran a puestos ejecutivos sucede exactamente todo lo contrario: quieren que todo el mundo los vea, todo el mundo los reconozca, quieren tener más exposición pública que el mismo Presidente de la República o algún ídolo juvenil.
Sin embargo, no todo esto no es más que una inmensa nube de humo, no sabemos si de incienso o humo negro, pero es una nube con la que se pretende ocultar una realidad lacerante: la búsqueda de la continuidad de los privilegios que otorga el poder político en México.
Está muy claro que en México solamente a los políticos interesa la política, el resto de la ciudadanía está muy ocupada tratando de sobrevivir para perder su tiempo.
Los partidos políticos viven a expensas de la ciudadanía, y que son los que pueden dedicarse a esas actividades sin necesidad de estarse preocupados
Para quien tiene que trabajar para sobrevivir, la política no es opción, ni ocupación.
Los políticos están dispuestos a traicionar los mismos principios de su partido en aras de esa continuidad y de hecho lo hagan con una frecuencia impresionante que viene siendo insultante para la ciudadanía.
En cada elección, menor, mayor o intermedia se producen un sinfín de "alianzas políticas" entre candidatos y partidos supuestamente opuestos en ideologías y postulados, que no dudan un segundo en traicionarlos con tal de seguir en el poder.
Ya es una maniobra política indispensable, necesaria para asegurar el triunfo, sin la cual prácticamente ningún candidato o partido lo lograría porque con su actuación al paso de los años, la ciudadanía cada vez está más descontenta con los resultados que nunca has estado de acuerdo a las expectativas.
Lo que proporciona mucho material para pensar es lo poco educado políticamente que está estamos el electorado quien con su voto avala esas alianzas lo que a su vez demuestra la escasa o nula transparencia de la política mexicana y lo mucho que nos falta como ciudadanos para progresar ya que los mismo políticos se han encargado y se encargan de que no progresemos, a ellos es a quien menos conviene un educado México y políticamente activo.
La única forma que la ciudadanía ha encontrado para combatir este y otros fenómenos ha sido y sigue siendo la abstención es decir, el no votar
Pero el sistema político mexicano es inteligente las abstenciones no cuentan y se toma como expresión popular los que si emitieron voto aunque solo hayan sido el propio candidato y sus familiares más cercanos, lo cual convierte las elecciones en una farsa total y no en la expresión mayoritaria de la ciudadanía.
De continuar esta tendencia pronto habrá elecciones con tres votos y 645,000 abstenciones.
Lástima que aún no se decide a hacer lo mismo para evitar los abusos del ambulantaje y los mercados sobre ruedas y otras muchas formas de explotación comercial pública o privada de las que la ciudadanía no ha sabido deshacerse y que se siguen manteniendo gracias a esa indolencia equivocado sentido de la caridad.
Este es un fenómeno que merece estudiarse y profundizar sobre él, pues ante la falta de civismo, el desencanto con la política en general y los resultados nefastos de los que se han dedicado a estas actividades, la ciudadanía mexicana día a día se ha ido alejando de sus deberes ciudadanos para dedicar más tiempo del necesario en tratar de resolver su situación económica

Problemas Sociales
Los principales problemas sociales: en México en los últimos años son tanto el narcotráfico, y la corrupción en la misma sociedad.

El narcotráfico es una de las actividades ilícitas que ha tenido una relación muy amplia entre otros delitos: tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción entre otras.

Los problemas que han surgido a través del narcotráfico son muy graves por un lado el daño social que producen a los ciudadanos ,destrucción de familias fomentando así mismo la corrupción de las instituciones como la policía e incluso el ejercito

El narcotráfico es uno de los principales problemas de México en el cual se ha visto, involucrado el comercio ilegal de drogas lavado de dinero trafico de armas. Entre las principales drogas se encuentran este es visto como un problema de salud pública. Sin embargo, sus implicaciones son más amplias, pues tienen que ver con las redes del poder político y económico que se articulan en torno al tráfico ilícito, incluyendo a las estructuras estatales y los cuerpos de seguridad.

La Frontera México-Estados Unidos ha sido un puente importante para el comercio ilegal que a su vez a provocando problemas sociales de adicción a las drogas provocando importantes conflictos políticos como la disputa entre México y E.UA por el control fronterizo. Este tipo de conflicto social a hecho que el territorio mexicano se halla transformado en un auténticos campos de batalla durante los últimos años principalmente Nuevo Laredo, Tamaulipas y Tijuana, Baja California en estos sitios existen redes de corrupción en los cuerpos de seguridad tanto de México como de los Estados Unidos, que han llegado a los más altos niveles mientras la sensación de inseguridad.

La corrupción ha sido también un factor social importante para México. Este ha comprobado que este fenómeno ha creado distorsiones a lo largo y ancho de todas las actividades económicas, políticas y sociales del país.
La corrupción en México actualmente a dejado de ser vista como un asunto de moral y ética, estático e inmutable para cierto tipo de individuos o sociedades. Cada vez más, la corrupción se ha manifestado como una conducta humana que ha obstaculizado el desarrollo humano de los mexicanos.
México actualmente ocupa la posición 65 de un total de 159 países
Actualmente México ha puesto de manifiesto que su mismo gobierno se ha inmiscuido en una infinidad de atropellos a la misma constitución provocando así una corrupción entre mismos funcionarios públicos, mismo que a la vez ha, arrastrado a la comunidad a buscar nuevas alternativas para evadir a las autoridades correspondientes ya que las mismas han caído en una cadena de corrupción entre las mismas autoridades.


Problemas culturales
México es un país que no ha encontrado una mejoría notoria debido a que la sociedad mexicana ha sido una población conformista en base a su historia basada en los siguientes aspectos culturales
La cultura mexicana está conformada por viejas tradiciones. Los mexicanos están muy orgullosos de sus tradiciones y de su profunda historia.
La forma de comportarse no a denotado la educación y crianza necesaria
La familia juega un papel muy importante. Es por ello que a veces primero están los deberes familiares antes que los laborales.
Las jerarquías dentro de la sociedad mexicana dependen de muchos factores: estatus social, profesión, etnia y género.
Por causa de la diversidad dentro de la historia, México tiene muchas raíces culturales. Hay alrededor de 52 grupos indígenas en el país.
Los mexicanos no están acostumbrados a convivir con gente extranjera principalmente proveniente de África, Europa y Asia.
Es importante aprender a diferenciar actos discriminatorios de la curiosidad y desconocimiento hacia gente de otras nacionalidades. Los mexicanos tienen mucho interés por culturas ajenas a la suya. Es por esto que tal vez el trato hacia una persona extranjera puede ser diferente al que recibiría un mexicano cualquiera. Puede darse cuenta que gente lo mira con curiosidad, no tome estos actos personales, sólo quiere decir que le están dando importancia y que hay interés por saber quién es y el porqué de sus características diferentes. Si siente este interés como algo que le incomoda demasiado, es necesario compartir con otras personas este sentimiento; posiblemente otra persona le pueda ayudar a encontrar una solución.

PROBLEMAS ECONÓMICOS
México ha enfrentado a lo largo de su historia muchos problemas económicos creando una inestabilidad en su balanza de pagos en base a los siguientes puntos.
Existe una diferencia muy grande entre el ingreso que recibe la mayor parte de la población contra el que recibe una muy pequeña.
(Esto crea que el consumo se restringa, y de ahí afecta lo producción, con lo que el costo de los productos es más caro)

La carga fiscal es excesiva, tanto para los causantes como para los consumidores.(se castiga a quien gana más, en vez de incentivarlo a que gane más, aparte hay productos que llevan impuestos extras a los cuales todavía se les carga IVA

Falta de la cultura del ahorro entre la población en general
(tenemos una gran mayoría de la población que o vive al día o trabaja para pagar lo que debe)

Falta de cultura de trabajo entre la gran mayoría de la población económicamente activa (una gran mayoría de trabajadores, va a vegetar en su trabajo)

Existen pocos incentivos para crear nuevas fuentes de empleos
(entre trámites, arreglos con el sindicato, mordidas para establecerse en alguna ubicación específica, leyes fiscales cambiantes.

Alto costo de combustibles y energéticos - los cuales controla el gobierno - con lo que se aumentan los precios de productos y servicios
(el petróleo y gas, cuando están a la alza en el mundo, aquí suben el precio, cuando están a la baja aquí siguen subiendo)

Altos costos del crédito y de los productos bancarios en general, con lo que se frena el financiamiento a quien lo requiere (entre créditos personales al 70 % anual - de perdido - y las comisiones por retirar tu dinero del banco, como que a nadie se le antoja abrir un negocio)

Legislación laboral anacrónica (tenemos una legislación muy buena, desgraciadamente, falta actualizarla a las condiciones actuales)

Falta de infraestructura de transporte y comunicaciones
(más del 80 % de las materias primas y productos se transportan vía terrestre, la cual tiene un límite de peso en lo que se puede mover, en cambio por se pueden llevar cargas mayores haciendo el costo más bajo en forma unitaria)

Dentro del gasto de Gobierno, se destina más cada año a gasto corriente que a infraestructura o gasto social, al igual que cada año tenemos que pagar mas impuestos para mantener a partidos políticos y a "servidores públicos" ya sean electos o por designación.
Problemas educativos
En los Programas de educación se ha pretendido guardar un delicado equilibrio entre continuidad y cambio en relación con las políticas seguidas por las autoridades del sistema educativo durante los dos períodos anteriores de la administración federal, los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, de 1989 al 2000. La razón de que se busque esa postura intermedia es doble: por una parte, se debe al reconocimiento de que, al lado de limitaciones y fallas claras, las políticas previas tuvieron también aciertos importantes que deben conservarse; por otra parte, la prudencia a que obliga el reconocimiento de la complejidad de los cambios educativos de que trata el quinto apartado del punto 2 de la Primera Parte.
Al comenzar la Segunda Parte, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 hace una reflexión explícita sobre el tema del cambio y la continuidad, a partir de tres citas textuales del Plan Nacional de Desarrollo que muestran la presencia de la tensión en el documento base de las políticas públicas del gobierno de Vicente Fox:
El Plan Nacional de Desarrollo afirma que, para alcanzar sus grandes propósitos, se necesitan acciones capaces de transformar radicalmente los esquemas tradicionales de gestión, y añade que no se trata de un proceso de mejora gradual y paulatina, sino de generar rápidamente los cambios profundos que nos permitan recuperar el tiempo perdido y la capacidad de respuesta para atender con prontitud y eficacia las necesidades de la sociedad.
Sin embargo, el Plan Nacional precisa después que, no obstante la urgencia evidente del cambio, el reto de forjar un buen gobierno no es una tarea que pueda realizarse por decreto o atendiendo a una tendencia mundial.
Lograr que el sistema educativo nacional pase de la situación prevaleciente a la descrita no es sencillo ni puede lograrse en poco tiempo. Una administración federal comprometida no es suficiente, es necesario el esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Los cambios deben darse progresiva pero firmemente, con base en programas de trabajo que comprometan a todos los niveles de gobierno y a todos los actores del sistema; es decir, con programas que involucren a toda la población. Iniciar este proceso es el objetivo medular de la acción gubernamental.

Esta tensión entre cambio y continuidad parece una clave fundamental para analizar el discurso en que se plasman oficialmente las nuevas políticas educativas nacionales del gobierno mexicano.
Los propósitos modernizadores de la década anterior, se pretende buscar al mismo tiempo la calidad y la equidad, como señala el subtítulo mismo del documento. El ideal que se busca es alcanzar niveles de cobertura, eficiencia terminal y aprendizaje en educación básica, media superior y superior que nos acerquen a los de los países más desarrollados con los que la globalización nos obliga a interactuar, al tiempo que reducir las desigualdades ancestrales de la sociedad mexicana y fortalecer su identidad multicultural.
De otra manera, el discurso pretende distanciarse igualmente de los extremos que constituyen los partidarios a ultranza del neoliberalismo y de sus acérrimos críticos globalifóbicos.
Es aún pronto para llevar el análisis más lejos; sólo el futuro dirá si los nuevos responsables de la educación mexicana alcanzarán el equilibrio que buscan; si lograrán vencer las fuertes resistencias al cambio del enorme sistema que un secretario de educación de la década de los años 80.

RELACIONES CON AMÉRICA LATINA

TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN

1.     Punto de partida: ¿la integración latinoamericana crea o desvía comercio?

Los gobiernos de varios países deciden integrar una nueva zona de libre comercio o una unión aduanera. Si se atienden a las recomendaciones teóricas, su primera inquietud será saber si el acuerdo promueve la productividad o, en su defecto, simplemente sustituye de manera anticompetitiva proveedores internacionales por regionales. Elaborada por Jacob Viner hace más de medio siglo y enriquecida después por medio de nuevas variables y metodologías, esta dicotomía, que él y prácticamente toda la literatura de especialidad denomina creación, respectivamente, desviación de comercio, constituye el punto de intersección de las líneas de investigación más durables del regionalismo. Esta disyuntiva no expresa los únicos efectos de la unión de mercados,

El argumento clásico y sus extensiones:

El reconocimiento de que la unión de dos o más mercados produce bienestar. Para saber si un acuerdo estimula la creación de comercio o la discriminación de proveedores competitivos,  Viner recomienda estimar el contenido anticompetitivo del aumento del flujo comercial de la agrupación.

Dependiendo de los niveles de protección, el aumento del comercio grupal puede deberse  auna u otra de las siguientes causas:

ü  Creación del comercio, si el proveedor es más caro es sustituido por el más eficiente,

ü  Desviación de comercio, cuando el proveedor competitivo es desplazado por el más caro.

De este modelo resultan tres principales recomendaciones.

La primera es que un mercado regional caracterizado por la rivalidad de sus industrias es más deseable que una unión de economías complementarias sectorialmente.

La segunda señala la necesidad de que los acuerdos den cobertura  a los vínculos comerciales más importantes a fin de aminorar el flujo potencialmente objeto de discriminación. A esta condición subyacen, a su vez, dos premisas generales: a) la unión aduanera o el área de libre comercio más ventajosa es el mundo, y b) a integración con el ‘socio natural’ (el país con el cual se comercia mayoritariamente) tiene más probabilidades de crear comercio.

El tercer ajuste del modelo se suscita con la inversión, variable que  resulta tan importante como el intercambio de bienes para comprender la racionalidad del regionalismo.

Para mayor explicación de los riesgos del regionalismo, el modelo que acabamos de ver contiene pocas variables y una serie de restricciones analíticas, tales como considerar que las variables no consideradas son constantes. Para su solución la teoría de las uniones aduaneras procede desde finales de los años de 1950 a una serie de ajustes, en su mayoría basados en enfoques dinámicos.

El primero atiende el problema de las variaciones en la demanda, el segundo desarrollo consiste en la introducción de la variable de costos decrecientes, el tercer ajuste del modelo se suscita con la inversión, variable que resulta importante como el intercambio de bienes para comprender la racionalidad del regionalismo.

Dos principales hipótesis

Los esquemas regionales se clasifican en dos grupos: en uno prevalece la creación de comercio y en otro el índice de desviación es superior a los efectos competitivos del regionalismo. En correspondencia con esta clasificación, la literatura de especialidad ha creado su propia antinomia.

En contraste, para el segundo grupo de trabajos las áreas de libre el comercio y las uniones aduaneras crean comercio e inversiones. Por su parte el modelo gravitacional permite destacar tendencias pro-competitivas aunque las atribuye al efecto de la apertura unilateral. El equilibrio general computable de Robinson y Thierfelder, sostiene que la creación de comercio prevalece sobre la desviación de comercio en una variedad de esquemas en el mundo.

Métodos de cálculo

Sin exclusión de otros métodos existentes, los más utilizados en la investigación son seis.

La desviación se interpreta como la caída en la tasa de crecimiento del comercio efectivo, el Índice de Concentración Simple, que beneficia de relativa aceptabilidad, divide la participación del comercio intra–grupo entre la participación del grupo en el comercio mundial. El Índice de Intensidad Comercial, compara la participación de las exportaciones de un país con las importaciones totales del país socio y las importaciones de terceros países. El Índice de Propensión al Comercio, compara la participación de un país en el comercio internacional y su participación en las importaciones de un país socio.

Dos métodos tienen una notable sofisticación y ejercen mayor influencia entre los analistas, el primero, denominado modelo de Equilibrio General Computable (EGC) se encarga de formalizar un amplio número de datos en torno a las relaciones económicas entre los sectores productivos y varios mercados nacionales.

Opacidad de los datos estadísticos

Una de las dificultades que debe enfrentar la determinación empírica de la creación-desviación de comercio es la incertidumbre en las evidencias empíricas.

Tipo de cambio:

La productividad de los precios internacionales no solo responde a las variaciones en la estructura de costos de producción, sino al tipo de cambio. Esta situación puede afectar la interpretación de los datos si las proporciones en las que incide el tipo de cambio se confunden con los efectos discriminatorios del comercio.

Comportamiento diferencial de los sectores:

 Las exportaciones latinoamericanas caen dentro de tres categorías principales: productos básicos sin elaborar, productos básicos elaborados,  productos manufacturados. En gran parte se trata de sustitutos imperfectos de menor sofisticación tecnológica, por lo que no necesariamente compiten con sus equivalentes internacionales.

La mayor competitividad de los productos básicos, en particular agrícolas, aunada a las menores dimensiones de los mercados regionales y el paralelismo productivo en este sector, los lleva generalmente a trascender la demanda latinoamericana.

Barreras no arancelarias:

Sus operaciones asocian costos económicos y desgaste administrativo, y no distingue claramente el uso legítimo para preservar derechos laborales, medioambientales, estándares de calidad o defender la industria local frente a las prácticas desleales.

Cambio en la protección externa

El estudio de la protección arancelaria, el más intuitivo de los indicadores para saber si un acuerdo contribuye o no a la desviación del comercio, se recomienda por el hecho de que el efecto anticompetitivo de la integración interviene únicamente cuando existen barreras externas. Más significativo, el desarme arancelario unilateral y grupal plantea una correlación positiva entre ambos procesos, no inversa como se infiere del argumento de la desviación del comercio.

El avance simultáneo en el desarme unilateral y grupal plantea una correlación positiva entre ambos procesos, no inversa como se infiere del argumento de la desviación de comercio.

Más

Correlación Múltiple

Permite observar cómo se relacionan entre sí dos o más variables. Aunque no mide el grado de creación del comercio, puede ser útil para validad nuestra presunción sobre la importancia de las externalidades.

El nivel de endeudamiento no constituye un indicador de las disparidades, sino más bien el grado de vulnerabilidad económica que suele acompañar al menor desarrollo relativo.

La apertura causal del análisis

La correlación carece de normatividad para el estudio del regionalismo, en el presente caso sugiere la necesidad de abrir causalmente el estudio de la integración.  Otro aspecto es que el requisito de la apertura causal no solo alude a las variables extra grupo, sino a aquellas que  desbordando la disciplina de referencia, son importantes para la explicación.

2.     Enfoques de la integración en disparidad y encapsulamiento disciplinario.

Un problema de mayor trascendencia para el regionalismo latinoamericano son las consecuencias de la integración en disparidad  entre pequeñas, medianas y grandes economías, este se deriva del creciente número de acuerdos bilaterales con Estados Unidos se inserta en el problema más general de las agrupaciones norte-sur entre países industrializados y en desarrollo.

Se entiende que luego de este proceso del equilibrio regional de los precios se restaura en un nivel más competitivo.

El propósito se atiende aquí a través de la elaboración de parámetros interdisciplinarios susceptibles de asociar los resultados de teorías y disciplinas convergentes.

La conjetura clásica de los países pequeños

Para la explicación de la incidencia del libre comercio sobre los países pequeños, la economía apela a un modelo estático compuesto de una economía pequeña, una grande y dos bienes.

El libre comercio en disparidad también favorece la inversión, la transferencia de tecnología y el aprendizaje industrial de las pequeñas economías. Si los procesos se dotan de mecanismos de integración profunda, tales como la coordinación macroeconómica, la movilidad de factores y la unión monetaria entre los países miembros, los beneficios cresen en tres direcciones: asignación más eficiente de recursos, aumento de la competitividad del mercado y de las transacciones comerciales. También parte de las evaluaciones cuantitativas son consistentes con esta hipótesis.

Limitaciones explicativas

Existe suficiente evidencia para pensar que la adaptación de los países pequeños a las condiciones de competitividad imperantes en la economía mayor representa el principal problema de libre comercio desde la perspectiva de los primeros, ya que puede ser costosa y exigirles recursos y plazos de liberación más dilatados que los que comúnmente establecen los acuerdos. El resultado de estos esquemas es más cercano al comercio administrado que al pleno libre comercio por parte de los países. La mejora en la competitividad de la pequeña economía puede verse postergada a causa de su menor experiencia industrial, la escasa diversificación de la estructura productiva y las mayores dificultades en la absorción de perdidas.

La liberación como proceso heterogéneo

Que los acuerdos estipulen circunstancias cercanas al comercio administrado y no al pleno libre comercio se origina en la propia complejidad del proceso de liberalización.  El contraste en los niveles de protección arancelaria deja prever un proceso de liberación dominado por el mayor esfuerzo latinoamericano. 

La eliminación de las barreras no arancelarias representa el otro gran componente de toda liberación comercial. En su ámbito se incluyen las barreras técnicas al comercio, las medidas fitosanitarias, la promiscuidad en el uso  de las medidas contingentes, las restricciones voluntarias a las exportaciones y las cuotas, entre otras.

Interdependencia y negociación entre economías dispares

Con inclusión de los fenómenos económicos y cuantificables, la integración representa la interacción de un conjunto de actores y factores cuyo rango o variedad de problemas desborda con creces el ámbito del mercado.

Según la noción clásica la mayor conexión y necesidad entre  los países incrementa la sensibilidad de agrupación por las dificultades de los socios con menores recursos. La idea subyacente es que la interdependencia crea un sistema de determinantes básicas capaces de mejorar la habilidad de un estado para lograr la el equilibrio susceptible de limitar el que otro estado obtenga beneficios desproporcionados.

La gerencia de la integración

Otro aspecto desatendido por la mayoría de los trabajos es la capacidad que tiene la integración de socios dispares para lograr la estabilidad económica de la agrupación. Los estudios existentes vinculan las disparidades económicas a la capacidad administrativa de un esquema. Las comunidades estratégicas exitosas, comúnmente se desarrollan “alrededor de núcleos fuertes” con la finalidad de conformar un sistema estable.

 La preponderancia de ambos países ha estado sujeta a variaciones importantes en el pasado y solo después de la Declaración Schuman  del 9 de mayo  de 1950 que puso las bases de un “sistema efectivo de paz en la región” entre los dos principales protagonistas de la segunda guerra mundial, ha sido modelada en sus características actuales por una densa red de instituciones supranacionales.

 Disparidad y determinantes estratégicos

Las principales conclusiones sobre este vínculo son contradictorias:

La primera afirma que la preponderancia crítica de un país tiene un impacto disuasivo en la producción de conflictos, concretamente, la disparidad representa una condición de pacificación, ya que inhibe los conflictos y allana la adopción de políticas alternativas.

La segunda corriente de pensamiento observa, por el contrario, que toda relación de poder combina elementos de consenso y coerción dispuestos de manera asimétrica: a mayor adhesión le corresponde un menor ejercicio represivo y viceversa

La ausencia o ineficacia de las regulaciones o instituciones encargadas de preservar la igualdad jurídica de los países favorece el ejercicio del poder “duro”  y la expansión de los recursos del país preponderante a través de periódicos conflictos o, como se menciona la Ley de variedad, mediante el recorte del espectro de opciones de otros países.

Existe una tercera conclusión de menos influencia en la literatura de especialidad. Según esta  la disparidad no es determinante ni para el aumento, ni para la disminución de los conflictos. En su principal significado  la tesis postula el carácter secundario de las disparidades en la generación de conflictos.

El nuevo regionalismo

Dimensiones de una estrategia no tan nueva

La promesa del nuevo regionalismo puede resumirse en una sola frase: ordenar las políticas latinoamericanas de inserción a la economía internacional. Su más directo terreno de experimentación son las reformas del MCCA, la CAN y el MERCOSUR, así como los nuevos acuerdos de libre comercio que jalonan el continente.

Conceptos y líneas de acción.

Para definir la nueva estrategia de integración, la literatura de especialidad ha empleado alternativamente los conceptos de “nuevo regionalismo”, “regionalismo abierto”, “regionalismo hacia afuera”  e “integración profunda”. Sus matices y connotaciones contienen suficientes diferencias como para impedir una definición común. Esto puede verse incluso al interior de la principal doctrina del regionalismo abierto. A pesar de sus variantes el regionalismo abierto es insuficiente para referirse al conjunto de políticas adoptadas en la región.

Mientras la integración superficial de los años 1950-1970 favorece el incremento  del comercio internacional sin afectar la autonomía  de los países miembros, la integración profunda promueve la interdependencia regida por las fuerzas de la internacionalización y la subsiguiente reducción de la brecha entre las políticas nacionales. Son cuatro las políticas de esta estrategia: menores diferencias en estándares y sistemas de producción; estabilidad de los mecanismos gubernamentales; erradicación de barreras arancelarias y no arancelarias de los mercados importantes, y supresión  de las trabas al comercio de servicios.

Los términos del regionalismo ‘más abierto’ e integración ‘profunda’. De esta definición se derivan 8 reglas, “aplicables a la mayoría de las circunstancias”:

(1) Vincular los acuerdos de integración al fomento de la competencia, (2) Preferir los acuerdos Norte-sur por su mayor contribución al bienestar, (3) Inscribir explícitamente las reformas económicas y políticas para incrementar la credibilidad de las iniciativas, (4) Hacer depender los beneficios políticos de la eficiencia del proceso de integración, (5) Estimular la cooperación regional mediante instrumentos diferentes a la discriminación diferentes a la discriminación comercial, (6) Prestar atención a los costos de las transacciones en la operación de los acuerdos regionales, (7) Asociar los efectos fiscales de la integración a la realización de las reformas en el sistema tributario, (8) No buscar una exclusiva adaptación a la OMC, sino considerar en primer lugar los criterios de desarrollo nacional.

Nuevo regionalismo vs multilateralismo

Un primer componente de esta ruptura constituye el estrecho vínculo entre el nuevo regionalismo y el sistema multilateral, en más de un sentido el fortalecimiento de la OMC. No cabe duda que el organismo tiene hoy una presencia que no tuvo el GATT durante el periodo clásico de la integración latinoamericana. El regionalismo se presenta como transitorio con mayor insistencia que en el pasado, justificado en el caso de América Latina por los recortes y vacios de las negociaciones multilaterales al tiempo que la OMC desarrollas sus instrumentos de compatibilidad.

Sus estipulaciones prevén: a) En las uniones aduaneras, que los aranceles y las restricciones impuestos a terceros países no deben ser ni mayores ni más restrictivos que la incidencia general de los aplicados antes de la definición del arancel común externo, b) En las zonas de libre comercio, que los aranceles eliminen con respecto al comercio de productos de origen, c) En ambos, que los calendarios de liberalización se sujeten a plazos razonables de tiempo.

Unión aduanera vs área de libre comercio

Los efectos de las zonas de libre comercio se consideran similares a la creación de una unión aduanera.

En el caso del país con elevados niveles de especialización y generalmente orientado hacia el comercio internacional, se recomienda integrar una zona de libre comercio, ya que el arancel externo común podría incrementar el precio de gran parte de sus importaciones. Desarrollos posteriores de esta concepción han agregado fases intermedias como los acuerdos preferenciales, la unión aduanera imperfecta y el mercado único. Las zonas de libre comercio no incrementan la capacidad de represalia de sus miembros, al revés de las uniones aduaneras que estimulan el recurso a la protección y dificultan el multilateralismo. En todos los casos subyace la idea de que la zona de libre comercio reduce los riesgos de la desviación de comercio.

Las funciones tradicionales de las zonas de libre comercio se complementan con la liberalización financiera, la incorporación de mecanismos de solución de controversias vinculantes y acuerdos paralelos en materia medioambiental y laboral.

Institucionalidad en la integración

La ruptura entre el nuevo y el viejo regionalismo también comprende la dimensión institucional de los procesos de integración. Los procesos subregionales establecidos se vinculan  tácitamente de los objetivos de supranacionalidad y ninguno de los nuevos acuerdos se propone avanzas hacia otras etapas de la integración. Existen propuestas para la ampliación de sus competencias, como el denominado TLCAN-plus, el cual propone cierto grado de liberalización de los factores de producción y, eventualmente, coordinar de manera estrecha algunas políticas macroeconómicas.

Este rasgo del TLCAN, junto con su gravitación en la definición de políticas regionales, promovió en América Latina un modelo  de baja institucionalidad al cual se le suponían más posibilidades que al europeo “de llegar a ser universalmente aceptable”

Integración concéntrica.

Se entiende que la homogeneidad en los niveles de desarrollo permite a cada país hacer concesiones a la las importaciones esperando compensar su crecimiento por medio de mayores exportaciones. Asimismo, que existen mayores oportunidades para la coordinación de políticas si estas tienen objetivos relativamente similares.

4. Relación con las reformas estructurales.

Quizá el objetivo no declarado más importante del nuevo regionalismo haya sido la adaptación y respuesta de las políticas regionales a las reformas estructurales implementadas en América Latina desde finales de la década de 1980. Quince años más tarde este objetivo aparece obscurecido  por el dinamismo absorbente del modelo económico en plaza.

Disciplina fiscal y dependencia frente a los aranceles.

La disciplina fiscal quizá la más trascendental de la política macroeconómica del modelo hacia afuera  tiene por meta tradicional reducir el déficit público para controlar el endeudamiento y los brotes de inflación. En la mayoría de los países, la deficiente recaudación fiscal impide el ahorro y provoca que el control del déficit se apoye en los ingresos de la privatización y en el flujo de inversiones productivas. La movilización de estos recursos para completar el ahorro interno, busca establecer un vínculo entre la inversión y un entorno macroeconómico solido en condiciones de amplio endeudamiento.

La disminución de las tarifas, aspecto central de las reformas estructurales, se inicia entre 1991 y 1998  manera unilateral en la segunda mitad de la década de 1980. El desarme arancelario puede significarles presiones fiscales si e proceso se asocia a problemas de estrechez presupuestaria.

Otro problema significativo sobre todo para las pequeñas economías, es la frecuencia con que la dependencia arancelaria aparece asociada al déficit fiscal y los desequilibrios en la balanza de pagos. La prosecución de los objetivos de disciplina fiscal y libre comercio encierra una contradicción capaz de alterar los equilibrios macroeconómicos de gran parte del continente.

Política de privatización

La política de privatización se considera básica para el desplie­gue de la reestructuración económica, sobre todo por su decla­rado vínculo con otros grandes objetivos, la reconversión industrial guiada por el incremento en la eficiencia y la estabili­dad macroeconómica. Su aplicación ha enarbolado como justi­ficación la hipótesis de que la administración privada responde mejor que la pública a la racionalidad económica y la búsqueda de competitividad de las empresas.

De distinta índole es la incidencia de esta política sobre los procesos subregionales. El abandono de los proyectos de in­dustrialización conjunta en Centroamérica y la zona andina en la década de 1970, fue seguido de una serie de privatizaciones que permitieron la pérdida de contacto con las estrategias empresa­riales. Más aún, el posicionamiento de las multinacionales en ra­mas altamente exportadoras, hizo que la planificación productiva (incluyendo las opciones de encadenamiento y sustitución de insumos) fuera sustituida por la estrategia de las casas matrices  de mantener una estrecha sintonía con los precios internacionales relativos.

La consolidación de las prácticas transnacionales redu­ce los márgenes de maniobra para la aplicación de alternativas heterodoxas.

Inversión extranjera directa y el sector externo

La captación de la ied tiene por objetivo la reconversión productiva y el mayor acento en las ventas internacionales, aunque la literatura de especialidad no es unánime sobre sus efectos positivos. La reconversión in­dustrial orientada a la exportación, se asienta a su vez en diversas previsiones teóricas que ven en las exportaciones una importan te fuente de crecimiento económico. Su arribo a América La­tina comporta dos etapas. La primera fase se caracteriza por la adquisición de las empresas¹ ^estatales, empezando por las mejor posicionadas desde el punto de vista de la eficiencia o el control de mercado. La segunda y más pro­longada, se orienta a la industria manufacturera de exportación, sobre todo pasiva o maquiladora. Sin embargo, la estrategia varía de país a país. En México y la Cuenca del Caribe, persigue el abaratamiento de los costos de producción y la integración a las cadenas productivas sobre todo estadounidenses, trátese de industrias de alta tecnología (electrónica y automotores) o inten­sivas en mano de obra (textiles y vestimenta). En América del Sur, por el contrario, la ied se dirige principalmente a las fuentes de producción de materias primas, como el petróleo, el gas y la minería en general, y el sector de servicios (telecomunicaciones, energía, infraestruc­tura y finanzas, CEPAL.2004c).

 De entrada se observa su creci­miento en América Latina a lo largo de prácticamente toda la década de 1990, con una inflexión en 1995. Sin embargo, luego de 2000 el arribo de estas inversiones sufre una pronunciada involución, que las lleva en 2003 a tener cifras menores a 1997. Las varia­ciones en el flujo hacia América Latina son más acentuadas que en otras regiones. Si aplicamos el coeficiente de correlación, po­demos observar que el flujo mundial y las entradas a los países desarrollados guardan una correlación es casi perfecta (0.998), mientras que los flujos totales y las entradas a América Latina y el Caribe arrojan un coeficiente bastante menor (0.678).

Corno consecuen­cia, de las 50 empresas transnacionales más importantes estacio­nadas en la región, sólo 12 tienen filiales en los países de la CAN y ninguno en el mcca. Estos efectos han sido favoreci­dos por una política que privilegia la atracción cuantitativa antes que cualitativa de los flujos. Una estrategia regionalista efectiva necesitaría un cambio de criterios, capaz de considerar el enca­denamiento productivo regional cómo una de sus opciones y no la-exclusiva concentración productiva en las economías gran­des de la región.

Política cambiaria

La relativa estabilidad que proporcionaba el cambio fijo al comer­cio y las inversiones internacionales, incluyendo un mayor con­trol de los riesgos de inflación, se reemplaza por un régimen que privilegia los equilibrios ágiles en la balanza de pagos, pudiendo reducir los costos del ajuste en la parte real de la econo­mía, aunque no por ello se controla mejor la inestabilidad cambiaría.

En el cambio fijo la decisión de devaluar la moneda está asociada a la promoción de la oferta exportable mediante el abaratamiento de los bienes localmente producidos; el encarecimiento de las importaciones permite a su vez reequilibrar la balanza de pagos. En el régimen flexible, la volatilidad y su consecuente incertidumbre impiden anticipar la intensidad y los efectos de las va­riaciones en el corto plazo.

Las principales al­ternativas de un mercado común giran en torno a las ventajas de la coordinación de políticas en el ámbito cambiario. Uno de los modelos que ofrece la teoría es la creación de una 'zona objetivo' capaz de permitir la libre fluctuación de las monedas regionales en torno a una tasa de equilibrio. Los agentes económicos se abstienen de defender la zona objetivo, aunque utilizan los instrumentos de política cuan­do se trata de desalentar los ataques especulativos "Un meca­nismo de fecha anterior que coincide con esta idea es el Sistema Monetario Europeo (sme). En esencia, el Sistema consta de una moneda cesta y de instancias regionales con funciones de coordinación e intervención en las fluctuaciones cambiarías. Otro modelo de referencia es la unión monetaria. Su operación no tiene efectos positivos garantizados, ya que de­pende del grado de movilidad del trabajo, de la apertura eco­nómica recíproca y la diversificación industrial de una región. Por otro lado, si se desea evitar las terapias de choque, la implementación de la unión involucra procesos dilatados. Para asegu­rar su factibilidad, durante una década la ue adoptó cinco criterios de convergencia capaces de asegurar la transición de un régimen cambiario casi fijo (el sme) a la unión monetaria de un conjunto elevado de países.

La eliminación casi completa o completa de la conversión de monedas puede permitirle a América Latina la estabilidad cambiaría y mejores condiciones para el intercambio comercial y los flujos financieros.

 El primer modelo podría adoptar al dólar como 1 moneda ancla, pero antes que nada requiere acortar las diferen­cias en los ciclos económicos latinoamericanos. Entre 1991 y 2003, los mínimos y máximos de la tasa anual de variación del PIB de 16 países de la región fue de 9 y 17 puntos en 8 de un total de 13 años; sólo en 1997 la diferencia fue de 5.6 puntos, bastante elevada por sí misma. Como consecuencia, la desvia­ción estándar del pib latinoamericano es igual o superior a 3.2 en siete años. La lógica que plantean estas dis­paridades de los ciclos económicos es.de tipo feed-back: Para recortar la volatilidad en la evolución del pib es necesario proce­der a la armonización de las políticas fiscales y monetarias re­gionales, aunque a medida que se cierra la brecha en los ciclos económicos, nuevas oportunidades se ofrecen al desarrollo de la coordinación monetaria.

A modo de resumen

Si se consideran las características y el contexto del nuevo regionalismo, su promesa económica apa­rece subordinada a las reformas estructurales y a la inserción al mercado internacional, incluyendo en este último caso a los acuer­dos Norte-Sur. Los acuerdos se dejan guiar por una lógica de mer­cado internacional en la modalidad de la atracción de ied y la creación de acuerdos Norte-Sur. Finalmente, en la misma medi­da que las reformas estructurales "continúan propulsando el pro­ceso de integración en el Hemisferio Occidental" el modelo norteamericano de integración echa raíces en la agenda negociadora regional, la ausencia de un regionalismo anclado en la promoción de la interdependencia latinoamerica­na favorece el reordenamiento de los vínculos económicos in­ternacionales en función de la oferta y la demanda de las economías industrializadas.

III Los procesos de integración formal

5. Desempeño de las uniones aduaneras latinoamericanas 

Existe un espacio institucionalizado que deno­minamos subregional, el cual da cobertura a proyectos específicos de integración. Los tres esquemas de integración más impor­tantes el mcca, la can y el mercosur operan dentro de estas particularidades, aunque no por ello dejan de ser afectados por las tendencias generales, en particular al momento de perfeccio­nar sus uniones aduaneras. Para substanciar este aspecto de la integración formal, el presente capítulo aborda las característi­cas y desafíos de dichos esquemas desde las siguientes perspec­tivas: a) el arraigo de su convocatoria; b) la cobertura institucional; c) el grado de cohesión intra-grupo, y d) la definición del arancel externo común, principal desafío en la creación de las uniones aduaneras.

Mercado común centroamericano

Antecedentes

El 13 de diciembre de 1960, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua suscriben el Tratado General de Integración Centroamericana por el cual se crea el mcca. Los numerosos y antiguos antecedentes de este esquema, al cual adhiere Costa Rica recién en 1962, dan constancia del arraigo de su convoca­toria. El anhelo unionista está presente en el Istmo desde su separación de México el 22 de noviembre de 1824, cuando se transforma en una federación dotada de instancias ejecutivas, legislativas, jurídicas, una moneda y una política externa comu­nes. A esta unificación de las antiguas provincias de la Capitanía de Guatemala, disuelta en 1839, le siguen otros esfuerzos de vigencia efímera: la Confederación promovida por Morazán en 1840, la Unión Centroamericana de Vasconcelos, en 1850, y la unión de los Estados de la América Central de 1885. En el siglo XX, las cinco repúblicas aprueban el 9 de septiembre de 1921 la Constitución Política de la República de Centroamérica.

El mcca hasta la década perdida

El mcca cuenta desde su creación con una estructura institucio­nal que da amplia cobertura a las distintas facetas de su unión aduanera. El órgano superior directivo está a cargo del Consejo Económico, integrado por los ministros de Economía de cada país miembro, el Consejo Ejecutivo, por su parte, pretende imprimir eficacia decisional al esquema apoyándose en las polí­ticas elaboradas por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (siega); el Banco Centroamericano de Inte­gración Económica (bcie) tiene por misión contribuir al financiamiento del desarrollo industrial equilibrado de los países miembros. El Tratado General se concentra en la integración productiva; la supervisión de los asun­tos monetarios es competencia de la Cámara de Compensación Centroamericana (CCC) y el Consejo Monetario Centroamerica­no. Un acuerdo entre los bancos centrales centroamericanos suscrito en 1961, establece como principal meta de la CCC la facilitación de los pagos y el uso de las monedas centroamerica­nas para el intercambio comercial. El mecanismo opera con compensaciones semestrales, empleando divisas convertibles en el caso de los saldos netos remanentes El principal objetivo del mcca, la creación de un mercado ampliado (Art. 2 del Trata­do) es previsto como la perfección automática de una zona de libre comercio y la adopción de un arancel externo común en cinco años.

El comercio de manufacturas, que inicialmente abarca a 41 por ciento de las transacciones, al final del periodo representa 88 por ciento del total de la producción, posicionando a este mercado como al­ternativa viable para la industria de valor agregado. Los desajustes presupuestarios y el déficit de la balanza de pagos llevan a los países a modificar la normativa sobre desgravamen y a elevar los aranceles de los productos centroamericanos. En la década de 1970 y parte de 1980, el Istmo es el escenario de las confrontaciones Este-Oeste, expresadas en las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El proceso de integración es sustituido por estrategias de alcance bilateral, lo cual anula los avances en materia de liberalización intra-grupo y definición del arancel externo común.

Reforma del esquema y desempeño exportador

Recién a finales de la 'década perdida', Centroamérica puede hacerse eco de una tendencia relativamente uniforme hacia la recuperación económica y política. El relance del MCCA toma lugar en 1991 mediante la adopción del Protocolo de Tegucigalpa, a través del cual los gobiernos reforman la Carta de San Salvador, instrumento constitutivo de la odeca. Sus líneas de acción disponen la reactivación del arancel externo común (con la denominación de Arancel -Uniforme Centroamericano) y la liberalización comercial. Este último objetivo se inicia con una etapa consagrada primeramente al control de la dispersión aran­celaria dentro de los márgenes de 5 y 20 por ciento. Su aplica­ción es gradual, dependiendo del nivel de preparación alcanzado por los países miembros. Poco después, el Protocolo de Guate­mala firmado en 1993, impulsa la práctica totalidad de los ob­jetivos del Tratado General: los programas de libre comercio y de unión aduanera, la movilidad de factores, la integración mo­netaria y la estrategia de relaciones exteriores del esquema.

El proceso abarca gradual­mente a todas las importaciones y hacia 2002 incluía tan sólo algunas excepciones: el café sin tostar en el caso de Costa Rica y Honduras; el azúcar de caña y el café sin tostar en toda la agru­pación; los derivados de petróleo y las bebidas alcohólicas en Honduras, y el alcohol etílico en Costa Rica. De 60 medidas que en 2000 todavía obstaculizan las transacciones de bienes centro­americanos, a finales de 2003 sólo quedan 13, de escasa incidencia para el comercio de los países. Debido en parte a estas políticas, entre 1990 y 1998, la exportación centroamericana de bienes manufacturados re­gistra una tasa de crecimiento de 20.6 por ciento anual, por delante de México y de las economías asiáticas de mayor desempeño.

El contenido im­portado de las exportaciones totales aumenta hasta posicionarse en torno a 40 y 44 por ciento, más pronunciado en el caso de la maquila y la zona franca, donde fluctúa entre 70 y 84. En este contexto se produce una merma en las exportaciones, sobre todo del banano y el café, este último afectado por la crisis de los precios internacionales y el parcial abandono de su cultivo. El proceso es compensado por la producción maquiladora de prendas de vestir, con un crecimiento acumulado entre 1995 y 2002 de 136.8 por ciento. En este último año Honduras contribuye en 35.7 por ciento a la oferta exportable centroamericana.

Disparidades intra-grupo

Hace quince años, las exportaciones de Guatemala representa­ban alrededor de 30 por ciento del total centroamericano, simi­lar proporción le correspondía a Costa Rica y Honduras contribuía con casi 20 por ciento. Sólo Nicaragua tenía una par­ticipación bastante menor, 7.5 por ciento. En 2003, por el con­trario, Costa Rica genera alrededor de 50 por ciento de la oferta externa. Otro indicador de estas disparidades es el pib per cápita: en 2001 el ingreso costarricense es 10 veces mayor al de Nicaragua, mientras El Salvador, Guatemala y Honduras ocu­pan posiciones intermedias.

Creación de la unión aduanera

La uniformización de los aranceles externos, central para la crea­ción de la unión aduanera centroamericana, representa el talón de Aquiles del proyecto. El caso del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica, es ilustrativo de este problema. Los miembros del mcca perciben al acuerdo como una fuente de estimulo para la IED y la oportunidad de mejor acceso para sus productos de exportación más importantes, textiles y vestimenta. La creación del área de libre comercio prevé seis categorías de desgravación lineales y dos no lineales, con un plazo máximo de 10 años y 10 de gracia. A pesar de que las Disposiciones iníciales del capta permiten a Centroamérica la profundización de la integración zonal y el fortalecimiento jurídico de sus instrumentos, su implementación implica la continua erosión del AEC centro­americano.

Lo propio acontece en los otros acuerdos creados con la lógica de trascender las limitaciones del mercado centroameri­cano. Aunque el mcca representa el socio natural para 4 de los 5 miembros del acuerdo, su tamaño económico, similar en el pro­ducto y en el nivel de captación de ied al chileno, lo hace alta­mente dependiente del comercio extra-grupo. En su conjunto, esta red de acuerdos no sólo ilustra la in­tención de trascender los confines del Istmo, sino también el limitado compromiso por el establecimiento de la unión adua­nera centroamericana. La liberalización arancelaria prevista en estos acuerdos provoca que el aec se aplique montos de co­mercio cada vez más reducidos, en condiciones heterogéneas y carentes de coordina­ción. En este proceso, la unión aduanera centroamericana se transforma en un instrumento superfluo, donde las institucio­nes del esquema se ven desplazadas por una dinámica que privilegia la forma de integración comercial en desmedro de la construcción co­munitaria.

Comunidad andina de naciones

Antecedentes

El Acuerdo de Cartagena es suscrito por Solivia, Chile, Colom­bia, Ecuador y Perú tras una década de expectativas y experien­cias insatisfactorias dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Su convenio firmado el 25 de mayo de 1969 se presenta como un proyecto subregional de la alalc, de la Gran Colombia firman el 29 de octubre de 1948 la Carta de Quito.

 Uno de los objetivos centrales del Acuerdo de Cartagena o Gru­po Andino, la creación de una unión aduanera, se compone de dos medidas: a) la liberación del intercambio comercial, empe­zando por la disminución de los gravámenes y restricciones exis­tentes entre los, países miembros, y b) la creación de un arancel externo común, con una primera etapa consagrada al estableci­miento del arancel externo común mínimo a más tardar el 31 de diciembre de 1971. Entre sus disposiciones figura el Régimen Común de Tratamiento al Ca­pital y Tecnología Extranjeros, en particular la Decisión 24 so­bre la regulación de las inversiones extranjeras. La Programación Conjunta para el Desarrollo Industrial, "el elemento innovador por excelencia" de la integración andina, se concentra en tres industrias: metalmecánica, petroquímica y automotores.

Reforma del acuerdo

El Protocolo de Quito de 1987 primeramente acerca las posiciones de los países en torno a las líneas generales a seguir; en la Reunión de Galápagos de 1989 los países adoptan el Diseño para la reorientación del Grupo Andino; el Acta de La Paz de 1990, por su parte, acuer­da la aceleración de los calendarios para conformar la zona de libre comercio andina, y el Acta de Barahona de 1991 anuncia la puesta en marcha de la zona de libre comercio a partir de 1992. La definición del arancel externo común se prevé para 1995, aunque este calendario sufrirá continuadas dilaciones. Por lo pronto, en el nuevo enfoque domina la percepción de un proceso guiado por el mercado y no por las políticas, cambio de estrategia que se refleja en la decisión del Acta de Trujillo y el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena de 1996 de sustituir la denominación anterior del esquema por la de Comu­nidad Andina de Naciones.

En 1995, el Acta de Quito establece las directrices de la re­forma institucional del acuerdo, definidas con mayor precisión en el Acta de Trujillo. A diferencia del pasado, reciben mayor énfasis los mecanismos intergubernamentales y la racionaliza­ción del esfuerzo institucional mediante la incorporación de to­dos los órganos de la can al Sistema Andino de Integración.

Tiene por función definir las políticas subregionales, así como orientar el proceso y evaluar sus resultados. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de 1979, continúa siendo en esta etapa el órgano de dirección política y de supervisión del cumplimiento de los acuerdos. Bajo su autoridad se establecen los acuerdos con terceros países y tiene el mandato de coordinar la posición negociadora de la can. La Secretaría General, creada en 1997, hereda el carácter ejecutivo de la Junta del Acuerdo de Cartagena y sus funciones de administración del proceso andino, supervisión del cumpli­miento de los compromisos y elaboración de Decisiones. El Tribunal de Justicia, vigente desde 1985 y ampliado en sus competencias en 1999, tiene jurisdicción territorial en los cinco países. Se consa­gra a la interpretación, aplicación y control de la legalidad de las normas andinas

Los rit­mos de crecimiento son similares en todos los países, excepto en el Perú, cuyo comercio con la CAN se estaciona en torno al 6 por ciento del total. Obsérvese que a partir de 2000 el comercio intra-grupo registra un deterioro combinado de 2 por ciento, más acentuado en los casos de Colombia y Venezuela, hecho que combina los problemas económicos de este último país y el estancamiento de la economía internacional.

Creación de la unión aduanera

La can todavía percibe al aec como un instrumento idóneo para el logro de metas comerciales significativas, tales como, la ampliación definida del mercado; la estabilidad en el mediano plazo; la eficiente y más estable administración del arancel; la mejora en las condiciones de competencia mediante la reduc­ción de las diferencias arancelarias; la mayor capacidad negocia­dora en la perspectiva del ALCA; la preparación de políticas arancelarias más sofisticadas, y el incremento de la confianza en la zona andina.

Estrechez del mercado

Gran parte de estas dificultades en el desarrollo del modelo andino se deriva del hecho de que la can representa un interés secundarlo para la mayoría de sus miembros, visible en la im­portancia adquirida por los mercados .externos. Estos "ven como una mayor oportunidad el mer­cado interamericano", e incluso "el MERCOSUR representa para la mayoría de la subregión, una oportunidad más clara y accesible que el propio mercado común originado en el Acuerdo de Cartagena". Las menores dimensiones económicas se combinan con la inhabilidad para mantener flujos estables de inversión. En el año 2000 la ied alcanza 43.590 millones de dólares, el mayor de su historia, para luego desplomarse a 11.397 millones en 2003. La situación varía de país a país. Venezuela, con excepción del 2002 es el principal destino de las inversiones extranjeras; la segunda captación corresponde a Colombia, aunque el último año de la muestra registra un flujo de ied similar a Ecuador y Perú.

Mercado común del sur

Antecedentes

El Tratado de Asunción, mediante el cual se instituye el Merca­do Común del Sur, fue suscrito el 26 de marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde el punto de vista de la cobertura geográfica y temática representa la ampliación del Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo firmado por Argentina y Brasil el 29 de noviembre de 1988, el primero de su género a nivel bilateral firmado alguna vez por ambos países. Contrario al mcca y la can, los antecedentes del mercosur están polarizados por el antagonismo de los dos socios mayo­res de la agrupación. Esto no desincentiva la rivalidad de los antiguos beligerantes ni favorece su participación en las ini­ciativas de unión latinoamericana que jalonan el siglo XIX. El cambio de actitud se observa en el intento argentino de organizar el Congreso Latino-Americano de 1918. Su objetivo era articular la región bajo la lógica de su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, si bien fracasa por la abstención de los países invitados.

El segundo intento, de mayores consecuencias, es propuesto por Argentina, Chile y Uruguay, además del Brasil en la década de 1950 y está a la base de la alalc. El Tratado de Montevideo de 1960 comprende al conjunto de los países de América Latina con excepción de Centroamérica, organizado bajo un tratado diferente. La forma de integración propuesta es una zona de libre comercio perfectible en el plazo de 10 años en el caso de las economías grandes, y 12 años en las economías pequeñas. Las relaciones argentino-brasileñas vuelven a reactivarse con la conversión de la alalc en un acuerdo de preferencias comercia­les y racionalización de las concesiones bilaterales y plurilaterales, la aladi. El acuerdo firmado en 1980, también en Montevideo, busca aprovechar las ventajas no exploradas hasta entonces de los regímenes preferenciales. El objetivo no es el libre comer­cio entre los signatarios, sino la gradual generalización de las concesiones comerciales acordadas por los acuerdos bilaterales y plurilaterales mediante la Preferencia Arancelaria Regional (par).

Formalmente, la par consiste en una reducción de los aranceles aplicados a terceros países. Su aplicación, cuyo nivel básico es de 20 por ciento, considera tres categorías: a) países de menor desarrollo relativo; b) países de desarrollo intermedio; y c) demás países.

Características y desempeño del Mercosur

A su creación, el mercosur adopta una estrategia desarrollista que ve en el crecimiento de los mercados una condición para la integración y el desarrollo económico con justicia y equidad so­cial. El Protocolo de Ouro Preto busca resolver el 17 de diciembre de 1994 los problemas que se derivan de la escasa institucionalidad del proceso subregional. A los órganos establecidos, se agregan cuatro: la Comisión de Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico Social y la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. Un aspecto que completa el proyecto, es la erradica­ción de la discriminación de los proveedores de servicios, pro­puesta por el Protocolo de Montevideo en 1997 sobre Comercio de Servicios, lo cual implica una parcial movilidad de la fuerza de trabajo.

Creación de la unión aduanera

Igualmente típicos de la integración latinoamericana son los pro­blemas que enfrenta este esquema en la creación de la unión aduanera. El Protocolo de Ouro Preto propuso priorizar la "consolidación" del aec mediante una estructura aran­celaria distributiva entre O y 20 por ciento a partir del primero de enero de 1995. Según el convenio, todavía hay una referencia para la definición de la nueva política aduanera de la agrupa­ción, los aranceles nacionales deberían acercarse de forma anual hasta alcanzar en 2001 un aec pleno en el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, y cinco años más tarde en el Paraguay. La inestabilidad económica del núcleo de la agrupación ocasiona el empleo unilateral de barreras comer­ciales, el debilitamiento del aec mediante la ampliación de las listas de excepciones y el recurso a las reglas de origen para controlar el efecto de las cada vez más diferentes políticas co­merciales hacia terceros países.

El mercosur reacciona ante el exceso de perforaciones creando en junio de 2001 un Grupo de Alto Nivel para revisar la estructura del aec, aunque la presentación de propuestas se pospone en varias ocasiones, la última prevista para el 30 de noviembre de 2004.

6. ensayos de ampliación del mercado

Comunidad sudamericana de naciones

El Área de Libre Comercio de Sudamérica fue pro­puesto por el mercosur a los países .de la can a fínales de 1995. En adelante, el proyecto estuvo sujeto a los vaivenes de la co­yuntura sudamericana y a un triple proceso, bilateral, interesquema y basado en el desarrollo de infraestructuras. Entre octubre de 1996 y abril de 1998, las reuniones de representantes sudameri­canos buscan acercar las posiciones de sus gobiernos con vistas a la creación de un acuerdo marco; con base en éste, en marzo de 1999 se firma el Acuerdo de Preferencias Arancelarias.

Un refuerzo de esta iniciativa tiene lugar siete semanas des­pués, el 9 de diciembre, cuando se crea la Comunidad Sudame­ricana de Naciones sobre la base de los acuerdos ace, la convergencia política de la región y el Programa de Trabajo 2004-2006 de la ursa. La Declaración del Cuzco, suscrita por los países del mercosur, la can, Chile, Guyana y Surinam, se plantea los siguientes objetivos: a) concertación y coordinación política y diplomática; b) perfeccionamiento de la zona de libre comercio MERCOSUR-CAN-Chile, al cual se asociarán Guyana y Surinam; c) integración física, energética y de comunicaciones; d) harmonización de políticas de promoción del desarrollo ru­ral y agroalimentario; e) transferencia de tecnología y coopera­ción horizontal en materia científica, de educación y cultura; f) interacción entre las empresas y la sociedad civil. Mientras se definen los niveles e instrumentos de acción conjunta en las Re­uniones de Jefes de Estado en Brasil y Bolivia, el Perú ejerce la Secretaría Pro Témpore. Nótese que a pesar de la ambición de algunos de sus objetivos otros significan más bien declaracio­nes de principios la csn pretende basarse en "la institucionalidad existente" y "sin que implique nuevos gastos financieros". Esto remite su acción al alcsa y la ursa, resumiendo sus signifi­cados al ámbito político y diplomático.

El objetivo de la caf, promover el desarrollo a través de préstamos a los sectores público y privado, cuenta con un capi­tal que corresponde en 96 por ciento a los países andinos, el restante a otros países de la región, España y bancos privados. En 2002, la cartera total de préstamos suma 5 636 millones de dólares, cuyo peso equivale a poco menos de 2 por ciento del pie de Colombia, Perú y Colombia, 4.6 por ciento en el caso de Ecuador y 8.5 por ciento de Solivia. Su arraigo en los pro­blemas y objetivos de la can ha sido primordial para identificar los proyectos de mayor relevancia o necesidad social de sus miembros. El flar, por su parte, tiene como objetivo principal el apoyo a la solución de desequilibrios en la balanza de pagos a través de asistencia financiera a los bancos centrales. Su flujo ha estado vinculado a la situación de las cuentas nacionales y las reservas en divisas de los países andinos y Costa Rica. Ambas instituciones pueden contribuir en la tarea de coordinar las políticas macroeconómicas al proporcionar una fuente alternativa de recursos con mayor agilidad que los organismos multilatera­les. Un aspecto destacado es el trato preferencial a las pequeñas economías, permitiendo su acceso al crédito por un múltiplo mayor sobre el capital pagado.

Un obstáculo fundamental constituye el bajo grado de inter­dependencia de América Latina, inferior a todas las regiones del mundo, con excepción de África y Medio Oriente. La menor interdependencia regional constituye un reflejo de la vulnerabili­dad de los sectores externos-asociados y nos devuelve al pro­blema de cuáles son los países con los que la integración es más beneficiosa. Sin embargo, el conjunto de sus retos no ensom­brece el potencial económico del alcsa-csn y sus ventajas para la preservación de patrimonio de la integración latinoamerica­na. En ese camino también puede allanar una de las fuentes de complicación del sector externo regional, la profusión de acuer­dos comerciales que jalonan el subcontinente, entre bilaterales y plurilaterales.

El área de libre comercio de las Américas

Desde la perspectiva latinoamericana, la creación del alca pue­de verse como una respuesta perentoria a algunas tendencias críticas de finales de la década de 1980, en particular la persis­tencia del fuerte endeudamiento externo, la desigual competen­cia por la atracción de las inversiones extranjeras, el difícil acceso a mercados desarrollados y la marginación de América Latina de la política de grandes bloques económicos.

Evolución de la propuesta hemisférica

El proyecto empieza a delinearse en 1988 con la adhesión de Estados Unidos a la estrategia de las zonas de libre comercio con amplia cobertura temática. En esta etapa, Estados Unidos firma varios acuerdos marco con países de América Latina destinados a preparar las negociaciones forma­les de un acuerdo hemisférico. La primera materialización del proyecto son los créditos la, otorgados al financiamiento de la deuda externa de Bolivia, Colombia y Chile. La segunda es la creación del primer tratado de libre comercio Norte-Sur del hemisferio, él TLCAN. El documento establece 23 áreas de interés relati­vas a la democratización, educación, medio ambiente, lucha contra la pobreza. El Capítulo 9, titulado "Promoción de la Prosperidad Mediante la Integración Económica y el Libre Comercio", se consagra a la creación del alca. Según sus lineamientos, la primera fase del acuerdo consiste en la elaboración de bases de datos a cargo de grupos de trabajo disciplinarios, apoyados en esta labor por el Comité Tripartito, instancia ad-hoc compuesta por la Organización de Estados Americanos (oea), el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y la Comisión Eco­nómica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (cepal). A pesar de la crisis financiera mexicana de diciembre de 1994 y el virtual cierre de los mecanismos de admisión del tl­can, a mediados de 1995 el proyecto cobra forma en la Re­unión. Ministerial de Denver, Colorado, cuando se crean siete grupos de trabajo.

Elegibilidad estadounidense

Estados Unidos plantea varias condiciones para la realización de acuer­dos de libre comercio. Las principales listas de requisitos se in­cluyen en la Sección 202 de H.R. 553 y en el Anexo 4 del Memorando interdepartamental Política comercial hacia Latinoamé­rica después del TLCAN del 22 de noviembre de 1993, ampliamente difundido en vísperas de la entrada en vigencia de este último Tratado. La Sección 202 incluye una serie de reformas que guardan similitud con las reformas estructurales de América Latina: eliminación de los subsidios a las exportaciones; recipro­cidad en el acceso a mercados; membrecía de la OMC; disciplina fiscal; progreso en la protección de la propiedad intelectual; abolición de barreras al comercio de bienes y servicios; trato nacional a las inversiones extranjeras, además de tener una estra­tegia de inserción a la economía internacional convergente con los objetivos comerciales con Estados Unidos. El Anexo 4, por su parte, combina elementos de alta condicionalidad con otros que representan, al menos en apariencia, un reducido obstáculo. Durante esta fase del proyecto hemisférico existe la duda de y que el requisito de la importancia económica para Estados Unidos' implica la exclusión de gran parte de los países de la región. En 1994, sólo Brasil y Venezuela tienen una participa­ción ligeramente superior a 1 por ciento en las importaciones de Estados Unidos; el resto de América Latina 15 países suma apenas 2.75 por ciento.

El formato de las negociaciones

El aspecto que genera mayores discrepancias entre las dele­gaciones se refiere a las fases de la negociación, por cuanto im­plica el desglose o, en su defecto, la negociación conjunta de las disciplinas comerciales. El mercosur hace una propuesta de tres fases. En la primera se incluyen procedimientos aduaneros; nor­mas y obstáculos técnicos, y medidas sanitarias y fitosanitarias. En la segunda fase, acceso a mercados; inversiones; normas y obstáculos técnicos; medidas sanitarias y fitosanitarias; subsidios, antidumping y derechos compensatorios compras gubernamen­tales; servicios; propiedad intelectual, y solución de controver­sias. En la tercera fase, desgravamen arancelario; procedimientos aduaneros y normas de origen inversiones eliminación de subsidios; acceso de los servicios; adopción de políticas hemisféricas en materia de competencia, y harmonización de otras disciplinas. La ubicación del desgravamen arancelario en la última fase parece obedecer al deseo de los países del Cono Sur de subordinar esta disciplina a los resultados que se alcancen en la negociación de las barreras no arancelarias. Inicialmente Estados Unidos propone un pro­ceso en dos etapas, aunque luego se suma a las iniciativas de Canadá y Jamaica de negociar en una etapa única, que es final­mente la que prevalece. Las diferencias entre las delegaciones se allanan sobre todo con el acuerdo Clinton-Cardoso de finales de 1997, cuando se adoptan tres criterios generales: a) negocia­ción simultánea de temas y sectores según el procedimiento de la Ronda Uruguay; b) gradualidad del proceso en función del tiempo que necesite cada disciplina y c) búsqueda de equilibrio entre las posiciones nacionales como instrumento de conciliación de la heterogeneidad de intereses.

Bilateralismo implícito

En es­tas circunstancias, cada país de la región repite los objetivos y sólo en el caso del mercosur se aprovecha esta situación para coordinar esfuerzos. Entre las naciones de la can y del mcca, los portavoces grupales carecen de representación oficial y en su lugar prima una 'disciplina' más declarativa que real.

IV Operación de las preferencias y comercio administrado

7. del bilateralismo al sistema radial: el caso de México

El desempeño y los objetivos del subregionalismo lati­noamericano se han visto continuamente rebasados por coyunturas críticas que exigían mayor cautela o la reversibilidad de las concesiones grupales, y por nuevas interde­pendencias que, a su vez, tendrían a individualizar las agendas comerciales. Para precisar los costos de esta estrategia, poco atendidos por la literatura de especialidad, el análisis se concentra en el caso de México, sui generis desde distintos puntos de vista, aunque relevante para comprender esta nueva dimensión del bilateralismo.

Evolución del bilateralismo latinoamericano

Los primeros acuerdos bilaterales remontan a los primeros años de la Independencia, cuando las nuevas repúblicas hispanoame­ricanas concluyen tratados separados de 'amistad, comercio y navegación' con el Reino Unido y con Estados Unidos. En un principio el carácter bilateral de esta estrategia responde sobre todo a la iniciativa extra-regional, deseosa de imponer condi­ciones variables con el máximo aprovechamiento para las ex­portaciones británicas y estadounidenses. Con el andar del tiempo, sin embargo, la creciente heterogeneidad de las economías lati­noamericanas crea la necesidad de agendas específicas. Los acuer­dos anteriores a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (alalc) se caracterizan por su incompatibilidad, basados en no­menclaturas ad hoc o referencias globales a los productos bene­ficiarios de las preferencias. A partir de los años de 1960, el universo temático y la profundidad de los acuerdos bilaterales adquieren un mayor grado de estandarización, aunque siempre reflejando las políticas y prioridades económicas individuales de cada país.

Categorías de los acuerdos

Con la creación de la aladi en 1980 se inicia el bilateralismo de estructura compatibilizada, más flexible en sais- objetivos con­forme a su identidad como acuerdo preferencia, por primera vez aceptado dentro del gatt. Entre 1980 y 1985 se firman 30 acuerdos de Renegociación del Patrimonio Histórico de la alalc y dos age bajo la denominación genérica de Acuerdos de Pri­mera Generación (apg).' La mayor parte también tiene por ejes a Argentina, Brasil y México, referidos a industrias con alto valor tecnológico. Su reducido ámbito de aplicación se refuerza con el hecho de que son negociados producto por producto, con prefe­rencias estáticas, cupos y amplias listas de excepciones. La crisis de la deuda determina que estos acuerdos tengan una función restrictiva, cuando no superficial en el intercambio de bienes.

Estas iniciativas se presentan como un avance en las negociaciones de libre comercio y tienen un impacto indirecto sobre la profundización de la preferencia re­gional de la aladi. Según las proyecciones de la Secretaría de la aladi, se espera que en 2007 alrededor de 87 por ciento del comercio liberalizado se ampare en estos acuerdos y articule a 44 de las 66 relaciones bilaterales intra-ALADl.

Justificaciones teóricas

La justificación teórica de los acuerdos creados en los años de 1990 suele enmarcarse dentro del regionalismo abierto, oficial en gran parte de América Launa desde la Cumbre Iberoamericana celebrada en junio de 1994. Según Krugman, el número de acuerdos comerciales tiene dos efectos posibles: incrementa el bienestar porque se acerca a la situación óptima de libre comercio gene­ral, u ocasiona perjuicio porque aumenta el arancel óptimo, más elevado cuanto mayor sea un bloque económico. Bajo esta pre­sunción, el vínculo entre el aumento del bienestar y el número de acuerdos comerciales se describe como una curva 'V', donde el estado óptimo corresponde a una zona de libre comercio única; el segundo óptimo ocurre cuando los acuerdos se multi­plican hasta sumar veinte, cifra que simboliza un mundo alta­mente segmentado; la situación más perniciosa.

La concentración en un mercado exportador

A primera vista, el elevado crecimiento del comercio exterior mexicano justifica la estrategia mexicana de inserción a la economía internacional a través de acuerdos de libre comercio, en particular el tlcan. A raíz de su implementación, las ventas internacionales de este país pasan de 52 mil millones de dólares en 1993 a 175 mil millones en 2003, posicionándolo entre los prin­cipales diez exportadores del mundo. Sin embargo, las causalidades que explican este auge todavía están sujetas a con­troversia, sobre todo porque no existe un método que permita disociar los. tres determinantes del periodo: el proceso de rees­tructuración económica iniciado en los años de 1980; la inciden­cia en el abaratamiento de la producción local que tuvo la crisis financiera de 1994-1995, y la apertura del mercado estadouni­dense a través del Tratado.

Son varios los factores que explican la ausencia de diversi­ficación. El primero está dado por la proximidad geográfica y la inusitada expansión de la economía estadounidense en la dé­cada de 1990. Diez años seguidos de crecimiento del pib supe­riores a 4 por ciento anual en su vecino representan un estímulo sin rival para el sector externo mexicano. El segundo se refiere a la industria emblemática de la relación bilateral, la maquila. Su peso en el sector externo, se combina con el hecho de que las estra­tegias de comercialización e inversión de esta industria son con­ducidas desde o para el mercado estadounidense desde un patrón gerencial entrampado en la relación bilateral. Esto se combina con la importancia que tiene la ied de ese país para la industria y •la balanza de cuenta corriente de México. Otro factor de la concentración en un solo mercado se ori­gina en las características de la exportación no-maquiladora. Su déficit crónico se explica sobre todo por la dependencia frente a las importaciones de bienes de capital, en su mayoría de Esta­dos Unidos. A esto contribuye el problema del paralelismo pro­ductivo con otros países de América Latina, el cual determina la escasa demanda latinoamericana de petroquímicos, productos agropecuarios y extractivos.

Diversificación de mercados mediante acuerdos bilaterales

La concentración bilateral ha promovido en México la creación de incentivos a la diversificación de mercados, en particular mediante acuerdos comerciales. La mayoría de los convenios bilaterales se concluye con América Latina, mientras que los tra­tados con la UE y la efta pueden considerarse plurilaterales. Si bien en la mayoría de estos casos se observa excedentes comerciales, el sector externo tiende a una integración cada vez más estrecha con la economía estadounidense. Para revertir este fenómeno, las estrategias productivas na­cionales deberían afectar su propia estructura en función de mercados alternativos, proceso que no pueden realizar los acuer­dos por sí mismos. Obsérvese que, salvo el reciente acuerdo con la Unión Europea, cuyo tamaño económico permite colo­car una parte mayor de las exportaciones sobre todo con parti­cipación de capital europeo, los restantes acuerdos representan una opción marginal para México.

La múltiple membrecía mexicana

La pobreza de resultados de la estrategia de diversificación de mercados mediante acuerdos bilaterales podría deberse en al­guna medida a un factor adicional poco observado: los costos administrativos de la múltiple membrecía. Debido a la menor cobertura geográfi­ca de los acuerdos, los mercados internacionales se presentan al exportador de manera fraccionada. En otros términos, a me­nor cobertura geográfica de los acuerdos, le corresponde un grado de atomización mayor del mercado internacional. Antes de la estimación de los costos administrativos de esta dispersión es necesario profundizar en la compleja estructura de las RO.

Medición del origen de una mercancía

Para entender su operación tomemos el caso de la importación de hilado sintético de un país de fuera del tlcan para la fabricación y posterior exportación de tela sintéti­ca a Estados Unidos. Debido a que los insumos y el producto final se encuentran en capítulos diferen­tes, se dice que el bien califica como originario y puede beneficiarse de la exención de aranceles en el mercado de destino. Sin embargo, nada explica las razones de esa clasificación, salvo que subyacen a intereses corporativos. Más aún, la ausencia de un referente fijo en el cambio en los dígitos provoca la proliferación de reglas de origen específicas.

Si la mercancía no cumple con el CCA, se permite al exporta­dor la utilización del cr. Su cálculo se puede basar en el valor de transacción o el coste neto. Se utiliza este segundo método cuando el grado de transformación no es captado por el salto arancela­rio. En apariencia simple, el cr confiere origen a la mercancía cuyos insumos extranjeros no violan el contenido mínimo esti­pulado en los tratados. Retomemos el caso de la exportación de tela sintética, cuyo CR en el tlcan es 60 por ciento del valor de la transacción o 50 por ciento del coste neto. Para que la mercancía califique según este método, el contenido regional expresado como porcentaje (vcr) debe ser igual o superior al cr:

VCR = VT - VMN / VT   100  

Donde VT representa el valor de transacción y vmn el valor le los materiales no originarios utilizados en la fabricación de la mercancía. El coste neto emplea una fórmula idéntica ajustando e1 valor de contenido regional al porcentaje establecido por el cuerdo. El cr se utiliza principalmente en el caso de calzado, productos químicos y maquinaria. En el fondo, refleja la necesidad de rescatar aquellos insumos y costes intermedios que no son considerados por el CCA, ya que desagrega los procesos productivos en el mayor número posible de partes identificables. Desde una perspectiva general, la relación de estos métodos puede verse como un flujo grama de opciones simples y lineales. El tlcan otorga prioridad al cca y a la determinación del país donde se fabrican los componentes extranjeros; menos importante resulta el lugar donde se realiza el embalaje, la ope­ración industrial más importante o la última etapa de la manu­factura. En total se tiene una jerarquía de seis reglas de origen. Otros acuerdos firmados por México prevén me­nores alternativas, incluyendo el caso de la aladi, donde el pro­cedimiento considera sólo una regla, el CCA, además de aquélla que se refiere a los productos enteramente producidos en el país.

Atomización del acceso a mercados preferenciales

Para profundizar en las condiciones de acceso a múltiples mer­cados preferenciales, es necesario referirnos al sistema eje-rayos mexicano desde el ángulo de perspectiva de una empresa que busca diversificar sus mercados de exportación. Nuestro ejemplo, la industria mexicana de fibras sintéticas discontinuas sin procesar, incluidas en el capítulo 54 del sa, permite algunas venta­jas metodológicas. Éstas son: a) hasta su estancamiento en 2000, representa la rama más dinámica de la industria de textiles; b) su grado de diversificación se cuenta entre los más altos de la rama, con nichos de mercado en Estados Unidos (o el tlcan), Argentina (aladi), Chile (tlcmc), Bolivia (tlcmb), Costa Rica (tlcamc-r), Ecuador (aladi) y El Salvador (tlc-tn); c) a pesar de esto, la balanza sectorial es deficitaria (265 millones de dólares de exportaciones contra 856 millones de importaciones) y, en ese sentido, registra mayor presión para ampliar su oferta externa.

Costes administrativos

Por lo general, los exportadores mexicanos solici­tan a la Subdirección de Auditoria Fiscal Internacional de la Se­cretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) un dictamen anticipado sobre el origen de sus productos. El documento que emite esa instancia confiere credibilidad al certificado de origen ante el país importador, pero no implica una cesión de obligaciones legales. El empresario es el único responsable de la vera­cidad del proceso de facturación. Para evitar circunstancias adver­sas, él requiere estar familiarizado al menos con los procedimientos aduaneros y los mecanismos de solución de controversias, además de las funciones de los comités especiales o de administra­ción de requisitos y las oportunidades que proporciona el acuerdo para flexibilizar la regla de su producto. El proceso originario en su conjunto le genera a las empresas una serie de gastos que incluyen: a) la contratación de personal específico para el contacto con las autoridades competentes, el seguimiento del proceso de facturación, las operaciones gerenciales para ordenar y clasificar la información, y realizar el trámite' correspondiente para obtener el certificado de origen; b) monitorear

precios e insumos y, en caso de tener sustitutos imperfectos, adaptar la producción para que el producto final califique bajo diferentes RO; c) la ocasional contratación de peritos en derecho aduanal, principalmente cuando las autoridades del país importador aducen subfacturación o piden información adicional bajo esta sospecha; d) contratar asesorías que permitan el diseño de estrategias para preservar los intereses de la industria en la nego­ciación o revisión de los tratados de libre comercio; e) otros costos que resultan de la múltiple membrecía, concretamente la mayor vulnerabilidad frente a errores administrativos, la in­formación incompleta, poco fiable o dispersa, y aumento de los tiempos de respuesta institucional a causa del número de los acuerdos y sus especificidades.

 El único factor que permite la reducción del coste es la capacidad gerencia de las empresas, aunque ésta tiene el límite (l) determinado por irreductibilidad de algunas tareas. Este argumento se puede expresar mediante un coeficiente (l) y dos igualdades. La ecuación describe los costes de las RO según el número de mercados de exportación de la firma. El gasto administrativo originario (G) está en fun­ción de x, el cual expresa el incremento de los costes como consecuencia de la múltiple membrecía

1.     M+G=M_d

2.     M+(G)_L=M_d

3.     M_nd = Md –(1)_L

M = Mercancía (costo neto).

G = Gasto ad­ministrativo.

M = Costo neto de la mercancía diversificada.

M = Costo neto de la mercancía no diversificada.

l = Coeficiente del au­mento de costes administrativos en función del número de mercados.

Según esta ecuación, la atomización de las preferencias afec­ta el precio del producto de manera acumulativa. En el primero, el mer­cado externo tiene una preferencia suficientemente profunda como para asegurar la rentabilidad de la exportación y, en ese caso, la firma prosigue con la estrategia de diversificación. En el segundo, la diversificación es encarecida por el coeficiente L, por lo cual la firma buscará reducir el gasto mediante la expor­tación a un menor número de mercados. Ambos escenarios dependen de la diferencia entre el arancel preferencial y el aran­cel NMF del país importador. Obsérvese que no es necesario que el valor de -L sea elevado; si éste se aproxima al arancel no prefe­rencial del país de destino, el desembolso de G^L reduce la ventaja del acuerdo y deviene irrelevante frente a otros factores, corno el tamaño del mercado, los costes de transporte o el nivel de competitividad que tiene el producto. Si se exporta filamento sintético (incluido en la fracción 54.01.10.01), por ejemplo, la firma en­frentará un arancel nmf de 18 por ciento. Cuando la venta se ampare en las preferencias pactadas, los aranceles serán: O (tlcan Estados Unidos, tlc Costa Rica, TLC Chile, TLC Nicaragua, tlc Unión Europea y TLC Israel); 2.5 por ciento (tlc Solivia); 4.5 y 5.5 por ciento (c-3 Colombia); 4.5 por ciento (tlcan) y 12 por ciento según la preferencia arancelaria de k ALADI (G-3 Venezuela).

Algunas consecuencias

Un efecto de la proliferación de acuerdos de limitada cobertura geográfica, de reducidas proporciones aun­que no por ello menos paradójico, es la inhibición de la diversi­ficación con el fin de mantener precios competitivos. Si la empresa percibe incrementos en el gasto administrativo, puede decidirla eliminación del algunos costos fijos simplemente con­centrando las ventas en pocos países. Al tratarse de acuerdos altamente selectivos, con dis­posiciones similares pero específicas, esta estrategia acentúa las complicaciones del régimen comercial y determina la disconti­nuidad de las estrategias exportadoras. Segundo, la abundancia de acuerdos sesga las previsiones teóricas sobre el comporta­miento económico de los sistemas 'eje-rayos' y pone de relieve la dimensión administrativa de las numerosas participaciones. De esa manera, el esquema estelar puede desfavorecer no sólo a los mercados periféricos, sino también al país central.

8. eliminación de las medidas antidumping en los acuerdos de integración

A diferencia de las reglas de origen, cuyo entramado técnico les confiere presunción de neutralidad, las medidas antidumping (ad) están sujetas a un proceso político-legal calificado frecuentemente de arbitrario.

Marco de referencia

Desde la perspectiva latinoamericana, dos foros interconectados presentan interés para la reforma de las ad, las negociaciones del alca y la ronda de Doha de la omc. Según las disposiciones del art. vi de la OMC, adoptado a partir de 1994 por la práctica totalidad de los países de América latina, la definición del dum­ping refiere el caso cuando el precio del producto que se va a exportar (en su defecto los costos de producción o el precio "justo" estimado a partir de una canasta de precios internacio­nales), es mayor a su precio de venta en el mercado de exporta­ción. Se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comercia­les normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.

En caso de diferencias en la interpretación, los países podrán diferir sus controversias al organismo multilateral.

Evolución de las medidas antidumping

La historia de las ad se remonta a 1904, cuando Canadá adopta la primera legislación antidumping en el mundo con objeto de contener las importaciones de acero provenientes de Estados Unidos. El argumento es que este producto se vende a un pre­cio inferior al 'real'. El Acta Antidumping aprobada en Estados Unidos en 1916 apela a una definición similar de las ad: se de­clara ilegal la importación de bienes o la venta de productos importados a precios substancialmente menores al valor de transacción en los principales mercados del país productor. Esta ley representa en los hechos una extensión de tres iniciativas anti monopólicas previas: el Acta Sherman de 1890, que prohíbe "todo contrato, combinación en la forma de trust u otra, o conspiración para restringir el intercambio o comercio entre varios Estados o con naciones extranjeras"; el Acta de 1914, por medio de la cual se crea la Comisión Federal de Comercio con la autorización de proceder contra los "métodos desleales de competencia", y el Acta Clayton de 1914, que generaliza la pro­hibición de cargar diferentes precios a diferentes consumido­res.

La Ronda Kennedy del gatt

En estos años gran parte de los países todavía difiere la protección industrial a la política arance­laria; en 1921, sólo seis países disponían de esta normativa: Aus­tralia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Francia, además de Canadá y Estados Unidos. En parte por esta situación, al momento de crear el gatt en 1947 la negociación del Art. VI tuvo como modelo al Acta estadounidense de 1921.Sólo se hicieron algunas acotaciones, como limitar el monto de los derechos AD al valor del dumping marginal, excluyendo por ese medio todo pago adicional por considerarlo equivalente a un castigo. Un relativo consenso permite la aprobación del Acuerdo sobre la Implementación del Art. VI, conocido como el Código ad.

La nueva legislación estadounidense y la Ronda Tokio

Las provisiones establecen como requisito para el cálculo del dumping el no considerar los precios inferiores a los costos de producción en el país de origen; en otros términos, se pretende sancionar la estrategia de discriminación de precios aun en los mercados de las empresas investigadas y, más importante, elevar el precio de referencia para determinar el dumping. Asimismo, incrementan la complicación de los cuestionarios y reduce los plazos para que las empresas investigadas puedan llenarlos, estimulando con ello (sobre todo a partir de la reforma de 1979) el que la autoridad correspondiente apele a la 'mejor información disponible, a menudo proporcionada por las empresas que solicitan la investigación

La Ronda Uruguay

La Ronda Uruguay (1986-1994) nuevamente busca resolver las distorsiones que presenta el uso intensivo de las ad en el comerció internacional, sobre todo en materia de determinación del dumping y la discrecionalidad con la que se inician las investiga clones. A pesar del rechazo de Estados Unidos, la Ronda Uru­guay concluye un Acuerdo Relativo a la Implementación del Art. VI, caracterizado esta vez por una detallada descripción de los procedimientos permitidos. Una importante provisión toca a la utilización de la mejor información disponible. Su cambio se considera apremiante porque en su forma tradicional pro­porcionaba cobertura al empleo de la información proporcio­nada por las propias empresas denunciantes (sobre todo en Estados Unidos).

Enfoque político-jurídico

El desarrollo de las AD como un principal regulador del comer­cio internacional reposa en una literatura político-jurídica que tiene por común denominador la igualdad entre discriminación de precios y práctica desleal.De estas condiciones se derivan cuatro razo­nes por las cuales se recomienda la preservación de las legisla­ciones ad. La primera señala que la autoridad comercial puede corregir las restricciones anticompetitivas en el mercado nacio­nal, pero carece de competencias para realizar esa labor en otros países. La segunda advierte a su vez que la venta de un producto a precios inferiores a los costos de producción puede agotar los recursos de la empresa si no beneficia de apoyos gubernamen­tales, pero si beneficia de éstos la estrategia puede tener una duración indefinida. La tercera, por su parte, afirma que es po­sible conocer en detalle las estrategias anticompetitivas en el marcado nacional, pero es bastante más difícil identificarlas en otros mercados. Finalmente, que los competidores encuentran localmente circunstancias iguales en materia de costos de capital, leyes y regulaciones sobre las inversiones, lo cual no ocurre en el ámbito internacional, donde varían de país El argumento del desconocimiento de otros mercados presupone la existencia de una inclinación general de las empresas por el dumping, una conjetura carente de validación y que de ser cierta destruiría los fundamentos del comercio in­ternacional. Otras caracterís­ticas de estos mercados van en el mismo sentido: corrupción, lagunas legales, inestabilidad institucional y política, mercados de capitales pequeños, acceso menos expedito a servicios especia­les, mayores dificultades en el transporte y la infraestructura.

Enfoque económico

La hipótesis económica del dumping se basa en la formalización de los principales datos del fenómeno de discriminación de pre­cios. El modelo tradicional considera una relación de intercam­bio comercial compuesta de una empresa monopolista (E) y dos mercados segmentados (el consumidor nacional no puede ac­ceder a los bienes exportados), uno nacional (Mn) y el otro de exportación (Me). Se asume que las exportaciones de E son alta­mente sensibles al precio externo (Pe) y Mn y Me están suficiente­mente segmentados como para permitir un precio nacional (Pti) más elevado; es decir, el dumping. Siguiendo la lógica de maximización de beneficios, E buscará igualar el ingreso marginal en el Mu al coste marginal en cada mercado. Con este fin producirá el bien en cantidades suficientes para satisfacer la demanda nacional y exportar el resto. Obsérvese que la fabricación de todo producto adicional es igual a. Pe y éste se mantiene constante o puede bajar en razón de la elasticidad en la demanda de Me (se asume que su elasticidad es igual a la suma de todos los Me). El aumento de las ventas en el mercado nacional, por el contrario, tiende a reducir el precio nacional, eliminando el estímulo a la producción adicional. En consecuencia, la diferencia Pn - Pe ocurrirá en función del ingreso marginal en cantidades determinados por éste.

La diferencia Pn > Pe incluye entre sus manifestaciones al denominado dumping permanente o depredador, aunque constituye una parte pequeña de los casos reales.

Acciones ad estadounidenses contra productos latinoamericanos

En agosto de 2004, Estados Unidos mantenía abiertas 37 inves­tigaciones antidumping contra las importaciones latinoamericanas: 14 dirigidas a productos brasileños, diez contra productos mexi­canos, seis contra argentinos, una contra las ventas de Chile también una en el caso de Venezuela. En conjunto, estas acciones representan 23 por ciento del total, un número elevados sí se considera que se dirigen a 6 países de un total de 51 investigación en el mundo.Aun­que la mayor parte se dirige a las economías más grandes de la región -Argentina, Brasil y México aglutinan 70 por ciento del total, también incluye a países de economía mediana, como Colombia, Chile y Venezuela, e incluso algunas de menor talla, Ecuador, Costa Rica y El Salvador.

Costos directos e indirectos de las AD

Los costos de las AD pueden dividirse en dos categorías: directos (derechos ad) e indirectos (costos administrativos). Respecto a los primeros, cabe advertir que la falta de evidencia circunstanciada sobre los pagos erogados por cada empresa impide un análisis más profundo. En el caso de las ad estadounidenses se puede asumir un margen promedio de dumping, que el periodo 1982-2000 es de 37.9 por ciento en el caso de las empresas con numerosas solicitudes, y 49 por ciento cuando se trata de la primera demanda de investigación.

En una década, la pérdida ocasionada por las ad que no demostra­ron dumping fluctuó entre 15 y 20 ad valorem, po­niendo de relieve el otro componente de los efectos de esta normativa: los costos administrativos y sus diversas fuentes. Entre estas últimas, podemos destacar dos. El primero consiste en la modificación de los precios y del comportamiento productivo sobre la base de señales contradictorias. El hecho de que la elec­ción del método para determinar el dumping esté a discreción de la autoridad correspondiente y de que la empresa afectada no pueda anticipar el resultado de la investigación, orienta a esta última en el sentido de incrementar el precio de sus productos para evitar márgenes elevados de dumping. El segundo es la búsqueda de acuerdos con las empre­sas denunciantes. En los hechos se trata de una reacción a la relativa facilidad con la que las empresas estadounidenses pue­den solicitar el inicio de una investigación ad y al propio hecho de su duración.

El reverso del proteccionismo

Las investigaciones antidumping también tienen efectos costosos para el país donde se inicia el caso. Así como en el hecho de que su aplicación no parece inhibir el dumping. Otro costo para Estados Unidos resulta de su involuntaria contribución a la propagación de las investigaciones AD

De manera abrumadora, se trata de productos metalúrgicos, aunque también están representadas la petro­química y la agroindustria .Esto implica no nulo un esfuerzo administrativo decreciente, sino mayor habili­dad para lograr resultados afirmativos. Por su parte, si bien el conjunto de la región dispone de legislaciones AD, su aplicación muestra lagunas operativas, escasez de asistencia jurídica y una limitada capacidad institucional ejemplificada por la ausencia de manuales de procedimiento. A estas condiciones se agregan los problemas de respuesta de las empresas latinoamericanas frente a investigaciones AD, ocasionados por las diferencias lingüísticas (el intricado lenguaje de las instrucciones de los cuestionarios estadounidenses carece de versión en español), las menores ca­pacidades administrativas y, sobre todo, el mayor peso del gas­to en materia de derechos ad y asistencia jurídica en el país demandante. En suma, la reforma o sustitución de las legisla­ciones ad representan un importante objetivo para América latina y un punto de convergencia en el marco de las negocia­ciones del alca y la Ronda Doha de la omc.

Disparidad intra latinoamericana

El paso de la protec­ción arancelaria al uso intensivo de las regulaciones contra el comercio desleal no es el hecho de la inmensa mayoría de países del Hemisferio. Cinco países de América Latina todavía no han iniciado ninguna investigación y otros siete las han emprendido en máximo siete ocasiones, casi una acción ad cada dos años y en general solicitada por primera vez, lo cual les confiere a los agentes económicos y gubernamentales una mínima experiencia.

Alternativas en las negociaciones en curso

La preocupación por el menor desarrollo del sector producti­vo de América Latina está parcialmente reflejada en la propues­ta de Art. 15 del sadc en el tercer borrador del Tratado del alca: Se reconoce que los países desarrollados Parte del Acuerdo del alca debe­rán tener particularmente en cuenta la especial situación de los países en desarrollo Parte del Acuerdo del alca cuando contemplen la aplicación de medidas antidumping [o compensatorias] en virtud del presente Acuerdo. Antes de la aplicación de derechos antidumping o compensatorios se hará a los exportadores una propuesta de compromiso de precios o se dará oportunidad para que el país exportador elimine los programas de subvención según sea el caso.

Alternativas dentro de la normativa vigente

Aunque el reemplazo de las AD por políticas de competencia constituye una alternativa óptima, existen razones para pensar que en las actuales condiciones su implementación resulta prematura. La primera es el apoyo político del que benefician las AD en Estados Unidos, el socio del cual se esperan las mayores concesiones en la materia. De manera conexa, la existencia de un candado negociador: la Autoridad de Promoción Comercial (tpa, por sus siglas inglesas) fue aprobada en 2001 con un recorte que impide al Ejecutivo negociar las leyes de remedio comercial. Esta limitación fue apoyada no sólo por los congresistas, sino por las mayores organizaciones sindicales estadounidenses, sobre todo la Federación Local Americana Congreso de Organizaciones Industriales (afl-cio) y la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de América (uswa), entre otros. No sorprende, en este contexto, que los representantes estadounidenses se hayan declarado en la mesa de negociaciones "vigorosa mente opuestos" a cualquier cambio o enmendadura de las leyes de remedio comercial y hayan hecho de su conservación una de sus metas principales en la elaboración del Tratado. Para el Representante Comercial estadounidense, las medidas antidumping y las políticas de competencia se refieren a problemas mas distintos y, por consiguiente, no son intercambiables (usth 2001).

La segunda tiene que ver con las dificultades de implementar un cambio de la magnitud propuesta por el Art. 19. En las regiones donde ha tenido lugar la substitución de ad por políti­cas de competencia (en la Unión Europea y en la Unión Adua­nera entre Australia y Nueva Zelanda), ha sido necesario un proceso de dilatados tiempos. Si nos atenemos a los calendarios del alca o los tratados bilaterales recientes con Estados Unidos, la eliminación de la normativa tendría que esperar al menos has­ta el lustro 2015-2020.

Política de privatización

La política de privatización se considera básica para el desplie­gue de la reestructuración económica, sobre todo por su decla­rado vínculo con otros grandes objetivos, la reconversión industrial guiada por el incremento en la eficiencia y la estabili­dad macroeconómica. Su aplicación ha enarbolado como justi­ficación la hipótesis de que la administración privada responde mejor que la pública a la racionalidad económica y la búsqueda de competitividad de las empresas.

De distinta índole es la incidencia de esta política sobre los procesos subregionales. El abandono de los proyectos de in­dustrialización conjunta en Centroamérica y la zona andina en la década de 1970, fue seguido de una serie de privatizaciones que permitieron la pérdida de contacto con las estrategias empresa­riales. Más aún, el posicionamiento de las multinacionales en ra­mas altamente exportadoras, hizo que la planificación productiva (incluyendo las opciones de encadenamiento y sustitución de insumos) fuera sustituida por la estrategia de las casas matrices  de mantener una estrecha sintonía con los precios internacionales relativos.

La consolidación de las prácticas transnacionales redu­ce los márgenes de maniobra para la aplicación de alternativas heterodoxas.

Inversión extranjera directa y el sector externo

La captación de la ied tiene por objetivo la reconversión productiva y el mayor acento en las ventas internacionales, aunque la literatura de especialidad no es unánime sobre sus efectos positivos. La reconversión in­dustrial orientada a la exportación, se asienta a su vez en diversas previsiones teóricas que ven en las exportaciones una importan te fuente de crecimiento económico. Su arribo a América La­tina comporta dos etapas. La primera fase se caracteriza por la adquisición de las empresas¹ ^estatales, empezando por las mejor posicionadas desde el punto de vista de la eficiencia o el control de mercado. La segunda y más pro­longada, se orienta a la industria manufacturera de exportación, sobre todo pasiva o maquiladora. Sin embargo, la estrategia varía de país a país. En México y la Cuenca del Caribe, persigue el abaratamiento de los costos de producción y la integración a las cadenas productivas sobre todo estadounidenses, trátese de industrias de alta tecnología (electrónica y automotores) o inten­sivas en mano de obra (textiles y vestimenta). En América del Sur, por el contrario, la ied se dirige principalmente a las fuentes de producción de materias primas, como el petróleo, el gas y la minería en general, y el sector de servicios (telecomunicaciones, energía, infraestruc­tura y finanzas, CEPAL.2004c).

 De entrada se observa su creci­miento en América Latina a lo largo de prácticamente toda la década de 1990, con una inflexión en 1995. Sin embargo, luego de 2000 el arribo de estas inversiones sufre una pronunciada involución, que las lleva en 2003 a tener cifras menores a 1997. Las varia­ciones en el flujo hacia América Latina son más acentuadas que en otras regiones. Si aplicamos el coeficiente de correlación, po­demos observar que el flujo mundial y las entradas a los países desarrollados guardan una correlación es casi perfecta (0.998), mientras que los flujos totales y las entradas a América Latina y el Caribe arrojan un coeficiente bastante menor (0.678).

Corno consecuen­cia, de las 50 empresas transnacionales más importantes estacio­nadas en la región, sólo 12 tienen filiales en los países de la CAN y ninguno en el mcca. Estos efectos han sido favoreci­dos por una política que privilegia la atracción cuantitativa antes que cualitativa de los flujos. Una estrategia regionalista efectiva necesitaría un cambio de criterios, capaz de considerar el enca­denamiento productivo regional cómo una de sus opciones y no la-exclusiva concentración productiva en las economías gran­des de la región.

Política cambiaria

La relativa estabilidad que proporcionaba el cambio fijo al comer­cio y las inversiones internacionales, incluyendo un mayor con­trol de los riesgos de inflación, se reemplaza por un régimen que privilegia los equilibrios ágiles en la balanza de pagos, pudiendo reducir los costos del ajuste en la parte real de la econo­mía, aunque no por ello se controla mejor la inestabilidad cambiaría.

En el cambio fijo la decisión de devaluar la moneda está asociada a la promoción de la oferta exportable mediante el abaratamiento de los bienes localmente producidos; el encarecimiento de las importaciones permite a su vez reequilibrar la balanza de pagos. En el régimen flexible, la volatilidad y su consecuente incertidumbre impiden anticipar la intensidad y los efectos de las va­riaciones en el corto plazo.

Las principales al­ternativas de un mercado común giran en torno a las ventajas de la coordinación de políticas en el ámbito cambiario. Uno de los modelos que ofrece la teoría es la creación de una 'zona objetivo' capaz de permitir la libre fluctuación de las monedas regionales en torno a una tasa de equilibrio. Los agentes económicos se abstienen de defender la zona objetivo, aunque utilizan los instrumentos de política cuan­do se trata de desalentar los ataques especulativos "Un meca­nismo de fecha anterior que coincide con esta idea es el Sistema Monetario Europeo (sme). En esencia, el Sistema consta de una moneda cesta y de instancias regionales con funciones de coordinación e intervención en las fluctuaciones cambiarías. Otro modelo de referencia es la unión monetaria. Su operación no tiene efectos positivos garantizados, ya que de­pende del grado de movilidad del trabajo, de la apertura eco­nómica recíproca y la diversificación industrial de una región. Por otro lado, si se desea evitar las terapias de choque, la implementación de la unión involucra procesos dilatados. Para asegu­rar su factibilidad, durante una década la ue adoptó cinco criterios de convergencia capaces de asegurar la transición de un régimen cambiario casi fijo (el sme) a la unión monetaria de un conjunto elevado de países.

La eliminación casi completa o completa de la conversión de monedas puede permitirle a América Latina la estabilidad cambiaría y mejores condiciones para el intercambio comercial y los flujos financieros.

 El primer modelo podría adoptar al dólar como 1 moneda ancla, pero antes que nada requiere acortar las diferen­cias en los ciclos económicos latinoamericanos. Entre 1991 y 2003, los mínimos y máximos de la tasa anual de variación del PIB de 16 países de la región fue de 9 y 17 puntos en 8 de un total de 13 años; sólo en 1997 la diferencia fue de 5.6 puntos, bastante elevada por sí misma. Como consecuencia, la desvia­ción estándar del pib latinoamericano es igual o superior a 3.2 en siete años. La lógica que plantean estas dis­paridades de los ciclos económicos es.de tipo feed-back: Para recortar la volatilidad en la evolución del pib es necesario proce­der a la armonización de las políticas fiscales y monetarias re­gionales, aunque a medida que se cierra la brecha en los ciclos económicos, nuevas oportunidades se ofrecen al desarrollo de la coordinación monetaria.

A modo de resumen

Si se consideran las características y el contexto del nuevo regionalismo, su promesa económica apa­rece subordinada a las reformas estructurales y a la inserción al mercado internacional, incluyendo en este último caso a los acuer­dos Norte-Sur. Los acuerdos se dejan guiar por una lógica de mer­cado internacional en la modalidad de la atracción de ied y la creación de acuerdos Norte-Sur. Finalmente, en la misma medi­da que las reformas estructurales "continúan propulsando el pro­ceso de integración en el Hemisferio Occidental" el modelo norteamericano de integración echa raíces en la agenda negociadora regional, la ausencia de un regionalismo anclado en la promoción de la interdependencia latinoamerica­na favorece el reordenamiento de los vínculos económicos in­ternacionales en función de la oferta y la demanda de las economías industrializadas.

III

Los procesos de integración formal

5. Desempeño de las uniones aduaneras latinoamericanas 

Existe un espacio institucionalizado que deno­minamos subregional, el cual da cobertura a proyectos específicos de integración. Los tres esquemas de integración más impor­tantes el mcca, la can y el mercosur operan dentro de estas particularidades, aunque no por ello dejan de ser afectados por las tendencias generales, en particular al momento de perfeccio­nar sus uniones aduaneras. Para substanciar este aspecto de la integración formal, el presente capítulo aborda las característi­cas y desafíos de dichos esquemas desde las siguientes perspec­tivas: a) el arraigo de su convocatoria; b) la cobertura institucional; c) el grado de cohesión intra-grupo, y d) la definición del arancel externo común, principal desafío en la creación de las uniones aduaneras.

Mercado común centroamericano

Antecedentes

El 13 de diciembre de 1960, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua suscriben el Tratado General de Integración Centroamericana por el cual se crea el mcca. Los numerosos y antiguos antecedentes de este esquema, al cual adhiere Costa Rica recién en 1962, dan constancia del arraigo de su convoca­toria. El anhelo unionista está presente en el Istmo desde su separación de México el 22 de noviembre de 1824, cuando se transforma en una federación dotada de instancias ejecutivas, legislativas, jurídicas, una moneda y una política externa comu­nes. A esta unificación de las antiguas provincias de la Capitanía de Guatemala, disuelta en 1839, le siguen otros esfuerzos de vigencia efímera: la Confederación promovida por Morazán en 1840, la Unión Centroamericana de Vasconcelos, en 1850, y la unión de los Estados de la América Central de 1885. En el siglo XX, las cinco repúblicas aprueban el 9 de septiembre de 1921 la Constitución Política de la República de Centroamérica.

El mcca hasta la década perdida

El mcca cuenta desde su creación con una estructura institucio­nal que da amplia cobertura a las distintas facetas de su unión aduanera. El órgano superior directivo está a cargo del Consejo Económico, integrado por los ministros de Economía de cada país miembro, el Consejo Ejecutivo, por su parte, pretende imprimir eficacia decisional al esquema apoyándose en las polí­ticas elaboradas por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (siega); el Banco Centroamericano de Inte­gración Económica (bcie) tiene por misión contribuir al financiamiento del desarrollo industrial equilibrado de los países miembros. El Tratado General se concentra en la integración productiva; la supervisión de los asun­tos monetarios es competencia de la Cámara de Compensación Centroamericana (CCC) y el Consejo Monetario Centroamerica­no. Un acuerdo entre los bancos centrales centroamericanos suscrito en 1961, establece como principal meta de la CCC la facilitación de los pagos y el uso de las monedas centroamerica­nas para el intercambio comercial. El mecanismo opera con compensaciones semestrales, empleando divisas convertibles en el caso de los saldos netos remanentes El principal objetivo del mcca, la creación de un mercado ampliado (Art. 2 del Trata­do) es previsto como la perfección automática de una zona de libre comercio y la adopción de un arancel externo común en cinco años.

El comercio de manufacturas, que inicialmente abarca a 41 por ciento de las transacciones, al final del periodo representa 88 por ciento del total de la producción, posicionando a este mercado como al­ternativa viable para la industria de valor agregado. Los desajustes presupuestarios y el déficit de la balanza de pagos llevan a los países a modificar la normativa sobre desgravamen y a elevar los aranceles de los productos centroamericanos. En la década de 1970 y parte de 1980, el Istmo es el escenario de las confrontaciones Este-Oeste, expresadas en las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El proceso de integración es sustituido por estrategias de alcance bilateral, lo cual anula los avances en materia de liberalización intra-grupo y definición del arancel externo común.

Reforma del esquema y desempeño exportador

Recién a finales de la 'década perdida', Centroamérica puede hacerse eco de una tendencia relativamente uniforme hacia la recuperación económica y política. El relance del MCCA toma lugar en 1991 mediante la adopción del Protocolo de Tegucigalpa, a través del cual los gobiernos reforman la Carta de San Salvador, instrumento constitutivo de la odeca. Sus líneas de acción disponen la reactivación del arancel externo común (con la denominación de Arancel -Uniforme Centroamericano) y la liberalización comercial. Este último objetivo se inicia con una etapa consagrada primeramente al control de la dispersión aran­celaria dentro de los márgenes de 5 y 20 por ciento. Su aplica­ción es gradual, dependiendo del nivel de preparación alcanzado por los países miembros. Poco después, el Protocolo de Guate­mala firmado en 1993, impulsa la práctica totalidad de los ob­jetivos del Tratado General: los programas de libre comercio y de unión aduanera, la movilidad de factores, la integración mo­netaria y la estrategia de relaciones exteriores del esquema.

El proceso abarca gradual­mente a todas las importaciones y hacia 2002 incluía tan sólo algunas excepciones: el café sin tostar en el caso de Costa Rica y Honduras; el azúcar de caña y el café sin tostar en toda la agru­pación; los derivados de petróleo y las bebidas alcohólicas en Honduras, y el alcohol etílico en Costa Rica. De 60 medidas que en 2000 todavía obstaculizan las transacciones de bienes centro­americanos, a finales de 2003 sólo quedan 13, de escasa incidencia para el comercio de los países. Debido en parte a estas políticas, entre 1990 y 1998, la exportación centroamericana de bienes manufacturados re­gistra una tasa de crecimiento de 20.6 por ciento anual, por delante de México y de las economías asiáticas de mayor desempeño.

El contenido im­portado de las exportaciones totales aumenta hasta posicionarse en torno a 40 y 44 por ciento, más pronunciado en el caso de la maquila y la zona franca, donde fluctúa entre 70 y 84. En este contexto se produce una merma en las exportaciones, sobre todo del banano y el café, este último afectado por la crisis de los precios internacionales y el parcial abandono de su cultivo. El proceso es compensado por la producción maquiladora de prendas de vestir, con un crecimiento acumulado entre 1995 y 2002 de 136.8 por ciento. En este último año Honduras contribuye en 35.7 por ciento a la oferta exportable centroamericana.

Disparidades intra-grupo

Hace quince años, las exportaciones de Guatemala representa­ban alrededor de 30 por ciento del total centroamericano, simi­lar proporción le correspondía a Costa Rica y Honduras contribuía con casi 20 por ciento. Sólo Nicaragua tenía una par­ticipación bastante menor, 7.5 por ciento. En 2003, por el con­trario, Costa Rica genera alrededor de 50 por ciento de la oferta externa. Otro indicador de estas disparidades es el pib per cápita: en 2001 el ingreso costarricense es 10 veces mayor al de Nicaragua, mientras El Salvador, Guatemala y Honduras ocu­pan posiciones intermedias.

Creación de la unión aduanera

La uniformización de los aranceles externos, central para la crea­ción de la unión aduanera centroamericana, representa el talón de Aquiles del proyecto. El caso del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica, es ilustrativo de este problema. Los miembros del mcca perciben al acuerdo como una fuente de estimulo para la IED y la oportunidad de mejor acceso para sus productos de exportación más importantes, textiles y vestimenta. La creación del área de libre comercio prevé seis categorías de desgravación lineales y dos no lineales, con un plazo máximo de 10 años y 10 de gracia. A pesar de que las Disposiciones iníciales del capta permiten a Centroamérica la profundización de la integración zonal y el fortalecimiento jurídico de sus instrumentos, su implementación implica la continua erosión del AEC centro­americano.

Lo propio acontece en los otros acuerdos creados con la lógica de trascender las limitaciones del mercado centroameri­cano. Aunque el mcca representa el socio natural para 4 de los 5 miembros del acuerdo, su tamaño económico, similar en el pro­ducto y en el nivel de captación de ied al chileno, lo hace alta­mente dependiente del comercio extra-grupo. En su conjunto, esta red de acuerdos no sólo ilustra la in­tención de trascender los confines del Istmo, sino también el limitado compromiso por el establecimiento de la unión adua­nera centroamericana. La liberalización arancelaria prevista en estos acuerdos provoca que el aec se aplique montos de co­mercio cada vez más reducidos, en condiciones heterogéneas y carentes de coordina­ción. En este proceso, la unión aduanera centroamericana se transforma en un instrumento superfluo, donde las institucio­nes del esquema se ven desplazadas por una dinámica que privilegia la forma de integración comercial en desmedro de la construcción co­munitaria.

Comunidad andina de naciones

Antecedentes

El Acuerdo de Cartagena es suscrito por Solivia, Chile, Colom­bia, Ecuador y Perú tras una década de expectativas y experien­cias insatisfactorias dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Su convenio firmado el 25 de mayo de 1969 se presenta como un proyecto subregional de la alalc, de la Gran Colombia firman el 29 de octubre de 1948 la Carta de Quito.

 Uno de los objetivos centrales del Acuerdo de Cartagena o Gru­po Andino, la creación de una unión aduanera, se compone de dos medidas: a) la liberación del intercambio comercial, empe­zando por la disminución de los gravámenes y restricciones exis­tentes entre los, países miembros, y b) la creación de un arancel externo común, con una primera etapa consagrada al estableci­miento del arancel externo común mínimo a más tardar el 31 de diciembre de 1971. Entre sus disposiciones figura el Régimen Común de Tratamiento al Ca­pital y Tecnología Extranjeros, en particular la Decisión 24 so­bre la regulación de las inversiones extranjeras. La Programación Conjunta para el Desarrollo Industrial, "el elemento innovador por excelencia" de la integración andina, se concentra en tres industrias: metalmecánica, petroquímica y automotores.

Reforma del acuerdo

El Protocolo de Quito de 1987 primeramente acerca las posiciones de los países en torno a las líneas generales a seguir; en la Reunión de Galápagos de 1989 los países adoptan el Diseño para la reorientación del Grupo Andino; el Acta de La Paz de 1990, por su parte, acuer­da la aceleración de los calendarios para conformar la zona de libre comercio andina, y el Acta de Barahona de 1991 anuncia la puesta en marcha de la zona de libre comercio a partir de 1992. La definición del arancel externo común se prevé para 1995, aunque este calendario sufrirá continuadas dilaciones. Por lo pronto, en el nuevo enfoque domina la percepción de un proceso guiado por el mercado y no por las políticas, cambio de estrategia que se refleja en la decisión del Acta de Trujillo y el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena de 1996 de sustituir la denominación anterior del esquema por la de Comu­nidad Andina de Naciones.

En 1995, el Acta de Quito establece las directrices de la re­forma institucional del acuerdo, definidas con mayor precisión en el Acta de Trujillo. A diferencia del pasado, reciben mayor énfasis los mecanismos intergubernamentales y la racionaliza­ción del esfuerzo institucional mediante la incorporación de to­dos los órganos de la can al Sistema Andino de Integración.

Tiene por función definir las políticas subregionales, así como orientar el proceso y evaluar sus resultados. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de 1979, continúa siendo en esta etapa el órgano de dirección política y de supervisión del cumplimiento de los acuerdos. Bajo su autoridad se establecen los acuerdos con terceros países y tiene el mandato de coordinar la posición negociadora de la can. La Secretaría General, creada en 1997, hereda el carácter ejecutivo de la Junta del Acuerdo de Cartagena y sus funciones de administración del proceso andino, supervisión del cumpli­miento de los compromisos y elaboración de Decisiones. El Tribunal de Justicia, vigente desde 1985 y ampliado en sus competencias en 1999, tiene jurisdicción territorial en los cinco países. Se consa­gra a la interpretación, aplicación y control de la legalidad de las normas andinas

Los rit­mos de crecimiento son similares en todos los países, excepto en el Perú, cuyo comercio con la CAN se estaciona en torno al 6 por ciento del total. Obsérvese que a partir de 2000 el comercio intra-grupo registra un deterioro combinado de 2 por ciento, más acentuado en los casos de Colombia y Venezuela, hecho que combina los problemas económicos de este último país y el estancamiento de la economía internacional.

Creación de la unión aduanera

La can todavía percibe al aec como un instrumento idóneo para el logro de metas comerciales significativas, tales como, la ampliación definida del mercado; la estabilidad en el mediano plazo; la eficiente y más estable administración del arancel; la mejora en las condiciones de competencia mediante la reduc­ción de las diferencias arancelarias; la mayor capacidad negocia­dora en la perspectiva del ALCA; la preparación de políticas arancelarias más sofisticadas, y el incremento de la confianza en la zona andina.

Estrechez del mercado

Gran parte de estas dificultades en el desarrollo del modelo andino se deriva del hecho de que la can representa un interés secundarlo para la mayoría de sus miembros, visible en la im­portancia adquirida por los mercados .externos. Estos "ven como una mayor oportunidad el mer­cado interamericano", e incluso "el MERCOSUR representa para la mayoría de la subregión, una oportunidad más clara y accesible que el propio mercado común originado en el Acuerdo de Cartagena". Las menores dimensiones económicas se combinan con la inhabilidad para mantener flujos estables de inversión. En el año 2000 la ied alcanza 43.590 millones de dólares, el mayor de su historia, para luego desplomarse a 11.397 millones en 2003. La situación varía de país a país. Venezuela, con excepción del 2002 es el principal destino de las inversiones extranjeras; la segunda captación corresponde a Colombia, aunque el último año de la muestra registra un flujo de ied similar a Ecuador y Perú.

Mercado común del sur

Antecedentes

El Tratado de Asunción, mediante el cual se instituye el Merca­do Común del Sur, fue suscrito el 26 de marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde el punto de vista de la cobertura geográfica y temática representa la ampliación del Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo firmado por Argentina y Brasil el 29 de noviembre de 1988, el primero de su género a nivel bilateral firmado alguna vez por ambos países. Contrario al mcca y la can, los antecedentes del mercosur están polarizados por el antagonismo de los dos socios mayo­res de la agrupación. Esto no desincentiva la rivalidad de los antiguos beligerantes ni favorece su participación en las ini­ciativas de unión latinoamericana que jalonan el siglo XIX. El cambio de actitud se observa en el intento argentino de organizar el Congreso Latino-Americano de 1918. Su objetivo era articular la región bajo la lógica de su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, si bien fracasa por la abstención de los países invitados.

El segundo intento, de mayores consecuencias, es propuesto por Argentina, Chile y Uruguay, además del Brasil en la década de 1950 y está a la base de la alalc. El Tratado de Montevideo de 1960 comprende al conjunto de los países de América Latina con excepción de Centroamérica, organizado bajo un tratado diferente. La forma de integración propuesta es una zona de libre comercio perfectible en el plazo de 10 años en el caso de las economías grandes, y 12 años en las economías pequeñas. Las relaciones argentino-brasileñas vuelven a reactivarse con la conversión de la alalc en un acuerdo de preferencias comercia­les y racionalización de las concesiones bilaterales y plurilaterales, la aladi. El acuerdo firmado en 1980, también en Montevideo, busca aprovechar las ventajas no exploradas hasta entonces de los regímenes preferenciales. El objetivo no es el libre comer­cio entre los signatarios, sino la gradual generalización de las concesiones comerciales acordadas por los acuerdos bilaterales y plurilaterales mediante la Preferencia Arancelaria Regional (par).

Formalmente, la par consiste en una reducción de los aranceles aplicados a terceros países. Su aplicación, cuyo nivel básico es de 20 por ciento, considera tres categorías: a) países de menor desarrollo relativo; b) países de desarrollo intermedio; y c) demás países.

Características y desempeño del Mercosur

A su creación, el mercosur adopta una estrategia desarrollista que ve en el crecimiento de los mercados una condición para la integración y el desarrollo económico con justicia y equidad so­cial. El Protocolo de Ouro Preto busca resolver el 17 de diciembre de 1994 los problemas que se derivan de la escasa institucionalidad del proceso subregional. A los órganos establecidos, se agregan cuatro: la Comisión de Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico Social y la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. Un aspecto que completa el proyecto, es la erradica­ción de la discriminación de los proveedores de servicios, pro­puesta por el Protocolo de Montevideo en 1997 sobre Comercio de Servicios, lo cual implica una parcial movilidad de la fuerza de trabajo.

Creación de la unión aduanera

Igualmente típicos de la integración latinoamericana son los pro­blemas que enfrenta este esquema en la creación de la unión aduanera. El Protocolo de Ouro Preto propuso priorizar la "consolidación" del aec mediante una estructura aran­celaria distributiva entre O y 20 por ciento a partir del primero de enero de 1995. Según el convenio, todavía hay una referencia para la definición de la nueva política aduanera de la agrupa­ción, los aranceles nacionales deberían acercarse de forma anual hasta alcanzar en 2001 un aec pleno en el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, y cinco años más tarde en el Paraguay. La inestabilidad económica del núcleo de la agrupación ocasiona el empleo unilateral de barreras comer­ciales, el debilitamiento del aec mediante la ampliación de las listas de excepciones y el recurso a las reglas de origen para controlar el efecto de las cada vez más diferentes políticas co­merciales hacia terceros países.

El mercosur reacciona ante el exceso de perforaciones creando en junio de 2001 un Grupo de Alto Nivel para revisar la estructura del aec, aunque la presentación de propuestas se pospone en varias ocasiones, la última prevista para el 30 de noviembre de 2004.

6. ensayos de ampliación del mercado

Comunidad sudamericana de naciones

El Área de Libre Comercio de Sudamérica fue pro­puesto por el mercosur a los países .de la can a fínales de 1995. En adelante, el proyecto estuvo sujeto a los vaivenes de la co­yuntura sudamericana y a un triple proceso, bilateral, interesquema y basado en el desarrollo de infraestructuras. Entre octubre de 1996 y abril de 1998, las reuniones de representantes sudameri­canos buscan acercar las posiciones de sus gobiernos con vistas a la creación de un acuerdo marco; con base en éste, en marzo de 1999 se firma el Acuerdo de Preferencias Arancelarias.

Un refuerzo de esta iniciativa tiene lugar siete semanas des­pués, el 9 de diciembre, cuando se crea la Comunidad Sudame­ricana de Naciones sobre la base de los acuerdos ace, la convergencia política de la región y el Programa de Trabajo 2004-2006 de la ursa. La Declaración del Cuzco, suscrita por los países del mercosur, la can, Chile, Guyana y Surinam, se plantea los siguientes objetivos: a) concertación y coordinación política y diplomática; b) perfeccionamiento de la zona de libre comercio MERCOSUR-CAN-Chile, al cual se asociarán Guyana y Surinam; c) integración física, energética y de comunicaciones; d) harmonización de políticas de promoción del desarrollo ru­ral y agroalimentario; e) transferencia de tecnología y coopera­ción horizontal en materia científica, de educación y cultura; f) interacción entre las empresas y la sociedad civil. Mientras se definen los niveles e instrumentos de acción conjunta en las Re­uniones de Jefes de Estado en Brasil y Bolivia, el Perú ejerce la Secretaría Pro Témpore. Nótese que a pesar de la ambición de algunos de sus objetivos otros significan más bien declaracio­nes de principios la csn pretende basarse en "la institucionalidad existente" y "sin que implique nuevos gastos financieros". Esto remite su acción al alcsa y la ursa, resumiendo sus signifi­cados al ámbito político y diplomático.

El objetivo de la caf, promover el desarrollo a través de préstamos a los sectores público y privado, cuenta con un capi­tal que corresponde en 96 por ciento a los países andinos, el restante a otros países de la región, España y bancos privados. En 2002, la cartera total de préstamos suma 5 636 millones de dólares, cuyo peso equivale a poco menos de 2 por ciento del pie de Colombia, Perú y Colombia, 4.6 por ciento en el caso de Ecuador y 8.5 por ciento de Solivia. Su arraigo en los pro­blemas y objetivos de la can ha sido primordial para identificar los proyectos de mayor relevancia o necesidad social de sus miembros. El flar, por su parte, tiene como objetivo principal el apoyo a la solución de desequilibrios en la balanza de pagos a través de asistencia financiera a los bancos centrales. Su flujo ha estado vinculado a la situación de las cuentas nacionales y las reservas en divisas de los países andinos y Costa Rica. Ambas instituciones pueden contribuir en la tarea de coordinar las políticas macroeconómicas al proporcionar una fuente alternativa de recursos con mayor agilidad que los organismos multilatera­les. Un aspecto destacado es el trato preferencial a las pequeñas economías, permitiendo su acceso al crédito por un múltiplo mayor sobre el capital pagado.

Un obstáculo fundamental constituye el bajo grado de inter­dependencia de América Latina, inferior a todas las regiones del mundo, con excepción de África y Medio Oriente. La menor interdependencia regional constituye un reflejo de la vulnerabili­dad de los sectores externos-asociados y nos devuelve al pro­blema de cuáles son los países con los que la integración es más beneficiosa. Sin embargo, el conjunto de sus retos no ensom­brece el potencial económico del alcsa-csn y sus ventajas para la preservación de patrimonio de la integración latinoamerica­na. En ese camino también puede allanar una de las fuentes de complicación del sector externo regional, la profusión de acuer­dos comerciales que jalonan el subcontinente, entre bilaterales y plurilaterales.

El área de libre comercio de las Américas

Desde la perspectiva latinoamericana, la creación del alca pue­de verse como una respuesta perentoria a algunas tendencias críticas de finales de la década de 1980, en particular la persis­tencia del fuerte endeudamiento externo, la desigual competen­cia por la atracción de las inversiones extranjeras, el difícil acceso a mercados desarrollados y la marginación de América Latina de la política de grandes bloques económicos.

Evolución de la propuesta hemisférica

El proyecto empieza a delinearse en 1988 con la adhesión de Estados Unidos a la estrategia de las zonas de libre comercio con amplia cobertura temática. En esta etapa, Estados Unidos firma varios acuerdos marco con países de América Latina destinados a preparar las negociaciones forma­les de un acuerdo hemisférico. La primera materialización del proyecto son los créditos la, otorgados al financiamiento de la deuda externa de Bolivia, Colombia y Chile. La segunda es la creación del primer tratado de libre comercio Norte-Sur del hemisferio, él TLCAN. El documento establece 23 áreas de interés relati­vas a la democratización, educación, medio ambiente, lucha contra la pobreza. El Capítulo 9, titulado "Promoción de la Prosperidad Mediante la Integración Económica y el Libre Comercio", se consagra a la creación del alca. Según sus lineamientos, la primera fase del acuerdo consiste en la elaboración de bases de datos a cargo de grupos de trabajo disciplinarios, apoyados en esta labor por el Comité Tripartito, instancia ad-hoc compuesta por la Organización de Estados Americanos (oea), el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y la Comisión Eco­nómica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (cepal). A pesar de la crisis financiera mexicana de diciembre de 1994 y el virtual cierre de los mecanismos de admisión del tl­can, a mediados de 1995 el proyecto cobra forma en la Re­unión. Ministerial de Denver, Colorado, cuando se crean siete grupos de trabajo.

Elegibilidad estadounidense

Estados Unidos plantea varias condiciones para la realización de acuer­dos de libre comercio. Las principales listas de requisitos se in­cluyen en la Sección 202 de H.R. 553 y en el Anexo 4 del Memorando interdepartamental Política comercial hacia Latinoamé­rica después del TLCAN del 22 de noviembre de 1993, ampliamente difundido en vísperas de la entrada en vigencia de este último Tratado. La Sección 202 incluye una serie de reformas que guardan similitud con las reformas estructurales de América Latina: eliminación de los subsidios a las exportaciones; recipro­cidad en el acceso a mercados; membrecía de la OMC; disciplina fiscal; progreso en la protección de la propiedad intelectual; abolición de barreras al comercio de bienes y servicios; trato nacional a las inversiones extranjeras, además de tener una estra­tegia de inserción a la economía internacional convergente con los objetivos comerciales con Estados Unidos. El Anexo 4, por su parte, combina elementos de alta condicionalidad con otros que representan, al menos en apariencia, un reducido obstáculo. Durante esta fase del proyecto hemisférico existe la duda de y que el requisito de la importancia económica para Estados Unidos' implica la exclusión de gran parte de los países de la región. En 1994, sólo Brasil y Venezuela tienen una participa­ción ligeramente superior a 1 por ciento en las importaciones de Estados Unidos; el resto de América Latina 15 países suma apenas 2.75 por ciento.

El formato de las negociaciones

El aspecto que genera mayores discrepancias entre las dele­gaciones se refiere a las fases de la negociación, por cuanto im­plica el desglose o, en su defecto, la negociación conjunta de las disciplinas comerciales. El mercosur hace una propuesta de tres fases. En la primera se incluyen procedimientos aduaneros; nor­mas y obstáculos técnicos, y medidas sanitarias y fitosanitarias. En la segunda fase, acceso a mercados; inversiones; normas y obstáculos técnicos; medidas sanitarias y fitosanitarias; subsidios, antidumping y derechos compensatorios compras gubernamen­tales; servicios; propiedad intelectual, y solución de controver­sias. En la tercera fase, desgravamen arancelario; procedimientos aduaneros y normas de origen inversiones eliminación de subsidios; acceso de los servicios; adopción de políticas hemisféricas en materia de competencia, y harmonización de otras disciplinas. La ubicación del desgravamen arancelario en la última fase parece obedecer al deseo de los países del Cono Sur de subordinar esta disciplina a los resultados que se alcancen en la negociación de las barreras no arancelarias. Inicialmente Estados Unidos propone un pro­ceso en dos etapas, aunque luego se suma a las iniciativas de Canadá y Jamaica de negociar en una etapa única, que es final­mente la que prevalece. Las diferencias entre las delegaciones se allanan sobre todo con el acuerdo Clinton-Cardoso de finales de 1997, cuando se adoptan tres criterios generales: a) negocia­ción simultánea de temas y sectores según el procedimiento de la Ronda Uruguay; b) gradualidad del proceso en función del tiempo que necesite cada disciplina y c) búsqueda de equilibrio entre las posiciones nacionales como instrumento de conciliación de la heterogeneidad de intereses.

Bilateralismo implícito

En es­tas circunstancias, cada país de la región repite los objetivos y sólo en el caso del mercosur se aprovecha esta situación para coordinar esfuerzos. Entre las naciones de la can y del mcca, los portavoces grupales carecen de representación oficial y en su lugar prima una 'disciplina' más declarativa que real.

IV

Operación de las preferencias y comercio administrado

7. del bilateralismo al sistema radial: el caso de México

El desempeño y los objetivos del subregionalismo lati­noamericano se han visto continuamente rebasados por coyunturas críticas que exigían mayor cautela o la reversibilidad de las concesiones grupales, y por nuevas interde­pendencias que, a su vez, tendrían a individualizar las agendas comerciales. Para precisar los costos de esta estrategia, poco atendidos por la literatura de especialidad, el análisis se concentra en el caso de México, sui generis desde distintos puntos de vista, aunque relevante para comprender esta nueva dimensión del bilateralismo.

Evolución del bilateralismo latinoamericano

Los primeros acuerdos bilaterales remontan a los primeros años de la Independencia, cuando las nuevas repúblicas hispanoame­ricanas concluyen tratados separados de 'amistad, comercio y navegación' con el Reino Unido y con Estados Unidos. En un principio el carácter bilateral de esta estrategia responde sobre todo a la iniciativa extra-regional, deseosa de imponer condi­ciones variables con el máximo aprovechamiento para las ex­portaciones británicas y estadounidenses. Con el andar del tiempo, sin embargo, la creciente heterogeneidad de las economías lati­noamericanas crea la necesidad de agendas específicas. Los acuer­dos anteriores a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (alalc) se caracterizan por su incompatibilidad, basados en no­menclaturas ad hoc o referencias globales a los productos bene­ficiarios de las preferencias. A partir de los años de 1960, el universo temático y la profundidad de los acuerdos bilaterales adquieren un mayor grado de estandarización, aunque siempre reflejando las políticas y prioridades económicas individuales de cada país.

Categorías de los acuerdos

Con la creación de la aladi en 1980 se inicia el bilateralismo de estructura compatibilizada, más flexible en sais- objetivos con­forme a su identidad como acuerdo preferencia, por primera vez aceptado dentro del gatt. Entre 1980 y 1985 se firman 30 acuerdos de Renegociación del Patrimonio Histórico de la alalc y dos age bajo la denominación genérica de Acuerdos de Pri­mera Generación (apg).' La mayor parte también tiene por ejes a Argentina, Brasil y México, referidos a industrias con alto valor tecnológico. Su reducido ámbito de aplicación se refuerza con el hecho de que son negociados producto por producto, con prefe­rencias estáticas, cupos y amplias listas de excepciones. La crisis de la deuda determina que estos acuerdos tengan una función restrictiva, cuando no superficial en el intercambio de bienes.

Estas iniciativas se presentan como un avance en las negociaciones de libre comercio y tienen un impacto indirecto sobre la profundización de la preferencia re­gional de la aladi. Según las proyecciones de la Secretaría de la aladi, se espera que en 2007 alrededor de 87 por ciento del comercio liberalizado se ampare en estos acuerdos y articule a 44 de las 66 relaciones bilaterales intra-ALADl.

Justificaciones teóricas

La justificación teórica de los acuerdos creados en los años de 1990 suele enmarcarse dentro del regionalismo abierto, oficial en gran parte de América Launa desde la Cumbre Iberoamericana celebrada en junio de 1994. Según Krugman, el número de acuerdos comerciales tiene dos efectos posibles: incrementa el bienestar porque se acerca a la situación óptima de libre comercio gene­ral, u ocasiona perjuicio porque aumenta el arancel óptimo, más elevado cuanto mayor sea un bloque económico. Bajo esta pre­sunción, el vínculo entre el aumento del bienestar y el número de acuerdos comerciales se describe como una curva 'V', donde el estado óptimo corresponde a una zona de libre comercio única; el segundo óptimo ocurre cuando los acuerdos se multi­plican hasta sumar veinte, cifra que simboliza un mundo alta­mente segmentado; la situación más perniciosa.

La concentración en un mercado exportador

A primera vista, el elevado crecimiento del comercio exterior mexicano justifica la estrategia mexicana de inserción a la economía internacional a través de acuerdos de libre comercio, en particular el tlcan. A raíz de su implementación, las ventas internacionales de este país pasan de 52 mil millones de dólares en 1993 a 175 mil millones en 2003, posicionándolo entre los prin­cipales diez exportadores del mundo. Sin embargo, las causalidades que explican este auge todavía están sujetas a con­troversia, sobre todo porque no existe un método que permita disociar los. tres determinantes del periodo: el proceso de rees­tructuración económica iniciado en los años de 1980; la inciden­cia en el abaratamiento de la producción local que tuvo la crisis financiera de 1994-1995, y la apertura del mercado estadouni­dense a través del Tratado.

Son varios los factores que explican la ausencia de diversi­ficación. El primero está dado por la proximidad geográfica y la inusitada expansión de la economía estadounidense en la dé­cada de 1990. Diez años seguidos de crecimiento del pib supe­riores a 4 por ciento anual en su vecino representan un estímulo sin rival para el sector externo mexicano. El segundo se refiere a la industria emblemática de la relación bilateral, la maquila. Su peso en el sector externo, se combina con el hecho de que las estra­tegias de comercialización e inversión de esta industria son con­ducidas desde o para el mercado estadounidense desde un patrón gerencial entrampado en la relación bilateral. Esto se combina con la importancia que tiene la ied de ese país para la industria y •la balanza de cuenta corriente de México. Otro factor de la concentración en un solo mercado se ori­gina en las características de la exportación no-maquiladora. Su déficit crónico se explica sobre todo por la dependencia frente a las importaciones de bienes de capital, en su mayoría de Esta­dos Unidos. A esto contribuye el problema del paralelismo pro­ductivo con otros países de América Latina, el cual determina la escasa demanda latinoamericana de petroquímicos, productos agropecuarios y extractivos.

Diversificación de mercados mediante acuerdos bilaterales

La concentración bilateral ha promovido en México la creación de incentivos a la diversificación de mercados, en particular mediante acuerdos comerciales. La mayoría de los convenios bilaterales se concluye con América Latina, mientras que los tra­tados con la UE y la efta pueden considerarse plurilaterales. Si bien en la mayoría de estos casos se observa excedentes comerciales, el sector externo tiende a una integración cada vez más estrecha con la economía estadounidense. Para revertir este fenómeno, las estrategias productivas na­cionales deberían afectar su propia estructura en función de mercados alternativos, proceso que no pueden realizar los acuer­dos por sí mismos. Obsérvese que, salvo el reciente acuerdo con la Unión Europea, cuyo tamaño económico permite colo­car una parte mayor de las exportaciones sobre todo con parti­cipación de capital europeo, los restantes acuerdos representan una opción marginal para México.

La múltiple membrecía mexicana

La pobreza de resultados de la estrategia de diversificación de mercados mediante acuerdos bilaterales podría deberse en al­guna medida a un factor adicional poco observado: los costos administrativos de la múltiple membrecía. Debido a la menor cobertura geográfi­ca de los acuerdos, los mercados internacionales se presentan al exportador de manera fraccionada. En otros términos, a me­nor cobertura geográfica de los acuerdos, le corresponde un grado de atomización mayor del mercado internacional. Antes de la estimación de los costos administrativos de esta dispersión es necesario profundizar en la compleja estructura de las RO.

Medición del origen de una mercancía

Para entender su operación tomemos el caso de la importación de hilado sintético de un país de fuera del tlcan para la fabricación y posterior exportación de tela sintéti­ca a Estados Unidos. Debido a que los insumos y el producto final se encuentran en capítulos diferen­tes, se dice que el bien califica como originario y puede beneficiarse de la exención de aranceles en el mercado de destino. Sin embargo, nada explica las razones de esa clasificación, salvo que subyacen a intereses corporativos. Más aún, la ausencia de un referente fijo en el cambio en los dígitos provoca la proliferación de reglas de origen específicas.

Si la mercancía no cumple con el CCA, se permite al exporta­dor la utilización del cr. Su cálculo se puede basar en el valor de transacción o el coste neto. Se utiliza este segundo método cuando el grado de transformación no es captado por el salto arancela­rio. En apariencia simple, el cr confiere origen a la mercancía cuyos insumos extranjeros no violan el contenido mínimo esti­pulado en los tratados. Retomemos el caso de la exportación de tela sintética, cuyo CR en el tlcan es 60 por ciento del valor de la transacción o 50 por ciento del coste neto. Para que la mercancía califique según este método, el contenido regional expresado como porcentaje (vcr) debe ser igual o superior al cr:

VCR = VT - VMN / VT   100  

Donde VT representa el valor de transacción y vmn el valor le los materiales no originarios utilizados en la fabricación de la mercancía. El coste neto emplea una fórmula idéntica ajustando e1 valor de contenido regional al porcentaje establecido por el cuerdo. El cr se utiliza principalmente en el caso de calzado, productos químicos y maquinaria. En el fondo, refleja la necesidad de rescatar aquellos insumos y costes intermedios que no son considerados por el CCA, ya que desagrega los procesos productivos en el mayor número posible de partes identificables. Desde una perspectiva general, la relación de estos métodos puede verse como un flujo grama de opciones simples y lineales. El tlcan otorga prioridad al cca y a la determinación del país donde se fabrican los componentes extranjeros; menos importante resulta el lugar donde se realiza el embalaje, la ope­ración industrial más importante o la última etapa de la manu­factura. En total se tiene una jerarquía de seis reglas de origen. Otros acuerdos firmados por México prevén me­nores alternativas, incluyendo el caso de la aladi, donde el pro­cedimiento considera sólo una regla, el CCA, además de aquélla que se refiere a los productos enteramente producidos en el país.

Atomización del acceso a mercados preferenciales

Para profundizar en las condiciones de acceso a múltiples mer­cados preferenciales, es necesario referirnos al sistema eje-rayos mexicano desde el ángulo de perspectiva de una empresa que busca diversificar sus mercados de exportación. Nuestro ejemplo, la industria mexicana de fibras sintéticas discontinuas sin procesar, incluidas en el capítulo 54 del sa, permite algunas venta­jas metodológicas. Éstas son: a) hasta su estancamiento en 2000, representa la rama más dinámica de la industria de textiles; b) su grado de diversificación se cuenta entre los más altos de la rama, con nichos de mercado en Estados Unidos (o el tlcan), Argentina (aladi), Chile (tlcmc), Bolivia (tlcmb), Costa Rica (tlcamc-r), Ecuador (aladi) y El Salvador (tlc-tn); c) a pesar de esto, la balanza sectorial es deficitaria (265 millones de dólares de exportaciones contra 856 millones de importaciones) y, en ese sentido, registra mayor presión para ampliar su oferta externa.

Costes administrativos

Por lo general, los exportadores mexicanos solici­tan a la Subdirección de Auditoria Fiscal Internacional de la Se­cretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) un dictamen anticipado sobre el origen de sus productos. El documento que emite esa instancia confiere credibilidad al certificado de origen ante el país importador, pero no implica una cesión de obligaciones legales. El empresario es el único responsable de la vera­cidad del proceso de facturación. Para evitar circunstancias adver­sas, él requiere estar familiarizado al menos con los procedimientos aduaneros y los mecanismos de solución de controversias, además de las funciones de los comités especiales o de administra­ción de requisitos y las oportunidades que proporciona el acuerdo para flexibilizar la regla de su producto. El proceso originario en su conjunto le genera a las empresas una serie de gastos que incluyen: a) la contratación de personal específico para el contacto con las autoridades competentes, el seguimiento del proceso de facturación, las operaciones gerenciales para ordenar y clasificar la información, y realizar el trámite' correspondiente para obtener el certificado de origen; b) monitorear

precios e insumos y, en caso de tener sustitutos imperfectos, adaptar la producción para que el producto final califique bajo diferentes RO; c) la ocasional contratación de peritos en derecho aduanal, principalmente cuando las autoridades del país importador aducen subfacturación o piden información adicional bajo esta sospecha; d) contratar asesorías que permitan el diseño de estrategias para preservar los intereses de la industria en la nego­ciación o revisión de los tratados de libre comercio; e) otros costos que resultan de la múltiple membrecía, concretamente la mayor vulnerabilidad frente a errores administrativos, la in­formación incompleta, poco fiable o dispersa, y aumento de los tiempos de respuesta institucional a causa del número de los acuerdos y sus especificidades.

 El único factor que permite la reducción del coste es la capacidad gerencia de las empresas, aunque ésta tiene el límite (l) determinado por irreductibilidad de algunas tareas. Este argumento se puede expresar mediante un coeficiente (l) y dos igualdades. La ecuación describe los costes de las RO según el número de mercados de exportación de la firma. El gasto administrativo originario (G) está en fun­ción de x, el cual expresa el incremento de los costes como consecuencia de la múltiple membrecía

1.    M+G=M_d

2.    M+(G)_L=M_d

3.    M_nd = Md –(1)_L

M = Mercancía (costo neto).

G = Gasto ad­ministrativo.

M = Costo neto de la mercancía diversificada.

M = Costo neto de la mercancía no diversificada.

l = Coeficiente del au­mento de costes administrativos en función del número de mercados.

Según esta ecuación, la atomización de las preferencias afec­ta el precio del producto de manera acumulativa. En el primero, el mer­cado externo tiene una preferencia suficientemente profunda como para asegurar la rentabilidad de la exportación y, en ese caso, la firma prosigue con la estrategia de diversificación. En el segundo, la diversificación es encarecida por el coeficiente L, por lo cual la firma buscará reducir el gasto mediante la expor­tación a un menor número de mercados. Ambos escenarios dependen de la diferencia entre el arancel preferencial y el aran­cel NMF del país importador. Obsérvese que no es necesario que el valor de -L sea elevado; si éste se aproxima al arancel no prefe­rencial del país de destino, el desembolso de G^L reduce la ventaja del acuerdo y deviene irrelevante frente a otros factores, corno el tamaño del mercado, los costes de transporte o el nivel de competitividad que tiene el producto. Si se exporta filamento sintético (incluido en la fracción 54.01.10.01), por ejemplo, la firma en­frentará un arancel nmf de 18 por ciento. Cuando la venta se ampare en las preferencias pactadas, los aranceles serán: O (tlcan Estados Unidos, tlc Costa Rica, TLC Chile, TLC Nicaragua, tlc Unión Europea y TLC Israel); 2.5 por ciento (tlc Solivia); 4.5 y 5.5 por ciento (c-3 Colombia); 4.5 por ciento (tlcan) y 12 por ciento según la preferencia arancelaria de k ALADI (G-3 Venezuela).

Algunas consecuencias

Un efecto de la proliferación de acuerdos de limitada cobertura geográfica, de reducidas proporciones aun­que no por ello menos paradójico, es la inhibición de la diversi­ficación con el fin de mantener precios competitivos. Si la empresa percibe incrementos en el gasto administrativo, puede decidirla eliminación del algunos costos fijos simplemente con­centrando las ventas en pocos países. Al tratarse de acuerdos altamente selectivos, con dis­posiciones similares pero específicas, esta estrategia acentúa las complicaciones del régimen comercial y determina la disconti­nuidad de las estrategias exportadoras. Segundo, la abundancia de acuerdos sesga las previsiones teóricas sobre el comporta­miento económico de los sistemas 'eje-rayos' y pone de relieve la dimensión administrativa de las numerosas participaciones. De esa manera, el esquema estelar puede desfavorecer no sólo a los mercados periféricos, sino también al país central.

8. eliminación de las medidas antidumping en los acuerdos de integración

A diferencia de las reglas de origen, cuyo entramado técnico les confiere presunción de neutralidad, las medidas antidumping (ad) están sujetas a un proceso político-legal calificado frecuentemente de arbitrario.

Marco de referencia

Desde la perspectiva latinoamericana, dos foros interconectados presentan interés para la reforma de las ad, las negociaciones del alca y la ronda de Doha de la omc. Según las disposiciones del art. vi de la OMC, adoptado a partir de 1994 por la práctica totalidad de los países de América latina, la definición del dum­ping refiere el caso cuando el precio del producto que se va a exportar (en su defecto los costos de producción o el precio "justo" estimado a partir de una canasta de precios internacio­nales), es mayor a su precio de venta en el mercado de exporta­ción. Se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comercia­les normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.

En caso de diferencias en la interpretación, los países podrán diferir sus controversias al organismo multilateral.

Evolución de las medidas antidumping

La historia de las ad se remonta a 1904, cuando Canadá adopta la primera legislación antidumping en el mundo con objeto de contener las importaciones de acero provenientes de Estados Unidos. El argumento es que este producto se vende a un pre­cio inferior al 'real'. El Acta Antidumping aprobada en Estados Unidos en 1916 apela a una definición similar de las ad: se de­clara ilegal la importación de bienes o la venta de productos importados a precios substancialmente menores al valor de transacción en los principales mercados del país productor. Esta ley representa en los hechos una extensión de tres iniciativas anti monopólicas previas: el Acta Sherman de 1890, que prohíbe "todo contrato, combinación en la forma de trust u otra, o conspiración para restringir el intercambio o comercio entre varios Estados o con naciones extranjeras"; el Acta de 1914, por medio de la cual se crea la Comisión Federal de Comercio con la autorización de proceder contra los "métodos desleales de competencia", y el Acta Clayton de 1914, que generaliza la pro­hibición de cargar diferentes precios a diferentes consumido­res.

La Ronda Kennedy del gatt

En estos años gran parte de los países todavía difiere la protección industrial a la política arance­laria; en 1921, sólo seis países disponían de esta normativa: Aus­tralia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Francia, además de Canadá y Estados Unidos. En parte por esta situación, al momento de crear el gatt en 1947 la negociación del Art. VI tuvo como modelo al Acta estadounidense de 1921.Sólo se hicieron algunas acotaciones, como limitar el monto de los derechos AD al valor del dumping marginal, excluyendo por ese medio todo pago adicional por considerarlo equivalente a un castigo. Un relativo consenso permite la aprobación del Acuerdo sobre la Implementación del Art. VI, conocido como el Código ad.

La nueva legislación estadounidense y la Ronda Tokio

Las provisiones establecen como requisito para el cálculo del dumping el no considerar los precios inferiores a los costos de producción en el país de origen; en otros términos, se pretende sancionar la estrategia de discriminación de precios aun en los mercados de las empresas investigadas y, más importante, elevar el precio de referencia para determinar el dumping. Asimismo, incrementan la complicación de los cuestionarios y reduce los plazos para que las empresas investigadas puedan llenarlos, estimulando con ello (sobre todo a partir de la reforma de 1979) el que la autoridad correspondiente apele a la 'mejor información disponible, a menudo proporcionada por las empresas que solicitan la investigación

La Ronda Uruguay

La Ronda Uruguay (1986-1994) nuevamente busca resolver las distorsiones que presenta el uso intensivo de las ad en el comerció internacional, sobre todo en materia de determinación del dumping y la discrecionalidad con la que se inician las investiga clones. A pesar del rechazo de Estados Unidos, la Ronda Uru­guay concluye un Acuerdo Relativo a la Implementación del Art. VI, caracterizado esta vez por una detallada descripción de los procedimientos permitidos. Una importante provisión toca a la utilización de la mejor información disponible. Su cambio se considera apremiante porque en su forma tradicional pro­porcionaba cobertura al empleo de la información proporcio­nada por las propias empresas denunciantes (sobre todo en Estados Unidos).

Enfoque político-jurídico

El desarrollo de las AD como un principal regulador del comer­cio internacional reposa en una literatura político-jurídica que tiene por común denominador la igualdad entre discriminación de precios y práctica desleal.De estas condiciones se derivan cuatro razo­nes por las cuales se recomienda la preservación de las legisla­ciones ad. La primera señala que la autoridad comercial puede corregir las restricciones anticompetitivas en el mercado nacio­nal, pero carece de competencias para realizar esa labor en otros países. La segunda advierte a su vez que la venta de un producto a precios inferiores a los costos de producción puede agotar los recursos de la empresa si no beneficia de apoyos gubernamen­tales, pero si beneficia de éstos la estrategia puede tener una duración indefinida. La tercera, por su parte, afirma que es po­sible conocer en detalle las estrategias anticompetitivas en el marcado nacional, pero es bastante más difícil identificarlas en otros mercados. Finalmente, que los competidores encuentran localmente circunstancias iguales en materia de costos de capital, leyes y regulaciones sobre las inversiones, lo cual no ocurre en el ámbito internacional, donde varían de país El argumento del desconocimiento de otros mercados presupone la existencia de una inclinación general de las empresas por el dumping, una conjetura carente de validación y que de ser cierta destruiría los fundamentos del comercio in­ternacional. Otras caracterís­ticas de estos mercados van en el mismo sentido: corrupción, lagunas legales, inestabilidad institucional y política, mercados de capitales pequeños, acceso menos expedito a servicios especia­les, mayores dificultades en el transporte y la infraestructura.

Enfoque económico

La hipótesis económica del dumping se basa en la formalización de los principales datos del fenómeno de discriminación de pre­cios. El modelo tradicional considera una relación de intercam­bio comercial compuesta de una empresa monopolista (E) y dos mercados segmentados (el consumidor nacional no puede ac­ceder a los bienes exportados), uno nacional (Mn) y el otro de exportación (Me). Se asume que las exportaciones de E son alta­mente sensibles al precio externo (Pe) y Mn y Me están suficiente­mente segmentados como para permitir un precio nacional (Pti) más elevado; es decir, el dumping. Siguiendo la lógica de maximización de beneficios, E buscará igualar el ingreso marginal en el Mu al coste marginal en cada mercado. Con este fin producirá el bien en cantidades suficientes para satisfacer la demanda nacional y exportar el resto. Obsérvese que la fabricación de todo producto adicional es igual a. Pe y éste se mantiene constante o puede bajar en razón de la elasticidad en la demanda de Me (se asume que su elasticidad es igual a la suma de todos los Me). El aumento de las ventas en el mercado nacional, por el contrario, tiende a reducir el precio nacional, eliminando el estímulo a la producción adicional. En consecuencia, la diferencia Pn - Pe ocurrirá en función del ingreso marginal en cantidades determinados por éste.

La diferencia Pn > Pe incluye entre sus manifestaciones al denominado dumping permanente o depredador, aunque constituye una parte pequeña de los casos reales.

Acciones ad estadounidenses contra productos latinoamericanos

En agosto de 2004, Estados Unidos mantenía abiertas 37 inves­tigaciones antidumping contra las importaciones latinoamericanas: 14 dirigidas a productos brasileños, diez contra productos mexi­canos, seis contra argentinos, una contra las ventas de Chile también una en el caso de Venezuela. En conjunto, estas acciones representan 23 por ciento del total, un número elevados sí se considera que se dirigen a 6 países de un total de 51 investigación en el mundo.Aun­que la mayor parte se dirige a las economías más grandes de la región -Argentina, Brasil y México aglutinan 70 por ciento del total, también incluye a países de economía mediana, como Colombia, Chile y Venezuela, e incluso algunas de menor talla, Ecuador, Costa Rica y El Salvador.

Costos directos e indirectos de las AD

Los costos de las AD pueden dividirse en dos categorías: directos (derechos ad) e indirectos (costos administrativos). Respecto a los primeros, cabe advertir que la falta de evidencia circunstanciada sobre los pagos erogados por cada empresa impide un análisis más profundo. En el caso de las ad estadounidenses se puede asumir un margen promedio de dumping, que el periodo 1982-2000 es de 37.9 por ciento en el caso de las empresas con numerosas solicitudes, y 49 por ciento cuando se trata de la primera demanda de investigación.

En una década, la pérdida ocasionada por las ad que no demostra­ron dumping fluctuó entre 15 y 20 ad valorem, po­niendo de relieve el otro componente de los efectos de esta normativa: los costos administrativos y sus diversas fuentes. Entre estas últimas, podemos destacar dos. El primero consiste en la modificación de los precios y del comportamiento productivo sobre la base de señales contradictorias. El hecho de que la elec­ción del método para determinar el dumping esté a discreción de la autoridad correspondiente y de que la empresa afectada no pueda anticipar el resultado de la investigación, orienta a esta última en el sentido de incrementar el precio de sus productos para evitar márgenes elevados de dumping. El segundo es la búsqueda de acuerdos con las empre­sas denunciantes. En los hechos se trata de una reacción a la relativa facilidad con la que las empresas estadounidenses pue­den solicitar el inicio de una investigación ad y al propio hecho de su duración.

El reverso del proteccionismo

Las investigaciones antidumping también tienen efectos costosos para el país donde se inicia el caso. Así como en el hecho de que su aplicación no parece inhibir el dumping. Otro costo para Estados Unidos resulta de su involuntaria contribución a la propagación de las investigaciones AD

De manera abrumadora, se trata de productos metalúrgicos, aunque también están representadas la petro­química y la agroindustria .Esto implica no nulo un esfuerzo administrativo decreciente, sino mayor habili­dad para lograr resultados afirmativos. Por su parte, si bien el conjunto de la región dispone de legislaciones AD, su aplicación muestra lagunas operativas, escasez de asistencia jurídica y una limitada capacidad institucional ejemplificada por la ausencia de manuales de procedimiento. A estas condiciones se agregan los problemas de respuesta de las empresas latinoamericanas frente a investigaciones AD, ocasionados por las diferencias lingüísticas (el intricado lenguaje de las instrucciones de los cuestionarios estadounidenses carece de versión en español), las menores ca­pacidades administrativas y, sobre todo, el mayor peso del gas­to en materia de derechos ad y asistencia jurídica en el país demandante. En suma, la reforma o sustitución de las legisla­ciones ad representan un importante objetivo para América latina y un punto de convergencia en el marco de las negocia­ciones del alca y la Ronda Doha de la omc.

Disparidad intra latinoamericana

El paso de la protec­ción arancelaria al uso intensivo de las regulaciones contra el comercio desleal no es el hecho de la inmensa mayoría de países del Hemisferio. Cinco países de América Latina todavía no han iniciado ninguna investigación y otros siete las han emprendido en máximo siete ocasiones, casi una acción ad cada dos años y en general solicitada por primera vez, lo cual les confiere a los agentes económicos y gubernamentales una mínima experiencia.

Alternativas en las negociaciones en curso

La preocupación por el menor desarrollo del sector producti­vo de América Latina está parcialmente reflejada en la propues­ta de Art. 15 del sadc en el tercer borrador del Tratado del alca: Se reconoce que los países desarrollados Parte del Acuerdo del alca debe­rán tener particularmente en cuenta la especial situación de los países en desarrollo Parte del Acuerdo del alca cuando contemplen la aplicación de medidas antidumping [o compensatorias] en virtud del presente Acuerdo. Antes de la aplicación de derechos antidumping o compensatorios se hará a los exportadores una propuesta de compromiso de precios o se dará oportunidad para que el país exportador elimine los programas de subvención según sea el caso.

Alternativas dentro de la normativa vigente

Aunque el reemplazo de las AD por políticas de competencia constituye una alternativa óptima, existen razones para pensar que en las actuales condiciones su implementación resulta prematura. La primera es el apoyo político del que benefician las AD en Estados Unidos, el socio del cual se esperan las mayores concesiones en la materia. De manera conexa, la existencia de un candado negociador: la Autoridad de Promoción Comercial (tpa, por sus siglas inglesas) fue aprobada en 2001 con un recorte que impide al Ejecutivo negociar las leyes de remedio comercial. Esta limitación fue apoyada no sólo por los congresistas, sino por las mayores organizaciones sindicales estadounidenses, sobre todo la Federación Local Americana Congreso de Organizaciones Industriales (afl-cio) y la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de América (uswa), entre otros. No sorprende, en este contexto, que los representantes estadounidenses se hayan declarado en la mesa de negociaciones "vigorosa mente opuestos" a cualquier cambio o enmendadura de las leyes de remedio comercial y hayan hecho de su conservación una de sus metas principales en la elaboración del Tratado. Para el Representante Comercial estadounidense, las medidas antidumping y las políticas de competencia se refieren a problemas mas distintos y, por consiguiente, no son intercambiables (usth 2001).

La segunda tiene que ver con las dificultades de implementar un cambio de la magnitud propuesta por el Art. 19. En las regiones donde ha tenido lugar la substitución de ad por políti­cas de competencia (en la Unión Europea y en la Unión Adua­nera entre Australia y Nueva Zelanda), ha sido necesario un proceso de dilatados tiempos. Si nos atenemos a los calendarios del alca o los tratados bilaterales recientes con Estados Unidos, la eliminación de la normativa tendría que esperar al menos has­ta el lustro 2015-2020.